En un intento por frenar el avance de delitos en zonas rurales del partido de La Plata, el Ministerio de Seguridad de la provincia entregó patrulleros 4×4 y sumó 25 nuevos agentes al Comando de Patrullas Rural, que operará con base en El Peligro y tendrá intervención directa también en Abasto y Etcheverry.
El anuncio se realizó durante un acto encabezado por el intendente Julio Alak, quien agradeció al gobierno provincial la incorporación de recursos para intensificar los controles preventivos en áreas clave del distrito. “Es un paso importante para mejorar tanto la seguridad urbana como la rural, sobre todo en localidades donde el robo de ganado y la caza con galgos representan problemáticas concretas”, remarcó el jefe comunal.
La nueva dotación incluye tres camionetas 4×4 que permitirán una mayor cobertura territorial en caminos rurales, donde muchas veces el acceso limitado dificulta el trabajo policial. Las unidades estarán destinadas a tareas de patrullaje y operativos de saturación, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), con el objetivo de reforzar el control territorial y la prevención del delito.
La medida apunta a contener un fenómeno que, si bien no tiene el mismo nivel de exposición mediática que otros hechos delictivos urbanos, genera preocupación entre los productores agropecuarios y vecinos del cinturón rural platense. El abigeato (robo de animales) y la caza clandestina con galgos, prácticas frecuentes en la región, figuran entre los focos principales que buscará desarticular esta estructura.
En el acto también participaron el secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe; la subsecretaria de Participación Ciudadana bonaerense, Solange Marcos; el jefe del Comando de Prevención Rural La Plata, Fernando Recchioni; y el presidente de la Sociedad Rural local, Hernán Silva.
La puesta en marcha de este refuerzo operativo se enmarca dentro de una estrategia conjunta entre el municipio y la provincia, que apunta a brindar mayor presencia estatal en zonas habitualmente relegadas en materia de seguridad. En una ciudad con realidades tan dispares entre el casco urbano y la periferia rural, la medida busca equilibrar el acceso a políticas de prevención y control.
