El máximo tribunal revocó el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño en una causa vinculada a la compra de un departamento en Miami en 2011. La decisión obliga a la Cámara de Casación a dictar un nuevo fallo, tras tres instancias previas que habían cerrado el expediente. En la Ciudad remarcan que Macri ya había sido sobreseído “por inexistencia de delito”.
Con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y los conjueces Mera y Sánchez Torres —con Carlos Rosenkrantz en disidencia— la Corte Suprema dejó sin efecto el sobreseimiento de Jorge Macri, su ex esposa Florencia De Nardi y Javier Rubira Alonso. El tribunal hizo lugar al planteo del fiscal Mario Villar, quien insistió en que se revisen pruebas sobre una presunta maniobra de lavado de dinero vinculada a operaciones inmobiliarias en Miami.
El trasfondo: un departamento en Miami
La causa se originó por la compra de un inmueble en 2011 en Estados Unidos. Según la fiscalía, la operación podría haber sido utilizada para blanquear fondos. Sin embargo, en tres instancias anteriores Macri había sido sobreseído, con fallos que descartaron la existencia de delito. La Corte ahora ordena que Casación dicte un nuevo pronunciamiento, considerando los elementos señalados por la fiscalía.
La respuesta del gobierno porteño
Desde la administración de la Ciudad de Buenos Aires remarcaron que el jefe de Gobierno ya había sido sobreseído en la causa y que “no hay delito que investigar”. La estrategia oficial busca instalar la idea de que se trata de una persecución judicial y que el fallo de la Corte no implica culpabilidad, sino la reapertura de un expediente que estaba cerrado.
Lectura crítica
La decisión de la Corte Suprema tensiona el escenario político porteño y golpea la narrativa de transparencia que intenta sostener el PRO en la Ciudad. La reapertura de una causa por presunto lavado de activos contra Jorge Macri no solo expone fragilidades en su liderazgo, sino que también reaviva el debate sobre la relación entre poder político y justicia en Argentina. En un contexto de crisis económica y desconfianza institucional, el fallo puede convertirse en un factor de desgaste para el oficialismo porteño y en un insumo discursivo para la oposición.
