La política de “sinceramiento tarifario” que el gobierno de Javier Milei aplicó apenas asumió en diciembre de 2023 sigue dejando secuelas profundas sobre los sectores medios, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el costo de los servicios públicos se multiplicó por seis en menos de dos años.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la canasta de servicios públicos subió un 514%, mientras que la inflación lo hizo un 171%. En ese período, el gas natural aumentó 913%, el transporte 852%, el agua 376% y la energía eléctrica 228%.
Para dimensionar el impacto, un hogar de clase media que pagaba 50 mil pesos por mes en luz, gas y agua a fines de 2023, hoy debe afrontar alrededor de 300 mil pesos mensuales. Un salto que explica por qué los bolsillos de la clase media —históricamente el motor del consumo— se convirtieron en el principal blanco de la inflación energética.
Subsidios en baja y desigualdad creciente
La reducción del gasto en subsidios explica parte del fenómeno: en lo que va de 2025, el Estado destinó $6 billones, un 46% menos que el año anterior. Sin embargo, los recortes no impactan de igual manera en todos los sectores.
En barrios populares, donde el consumo eléctrico se mide a través de un medidor central, los gobiernos de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires continúan cubriendo el costo del servicio ante las distribuidoras. Ese esquema protege parcialmente a los sectores más vulnerables, pero deja desprotegidos a jubilados y familias de clase media con vivienda propia, que afrontan las subas sin red de contención.
Actualmente, en el AMBA los usuarios pagan en promedio la mitad del costo real de los servicios públicos, mientras que el resto es absorbido por el Estado. No obstante, esa cobertura es muy desigual: mientras algunos hogares mantienen parte de los subsidios, otros pagan tarifas casi plenas.
2025: leve respiro, pero con nuevas amenazas
Pese al impacto acumulado, en 2025 se registra una desaceleración en el ritmo de aumentos. La canasta de servicios públicos subió 21% en lo que va del año, frente a una inflación acumulada del 24% hasta octubre.
De forma interanual, el transporte lideró las subas con un 36%, seguido por el gas natural (24%), el agua (18%) y la energía eléctrica (16%). Aunque el freno en los aumentos da un respiro temporal, el nuevo esquema energético que impulsa el Gobierno amenaza con generar un nuevo “shock tarifario”.
Riesgo de concentración y subas en dólares
La Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía habilitó un cambio estructural en el mercado eléctrico. Bajo el argumento de “normalizar” el sistema, se dispuso la salida gradual de CAMMESA como operador central y la futura privatización de las centrales térmicas estatales administradas por ENARSA, que pasarán a funcionar bajo el régimen “spot” hasta su venta.
Especialistas y fuentes del sector advierten que la medida podría concentrar el poder en grandes generadoras privadas, encarecer los precios en dólares y dejar a las distribuidoras más pequeñas en situación de vulnerabilidad. Además, la falta de coordinación entre el nuevo marco nacional y los entes provinciales podría derivar en conflictos de facturación y demoras en las actualizaciones tarifarias.
Un técnico del área energética bonaerense advirtió que el nuevo esquema “debilita la capacidad del Estado para amortiguar subas ante picos de demanda o baja hidraulicidad” y “pone en riesgo la estabilidad del sistema”.
Cooperativas en alerta: contratos dolarizados y desigualdad entre ciudades
El sector cooperativo de la provincia también manifestó preocupación. Cada cooperativa deberá negociar directamente con los generadores, y esas diferencias podrían trasladarse a los usuarios finales. “Si una cooperativa cierra un mal contrato, el vecino de esa ciudad podría terminar pagando más que otro a pocos kilómetros”, advirtieron fuentes del sector.
Esa disparidad rompería el principio de equidad del sistema eléctrico y podría favorecer a los grandes clientes industriales —que contratarán en dólares— en detrimento de los usuarios residenciales.
Además, las cooperativas bonaerenses enfrentan una doble presión: las deudas históricas con CAMMESA y el rol social que cumplen en pequeñas localidades. “Para un generador privado siempre será más rentable venderle a un gran cliente que a una distribuidora chica”, resumió un dirigente cooperativo.
Algunos actores ven una oportunidad para que las cooperativas creen sus propias comercializadoras, pero reconocen que el desafío será sostener a los usuarios residenciales en un mercado dolarizado y sin respaldo estatal.
