El conflicto salarial con los estatales bonaerenses dejó de ser solo una discusión técnica entre el Ministerio de Economía y los gremios. Con la liquidación de junio cerrada sin aumento y el aguinaldo a punto de pagarse sin ninguna mejora, la falta de respuesta del Gobierno de Axel Kicillof empieza a transformarse en un problema político que excede la mesa paritaria.
Lo que pusieron sobre la mesa los gremios
ATE, UPCN y FEGEPPBA llegaron a la última paritaria con un pliego de reclamos concreto: una recomposición salarial que compense la pérdida acumulada frente a la inflación, con carácter retroactivo desde el vencimiento del acuerdo anterior, y un aumento sobre el salario básico que permita sostener la estructura salarial completa. El secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Martín, fue el más explícito al reclamar que la próxima oferta no sea un parche sobre los montos actuales, sino una mejora real sobre el básico.
El reclamo no es nuevo, pero se volvió más urgente con el correr de los días: los gremios necesitaban una respuesta antes del cierre de la liquidación para que cualquier mejora impactara también en el medio aguinaldo. Esa ventana ya se cerró, y el malestar sindical pasó de la expectativa a la bronca.
El malestar se desparrama: de los estatales a los docentes
La frustración no quedó contenida en un solo sector. Desde ATE confirmaron que este viernes elevarán una nota formal exigiendo una «convocatoria urgente», después de que el Gobierno incumpliera su propio compromiso de llamar a una nueva reunión esta semana. «No tenemos noticias, nadie sabe nada», resumieron desde el gremio.
En paralelo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense también reclama una convocatoria con oferta, mientras que el sector disidente Suteba Multicolor eligió un camino más confrontativo: profundizó las protestas, convocó a un paro propio y pidió un salario básico de $1.500.000 para los docentes de menor categoría. La multiplicación de frentes de conflicto —estatales, docentes oficialistas y docentes díscolos— complica cualquier intento del Gobierno de cerrar la discusión con un solo interlocutor.
El argumento oficial no convence a los gremios
La respuesta del Ejecutivo, hasta ahora, fue evitar el número y ofrecer compensaciones indirectas: el pago del medio aguinaldo dentro de los plazos previstos, una suba del 30% en las asignaciones familiares a partir de julio y un esquema de refinanciación de deudas para estatales a través del Banco Provincia. Los ministros Pablo López y Walter Correa apelaron al mismo argumento de fondo, la caída de transferencias nacionales y la necesidad de cuidar las cuentas fiscales, pero esa explicación ya empieza a sonar repetida para unos gremios que vienen escuchando el mismo discurso desde hace meses.
El costo político de no tener respuesta
Ahí es donde el conflicto deja de ser una cuestión de gestión y se convierte en un problema político para Kicillof. El gobernador construye gran parte de su capital hacia 2027 sobre la idea de una gestión ordenada y con respaldo sindical, en contraste con el ajuste libertario a nivel nacional. Pero un esquema de paritarias sin oferta, con el aguinaldo licuado por la inflación y gremios propios —no solo la oposición sindical— elevando el tono del reclamo, erosiona justamente esa narrativa.
La intención oficial de avanzar hacia paritarias trimestrales o cuatrimestrales, para ganar previsibilidad presupuestaria, puede leerse también como una forma de evitar la exposición mensual a este tipo de fricciones. Pero esa estrategia solo funciona si la próxima oferta es lo bastante consistente como para desactivar el malestar acumulado. Si la Provincia vuelve a presentarse a la mesa sin número concreto, el costo no será solo salarial para los trabajadores estatales: será un desgaste político adicional para un gobernador que necesita mostrar gestión y consenso social de cara a un año electoral cada vez más cercano.
