La Municipalidad de La Plata decidió no adjudicar la licitación del nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros, a pesar de que el proceso ya había sido completado. El intendente Julio Alak envió una nota al Concejo Deliberante para explicar la decisión y anticipar que habrá un nuevo llamado. El informe, elaborado por la Secretaría a cargo de Jorge Jurado, detalla que las condiciones económicas y regulatorias cambiaron de manera sustancial desde que se redactaron los pliegos originales.
Qué cambió desde que se hizo la licitación
El documento municipal señala que «se han producido modificaciones sustanciales» en al menos cuatro áreas que afectan la sustentabilidad del servicio. La primera es el nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias bonaerense, que modificó la forma de calcular, distribuir y rendir los subsidios. La segunda es la actualización tarifaria del boleto, que se mueve bajo reglas distintas a las que contemplaban los pliegos.
También cambió la política de la tarjeta SUBE. El descuento del 55% para usuarios con atributo social continúa vigente, pero el aporte nacional quedó atado a una tarifa de referencia del 30 de junio de 2026. De esta manera, futuros aumentos del boleto no garantizan una suba equivalente del subsidio nacional. Asimismo, el informe advierte que las nuevas líneas, ampliaciones de recorridos y frecuencias previstas en la licitación deben ser recalculadas para verificar si son sostenibles bajo el esquema actual.
«El pliego fue elaborado bajo un escenario de distribución de compensaciones, estructura de costos, actualización tarifaria e incentivos económicos diferente al vigente en la actualidad», concluye el texto oficial.
Pocas empresas y zonas sin competencia real
Otro argumento del Ejecutivo apunta a la baja participación de oferentes. El informe reconoce que varias zonas quedaron «sin competencia efectiva suficiente entre propuestas calificadas». La Municipalidad aclara que esa situación no invalida jurídicamente el proceso, pero considera que genera un problema estructural para una concesión de largo plazo. Con menos alternativas disponibles, la dependencia municipal respecto de las empresas ya operadoras aumenta significativamente.
El servicio sigue con concesiones transitorias
Las actuales concesiones vencieron a fines de 2025. Las empresas habían tenido diez años de concesión original, dos años adicionales de prórroga y una extensión contemplada por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Sin embargo, el Ejecutivo decidió extender el esquema vigente bajo «un régimen transitorio» hasta que pueda implementarse la futura concesión. El argumento es que el transporte público tiene carácter esencial y que ninguna de las partes puede interrumpir las prestaciones por el solo vencimiento contractual.
El informe también recupera el conflicto de abril, cuando una disputa por el costo del gasoil provocó una caída de casi el 25% en las frecuencias. Entre el 6 y el 11 de ese mes hubo unas 21.000 validaciones menos, con alrededor de 10.000 usuarios afectados. La Municipalidad sostiene que inició actuaciones y promovió sanciones ante esa reducción unilateral, y cita ese episodio como antecedente de los problemas estructurales que enfrenta el sistema actual.
