El Gobierno nacional puso en marcha una carrera contrarreloj para aprobar la reforma laboral en el período de sesiones extraordinarias. El foco está en la Cámara de Diputados y, particularmente, en un artículo que desató fuertes cuestionamientos: el régimen de licencias por enfermedad.
La discusión se reactivó en las últimas horas con un dato clave: la Casa Rosada estaría dispuesta a introducir modificaciones en el apartado que regula las ausencias laborales por motivos de salud, tras reconocer errores en la redacción original y ante la presión sindical y de sectores dialoguistas.
El artículo que encendió la polémica
El punto más controvertido del proyecto es el que redefine el esquema de licencias médicas. En su versión inicial, el texto no diferenciaba entre enfermedades graves y leves, una omisión que generó críticas tanto en la oposición como en gremios estatales y privados.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admitió públicamente que hubo un “error” en ese tramo de la reforma por no establecer esa distinción. La funcionaria señaló que el objetivo del Gobierno es evitar abusos en el sistema, pero reconoció que la redacción debía ser ajustada.
Desde el sindicalismo, la reacción fue inmediata. Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, afirmó que el artículo “está amañado” y cuestionó la intención oficial de limitar derechos adquiridos. Según planteó, la reforma introduce criterios que podrían dejar en situación de vulnerabilidad a trabajadores con patologías complejas.
Cambios en estudio y fecha clave en Diputados
Ante el escenario de resistencia, el oficialismo trabaja en una modificación que diferencie tipos de enfermedades y precise los alcances de las licencias. La intención es garantizar los votos necesarios en Diputados y evitar que el proyecto naufrague en comisión.
En paralelo, se negocia con bloques aliados para acordar una redacción que permita avanzar en el tratamiento en el recinto antes de que finalice el período extraordinario. La fecha de debate es uno de los puntos que se define por estas horas.
La reforma laboral es uno de los ejes centrales de la agenda económica del Ejecutivo. Desde el Gobierno sostienen que apunta a modernizar el mercado de trabajo, reducir litigiosidad y generar condiciones para el empleo formal. Sin embargo, la oposición advierte que varios artículos implican un retroceso en derechos laborales.
Impacto político y económico
El debate no se da en el vacío. En un contexto de ajuste fiscal y caída del poder adquisitivo, cualquier modificación sobre licencias médicas tiene impacto directo en miles de trabajadores del sector público y privado.
En ciudades como La Plata, donde el empleo estatal tiene un peso significativo —tanto en dependencias nacionales como provinciales y municipales—, el tema genera atención particular. Las definiciones que adopte el Congreso podrían repercutir en la dinámica laboral de organismos con sede en la capital bonaerense.
Además, la discusión sobre licencias se cruza con el debate más amplio sobre productividad y control del ausentismo, una problemática que el oficialismo instaló como argumento para justificar los cambios.
Un equilibrio delicado
El Gobierno busca mostrar firmeza en la aprobación de la reforma, pero al mismo tiempo necesita garantizar gobernabilidad parlamentaria. La admisión de errores en el artículo sobre enfermedades marca un intento de descomprimir el conflicto y ordenar la negociación.
El resultado de esa pulseada será determinante no sólo para el futuro de la reforma laboral, sino también para la capacidad del Ejecutivo de avanzar con otras iniciativas estructurales en un Congreso fragmentado.
Mientras tanto, la discusión sobre las licencias médicas se convirtió en el termómetro político de la reforma: el punto donde se cruzan derechos laborales, control del gasto y estrategia legislativa.
