La Mesa Paritaria bonaerense cerró ayer sin acuerdo entre el gobierno provincial y los sindicatos que representan a docentes, estatales y judiciales, profundizando la tensión por los salarios en un contexto donde la inflación licúa los ingresos. Las organizaciones gremiales rechazaron el último ofrecimiento oficial y plantean una agenda de reclamos más amplia que excede un simple porcentaje de aumento.
La Provincia volvió a proponer una mejora salarial del 2% respecto a los salarios de enero, pero la propuesta fue recibida con descontento por parte de los representantes sindicales, que la calificaron como insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada, y decidieron retrotraer la discusión a un nuevo cuarto intermedio sin acuerdo.
Un aumento que no convence
Según fuentes gremiales consultadas por medios provinciales, el porcentaje ofrecido por el Ejecutivo bonaerense —que representa apenas un adelanto sobre los sueldos ya percibidos tras el último acuerdo de 2025— no cubre siquiera la suba de precios registrada en los últimos meses. Por ese motivo, tanto el Frente de Unidad Docente Bonaerense como los sindicatos estatales optaron por rechazar la oferta de manera unificada.
Desde el sector educativo se advirtió que la propuesta no constituye recomposición salarial real ni da respuestas a las expectativas de recuperación de ingresos frente a la inflación. El diálogo continuará en las próximas semanas, según coincidieron ambas partes, con reuniones pautadas nuevamente para revisar puntos de discrepancia.
Más que porcentajes: reclamos que exceden los números
La postura gremial ha ido más allá de pedir un mayor porcentaje de aumento. Los sindicatos plantean la necesidad de discutir cuestiones estructurales como:
- Mesas técnicas específicas por sector, para analizar problemas propios de cada actividad pública.
- Estabilidad laboral y derechos para contratados y auxiliares, muchos de los cuales quedaron excluidos en negociaciones anteriores.
- Revisión de cláusulas que garanticen ajustes automáticos ante aceleraciones inflacionarias.
Este enfoque refleja un cambio de agenda en la disputa salarial bonaerense: no se trata solo de confrontar cifras, sino de exigir mecanismos que protejan el salario real frente a un ritmo de precios que sigue erosionando ingresos en todos los sectores del empleo público.
Impactos políticos y sociales de un conflicto que sigue abierto
El fracaso de la paritaria bonaerense ocurre en un momento donde el debate por los ingresos de trabajadores públicos se superpone con otros temas de agenda provincial, desde el gasto fiscal hasta la planificación educativa y la calidad de servicios esenciales. Para sectores de trabajadores y analistas económicos, la falta de avance en las negociaciones podría tensionar el inicio del ciclo lectivo 2026 y amplificar la percepción de conflictividad social en la provincia más poblada del país.
La persistencia del conflicto salarial también se inscribe en un mapa nacional donde distintos gremios estatales reclaman recomposiciones reales de ingresos en provincias con economías diversas, lo que obliga a las administraciones a encontrar equilibrios entre capacidad fiscal y demandas sindicales.
Mientras el Ejecutivo bonaerense convoca a una nueva ronda de paritarias, los gremios mantienen firme su rechazo a ofertas que consideran insuficientes y advierten que seguirán empujando por propuestas que recuperen poder adquisitivo de forma efectiva antes de dar por cerrada la discusión anual.
