Tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar el decreto que regulaba desde 1993 los aranceles de los colegios privados, distintas voces del sector educativo salieron a aclarar los alcances reales de la medida. En la provincia de Buenos Aires, donde más del 70% de los establecimientos privados reciben aportes del Estado, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) confirmó que esos colegios seguirán sujetos al control provincial en materia de cuotas y matrículas.
La desregulación fue oficializada a través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, que dejó sin efecto el Decreto 2417/1993. Hasta ahora, esa norma obligaba a las instituciones privadas a informar con antelación los valores de matrícula, cuotas y recargos, además de obtener la autorización de las autoridades educativas para aplicar aumentos. Con la nueva disposición, solo las escuelas sin aporte estatal quedan liberadas de ese requisito y podrán definir libremente sus aranceles.
La aclaración de la DGCyE
Frente al impacto que generó la medida en las familias, la DGCyE difundió un comunicado para aclarar que la mayoría de los colegios bonaerenses continuará bajo supervisión estatal, tal como lo establece la normativa provincial vigente. “Toda modificación arancelaria en instituciones que reciben aporte estatal deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales”, remarcaron desde el organismo.
En la provincia, más del 70% de los colegios privados reciben algún tipo de subvención del Estado, por lo que seguirán alcanzados por los topes y mecanismos de control que determinan los aumentos de matrículas y cuotas. Solo el 30% restante —instituciones totalmente autofinanciadas— podrá aplicar la nueva desregulación nacional, lo que marca una diferencia importante entre el esquema federal y el provincial.
La aclaración busca llevar tranquilidad a las familias bonaerenses, en particular a aquellas que temían una suba generalizada de los aranceles tras conocerse la medida del Ejecutivo nacional.
La posición de AIEPBA
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) respaldaron la decisión del Gobierno nacional, aunque también aclararon que la desregulación alcanza únicamente a las instituciones sin aporte estatal. “En Buenos Aires, el 70% de los establecimientos reciben subvención, por lo tanto continúan bajo otro régimen regulatorio”, precisó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la entidad.
Zurita consideró que la eliminación del decreto 2417/1993 “representa un paso hacia la modernización del sistema” y destacó que las nuevas reglas “no implican aumentos abruptos ni desproporcionados”, sino que otorgan “mayor previsibilidad y realismo” en la determinación de los aranceles.
El dirigente explicó que, durante más de tres décadas, las escuelas sin aporte estatal debían anticipar los valores de sus cuotas con varios meses de antelación, lo que las obligaba a incluir márgenes de previsión por inflación o aumentos de costos. “Esa rigidez generaba incertidumbre y perjudicaba a las familias, que terminaban pagando más de lo necesario. Con la nueva normativa, los valores podrán definirse de forma más transparente y acorde al contexto económico”, detalló.
Desde AIEPBA subrayaron además que el nuevo marco “no libera indiscriminadamente los precios”, sino que restaura la competencia natural entre instituciones privadas, lo que tenderá a mantener equilibrados los aranceles dentro de un mercado educativo que se regula por oferta y demanda.
Un cambio de alcance limitado
Pese al fuerte impacto que generó el anuncio en todo el país, en la provincia de Buenos Aires la medida tendrá un alcance limitado. Mientras la Nación busca flexibilizar las condiciones para los colegios que no dependen del Estado, la administración bonaerense ratifica que seguirá ejerciendo su potestad de control sobre la mayoría del sistema educativo privado.
Para las familias, la diferencia entre ambos regímenes será clave: las escuelas con subvención seguirán sujetas a la autorización provincial, mientras que las que no reciben aportes tendrán libertad para definir sus cuotas.
