Un policía jubilado de La Plata reclama que la obra social provincial no le devuelve el dinero que gastó para trasladar a su madre enferma, quien falleció hace seis meses. La respuesta oficial sigue trabada “en auditoría”.
En La Plata, los cuestionamientos contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) siguen acumulándose. Esta vez, la denuncia la protagoniza Saúl Roseta, un policía retirado que exige el reintegro de $300.000 tras pagar de su bolsillo un traslado de urgencia para su madre, Cristina López, también exefectiva de la fuerza.
El hecho ocurrió en enero, cuando López necesitó una ambulancia de forma urgente. Según relató su hijo, al comunicarse con IOMA le informaron que no había móviles disponibles y que debía costear el traslado por su cuenta, con la promesa de que luego se le devolverían los gastos. “Tuvimos que contratar una ambulancia desde Capital Federal porque en La Plata no había disponibilidad. Mi madre falleció seis meses atrás y seguimos esperando el reintegro. Presentamos todos los papeles, pero desde entonces el expediente sigue en el mismo lugar: auditoría”, detalló Roseta.
Además de señalar la inacción de la obra social, el afiliado denunció que el organismo no da respuestas ni avanza en el trámite, a pesar de las gestiones reiteradas: “Voy todos los días con el número de expediente y toda la documentación. Siempre me dicen lo mismo. Es indignante”.
Roseta también apuntó contra el desfinanciamiento del sistema: “Hoy te mandan a pagar por fuera y después ni siquiera cumplen con el reintegro. Mi mamá aportó durante 40 años y en el momento en que más lo necesitó, IOMA no estuvo”.
Esta situación no es aislada. En los últimos años, las quejas contra la obra social de la provincia de Buenos Aires se repiten con frecuencia. Afiliados denuncian demoras en turnos, falta de cobertura en especialidades médicas, prótesis que no llegan, problemas en bioquímicos, abandono en tratamientos oncológicos y, como en este caso, reintegros congelados.
Uno de los principales cambios impulsados por la gestión de Homero Giles al frente de IOMA fue la creación de los policonsultorios, en convenio con la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados (ACEAPP). El primero de estos centros se abrió en La Plata en 2021, en pleno pico de la pandemia. “Nos dejaron sin servicio 15 días. No había atención de ningún tipo. Fue una locura”, recordó un afiliado.
Sin embargo, lejos de mejorar la situación, el modelo de policonsultorios —que ya suma más de 200 en la provincia— generó nuevas tensiones con médicos y prestadores. En La Plata, muchos profesionales que antes atendían por IOMA rompieron el vínculo con la obra social debido a la demora en los pagos.
Detrás del crecimiento de estos centros también crece la polémica. La directora de ACEAPP, Silvina Mariel Fontana, también figura como titular de RM Salud SRL, empresa que administra al menos cuatro de los policonsultorios en cuestión. Afiliados y referentes sanitarios cuestionan que la misma persona maneje fondos públicos destinados a la salud mientras se beneficia con estructuras privadas de atención.
Mientras tanto, historias como la de Saúl Roseta muestran las consecuencias de un sistema que, lejos de garantizar el derecho a la salud, empuja a los afiliados a costear tratamientos y servicios por fuera del alcance de sus ingresos. “Vamos a tener que ir a la Justicia, no queda otra”, concluyó.
