Las universidades públicas nacionales volvieron a reclamar al Gobierno la convocatoria inmediata a paritarias en el marco de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso. El planteo fue formalizado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que remarcó que la norma está vigente desde hace cuatro meses y que su cumplimiento depende del Poder Ejecutivo.
“El Consejo Interuniversitario Nacional ratifica que existe una ley sancionada por el Congreso cuyo cumplimiento corresponde al Ejecutivo”, señalaron en un comunicado difundido por el sistema universitario público.
Qué establece la ley y por qué reclaman
La norma dispone la apertura inmediata de paritarias para recomponer el poder adquisitivo de docentes y nodocentes. Además, fija pautas para actualizar los gastos de funcionamiento, fortalecer el sistema científico-tecnológico y revisar los montos de las becas estudiantiles.
Desde el CIN sostienen que la situación salarial es urgente y afecta el normal desarrollo de las actividades académicas y científicas. También remarcan que el problema excede lo presupuestario y está vinculado al cumplimiento del marco legal vigente.
El conflicto salarial y la respuesta del Gobierno
En enero, el Gobierno decretó una actualización salarial del 2% retroactiva a diciembre para el sector docente universitario. La medida incluyó un bono no remunerativo escalonado según dedicación: $12.500 para dedicación simple, $25.000 para semiexclusiva y $50.000 para exclusiva.
Sin embargo, desde CONADU cuestionaron la decisión y la calificaron como insuficiente frente a la inflación acumulada. El gremio advirtió que muchos docentes perciben salarios congelados en torno a los 250 mil pesos desde hace un año y exigió la convocatoria formal a paritaria, tal como establece la ley.
Impacto en La Plata y la región
En una ciudad universitaria como La Plata, el reclamo no es menor. La actividad académica y científica tiene un peso estructural en la economía local. Miles de docentes, investigadores y trabajadores no docentes dependen del presupuesto nacional.
La falta de acuerdo salarial no solo impacta en el poder adquisitivo, sino también en la planificación del ciclo lectivo 2026. Desde el sector advierten que la continuidad y calidad del sistema universitario público están en juego si no se abre una instancia de negociación.
Un debate que trasciende lo presupuestario
El comunicado del CIN cierra con una advertencia: garantizar el funcionamiento de las universidades no es solo una discusión de números. Se trata, sostienen, de asegurar condiciones mínimas para el desarrollo académico y científico, estratégicas para el país.
Mientras tanto, la tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario se mantiene abierta y suma un nuevo frente en el debate por el financiamiento público en un contexto de ajuste fiscal.
