La reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado abrió un frente inesperado en uno de los puntos más sensibles: las licencias por enfermedad. Tras las críticas por el recorte salarial previsto en el nuevo texto, la senadora Patricia Bullrich confirmó que el oficialismo buscará introducir cambios en Diputados para que los casos de enfermedades graves mantengan el cobro del 100% del salario.
La discusión impacta de lleno en miles de trabajadores, también en La Plata y el Gran La Plata, donde el empleo formal convive con altos niveles de informalidad y un mercado laboral que aún no recupera dinamismo. En ese contexto, cualquier modificación en derechos laborales se vuelve un tema de alto voltaje social.
Qué dice el artículo cuestionado
La reforma modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según la media sanción, cuando un trabajador sufra un accidente o enfermedad no vinculada al trabajo:
- Cobrará el 50% del salario si el cuadro deriva de una “actividad voluntaria y consciente del riesgo”.
- Percibirá el 75% si no hubo intención.
Desde el Gobierno ejemplificaron el primer caso con situaciones como lesionarse jugando al fútbol. La intención oficial es desalentar abusos y reducir el impacto económico sobre las empresas.
Sin embargo, la redacción generó fuerte rechazo sindical y dudas incluso en bloques aliados.
El giro del oficialismo en Diputados
Frente al revuelo, Bullrich anticipó que impulsarán una corrección para que las “enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables” vuelvan a cobrar el 100% del haber, siempre que exista una “corroboración concreta y fehaciente”.
La senadora explicó que el equipo político trabaja en la ingeniería legislativa para incorporar el cambio durante el debate en Diputados sin que el proyecto deba regresar al Senado, lo que retrasaría la sanción definitiva.
En sus declaraciones, sostuvo que el país debe terminar con la “mafia de certificados truchos” y defendió el espíritu original del recorte. También cuestionó el uso de licencias por salud mental, al señalar que existe un “exceso” en ese tipo de pedidos, una afirmación que abrió otro frente de debate en el ámbito sanitario y laboral.
Alertas jurídicas: posibles planteos de inconstitucionalidad
Más allá del plano político, la reforma enfrenta cuestionamientos técnicos. El constitucionalista Diego Armesto advirtió que el texto aprobado contiene “inconsistencias” y artículos que podrían contradecir principios vigentes de la Ley 20.744.
Según el jurista, algunas disposiciones afectarían el principio de razonabilidad y el de progresividad en materia de derechos laborales, lo que habilitaría planteos de inconstitucionalidad ante la Justicia.
Armesto también cuestionó la forma en que se presentó la redacción final —según indicó, pocos minutos antes de la sesión— y advirtió que Diputados deberá revisar con mayor profundidad varios artículos, entre ellos el referido a la jornada laboral, donde detectó falta de precisión sobre los topes horarios.
De avanzar sin modificaciones sustanciales, el escenario judicial podría convertirse en el próximo capítulo de la reforma.
Debate digital y clima social
El tema se convirtió en uno de los ejes centrales de la conversación pública en el último mes. Un informe de Monitor Digital ubicó a la reforma laboral como uno de los tópicos más discutidos en redes sociales, con fuerte polarización entre quienes reclaman modernización y quienes advierten sobre pérdida de derechos.
En distritos como La Plata, donde el empleo público, el comercio y los servicios tienen peso estructural, el impacto de estas medidas es seguido con atención. No sólo por los trabajadores formales, sino también por pymes que enfrentan caída del consumo y costos crecientes.
La discusión recién empieza en Diputados y promete semanas intensas. Entre la necesidad de mostrar orden fiscal y la presión social por sostener derechos adquiridos, el oficialismo deberá equilibrar números y consensos políticos.
