Desde el 17 de noviembre, el Gobierno nacional aplicará un aumento del 10% en las líneas de colectivos de Jurisdicción Nacional que conectan el Conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. El impacto será fuerte en servicios como el Costera, que subirá $300 de un saque.
La Secretaría de Transporte de la Nación oficializó un nuevo cuadro tarifario para las líneas de colectivos que operan bajo Jurisdicción Nacional, es decir, aquellas que cruzan los límites entre el Gran Buenos Aires y la Capital Federal. El ajuste será del 10% y comenzará a regir desde el viernes 17 de noviembre.
La medida forma parte del esquema de actualización automática que combina el IPC de septiembre con un adicional del 2%, pero en este caso el incremento se aplicará de forma directa y sin escalonamiento. El impacto será inmediato en miles de usuarios que viajan diariamente entre municipios del conurbano y la Ciudad.
El Costera, entre los más golpeados: $3300 por Autopista
Uno de los casos más emblemáticos es el del Costera Metropolitana, que conecta puntos clave del sur del conurbano con el centro porteño. El boleto por Autopista, que hasta ahora costaba $3000, pasará a valer $3300 desde el 17/11. El aumento de $300 de un saque generó malestar entre pasajeros frecuentes, especialmente trabajadores y estudiantes que viajan todos los días.
“Es una locura. Ya veníamos ajustados y ahora esto nos complica más”, expresó una usuaria que toma el Costera desde Berazategui. En redes sociales, comenzaron a circular quejas y llamados a revisar el esquema de aumentos, que muchos consideran “desconectado de la realidad salarial”.
Municipios en alerta y usuarios en pie de reclamo
El aumento también encendió alarmas en varios municipios del conurbano, que ven con preocupación el impacto en la movilidad de sus vecinos. Algunos intendentes evalúan presentar reclamos formales ante el Ministerio de Transporte, mientras que organizaciones de usuarios ya convocan a protestas informativas en estaciones clave.
El ajuste se da en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo, lo que vuelve cada aumento tarifario un punto de tensión social. En este caso, el cruce entre jurisdicciones vuelve a quedar en el centro del debate: ¿quién regula, quién paga y quién se hace cargo del impacto?
