La petrolera YPF volvió al centro de la escena política y económica tras anunciar un aumento promedio del 3,5% en los precios de sus combustibles y poner en marcha un sistema de precios diferenciales para el turno nocturno. Sin embargo, la novedad quedó opacada por el impacto del reciente fallo judicial en Estados Unidos que ordena a la Argentina ceder el 51% de las acciones de la compañía, como parte del pago de la sentencia de US$16.100 millones por la expropiación realizada en 2012.
En el frente económico, YPF informó que el ajuste de precios se sustenta en la variación del tipo de cambio, el valor internacional del petróleo, impuestos y precios de biocombustibles. Así, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los nuevos valores por litro pasaron a ser: Súper $1.228, Premium $1.454, Gasoil $1.233 y Euro $1.423, según el portal Surtidores. Junto con esto, la compañía lanzó un plan que aplica un 3% de descuento en la franja horaria nocturna (de 0 a 6 AM) para pagos con la app YPF, que puede ampliarse al 6% en estaciones habilitadas con autoservicio. No obstante, Buenos Aires, La Pampa y Jujuy quedan excluidas de este último beneficio por restricciones legales que impiden el autodespacho.
Desde YPF destacaron que buscan transformar la experiencia de los clientes con tecnología que permita adaptar precios a ciclos de demanda y fomentar un consumo más eficiente. “El nuevo enfoque promueve el protagonismo del cliente, que podrá decidir cómo, cuándo y dónde cargar combustible”, señalaron.
Pero la tensión escaló en el plano político cuando la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir sus acciones Clase D de YPF a beneficiarios del fallo, en un plazo de 14 días, con instrucción de que se complete la cesión a través del banco BNY Mellon. Esta resolución reavivó la polémica sobre la expropiación de 2012, cuando el Congreso aprobó, con un amplio respaldo multipartidario, la declaración de utilidad pública y la estatización del 51% de YPF que pertenecía a Repsol. Aquel proceso recibió el voto afirmativo de legisladores del Frente para la Victoria, la UCR, el socialismo y bloques provinciales, incluido el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y dirigentes hoy cercanos al oficialismo libertario como Luis Juez.
La reacción política no se hizo esperar. Axel Kicillof, gobernador bonaerense y entonces ministro de Economía que impulsó la expropiación, denunció una “nueva agresión de los buitres” y cuestionó la postura del presidente Javier Milei, a quien acusó de priorizar intereses extranjeros. “El fallo es un disparate jurídico y una intromisión inaceptable sobre nuestra soberanía. Pero lo más grave es que el propio presidente elija alinearse con quienes buscan despojar al país”, afirmó Kicillof en un comunicado titulado “La entrega avanza”. El mandatario provincial anunció que dará una conferencia para advertir sobre el peligro que representa, a su juicio, la posible privatización de YPF.
Por su parte, Milei respondió con dureza, responsabilizando a Kicillof y al kirchnerismo por “el costo millonario que hoy enfrenta el país”. En la red X, el presidente escribió: “Haber llegado a este punto es culpa directa del inútil soviético de Axel Kicillof. Vamos a apelar este fallo en todas las instancias para defender los intereses nacionales”. Desde el Gobierno nacional confirmaron que la administración libertaria apelará la decisión, aunque la sentencia ya abre la puerta a embargos si Argentina no cumple.
El trasfondo de esta disputa no es menor: recuperar YPF en 2012 fue presentado por el kirchnerismo como un hito en la recuperación de la soberanía energética y un paso clave para desarrollar Vaca Muerta, mientras que para el oficialismo libertario actual, la operación representa un error estratégico que hoy condena a la Argentina a una multimillonaria obligación.
Para los platenses y bonaerenses, la situación resulta especialmente sensible: YPF tiene un peso histórico y económico enorme en la región, con miles de trabajadores, proveedores locales y un papel clave en la matriz energética. El futuro de la empresa, su propiedad y el manejo de los recursos de Vaca Muerta son temas que impactan de lleno en la economía provincial y en el desarrollo nacional.
El debate sobre la soberanía energética, los costos de las decisiones políticas pasadas y la estrategia a seguir para evitar embargos se mezclan con el contexto inflacionario, la presión sobre el dólar y la creciente preocupación por el precio de los combustibles, que afectan la vida cotidiana y los costos de producción en la provincia de Buenos Aires.
Mientras tanto, el recuerdo de la votación de 2012 se vuelve incómodo para varios protagonistas actuales: la nómina de diputados y senadores que apoyaron la expropiación incluye a dirigentes que hoy se presentan como críticos de la estatización, pero que en su momento la votaron convencidos de que era el camino para garantizar el autoabastecimiento.
El caso YPF vuelve a demostrar cómo las decisiones estratégicas tomadas sin consensos sólidos y sostenibles pueden convertirse, años después, en facturas millonarias que terminan pagando todos los argentinos.
