A un año del asesinato que sacudió a la ciudad, el Tribunal de Responsabilidad Juvenil definirá la condena contra el joven acusado. La fiscalía pidió más de 23 años de prisión, mientras la defensa insiste en una calificación menor. El caso expone tensiones sobre la Ley Penal Juvenil y la respuesta estatal frente a delitos violentos cometidos por adolescentes
La fiscal Mercedes Catani solicitó una condena de 23 años y 4 meses de prisión, fundamentada en un concurso real de delitos: homicidio en ocasión de robo y robo en poblado y en banda. Para la acusación, el hecho no admite atenuantes: la violencia desplegada y el desenlace fatal marcan un patrón de delito planificado y ejecutado con desprecio por la vida.
La defensa: un intento de minimizar la pena
En contraposición, la defensa del joven —que tenía 17 años al momento del crimen y hoy es mayor de edad— planteó la figura de homicidio culposo y un robo tentado. La estrategia apunta a reducir la pena y encuadrar el hecho como un accidente derivado de la imprudencia, más que como un acto doloso. Esta postura generó indignación en la familia de la víctima y en sectores sociales que reclaman justicia ejemplar.
El trasfondo: la Ley Penal Juvenil en debate
El caso reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de los menores en Argentina. La brutalidad del crimen —Kim Gómez fue arrastrada 15 cuadras en Altos de San Lorenzo durante el robo de un auto— expuso las limitaciones del sistema judicial juvenil y la tensión entre el derecho a la reinserción y la necesidad de sanciones proporcionales.
La familia y la sociedad: dolor y reclamo
El padre de Kim, Marcos Gómez, expresó que “todo es muy difícil” y que la espera por justicia se convirtió en un calvario. La sociedad platense acompaña con marchas y vigilias, exigiendo que el fallo no se convierta en un símbolo de impunidad. La sentencia, prevista para este 27 de febrero de 2026, marcará un antes y un después en la discusión pública sobre seguridad y justicia juvenil.
Un fallo con mensaje político
El desenlace del juicio no solo definirá la suerte del acusado, sino que pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para responder a crímenes que conmocionan a la sociedad. La tensión entre castigo y reinserción, entre garantías y reclamos de justicia, se condensa en este caso emblemático. La Plata espera un fallo que, más allá de la pena, será leído como un mensaje político y social sobre cómo enfrentar la violencia juvenil.
