Con media sanción en Diputados, el proyecto de Milei que recorta el régimen de subsidios al gas está en el Senado. Jefes comunales de todo el interior bonaerense —sin distinción de color político— cierran filas para frenarlo antes del invierno. El impacto es concreto: una factura que puede duplicarse de un mes al otro.
Pocas veces en la política bonaerense reciente un mismo proyecto logra unir en el rechazo a intendentes radicales, peronistas y de partidos provinciales. La reforma del régimen de Zona Fría lo está logrando, y con urgencia: el invierno ya arrancó y el Senado tiene la palabra.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. La iniciativa retrotrae el beneficio automático a las zonas originales del régimen —la Patagonia, Malargüe y la Puna— y para las áreas incorporadas en 2021 limita los descuentos a hogares que acrediten vulnerabilidad.
El que queda afuera no tiene dónde apelar, salvo inscribirse en el sistema de subsidios energéticos (SEF), un trámite que miles de familias del interior bonaerense ni conocen ni gestionaron.
Qué se pierde y cuánto cuesta
El proyecto propone volver al esquema original de 2002, que concentraba los beneficios en las provincias patagónicas, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, y dejaría fuera a las provincias incorporadas en la ampliación de 2021: la gran mayoría de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.
Los números son elocuentes. Durante el debate en Diputados, la diputada Mariana Salzmann puso un ejemplo concreto: un hogar bonaerense que pagó $26.000 de gas en abril hubiera pagado $45.500 sin el subsidio de zona fría, una diferencia de $19.500 por mes solo en invierno. El descuento actual varía entre el 30% y el 50% según la clasificación de cada municipio dentro del régimen.
Si la iniciativa avanza en el Senado, dejarían de recibir el descuento alrededor de 1.240.000 hogares bonaerenses, cerca del 20% de los usuarios del territorio provincial. Entre los municipios que perderían el beneficio aparecen Bahía Blanca, Necochea, Tandil, Olavarría, Junín, Pergamino, Tres Arroyos, Chivilcoy, Villarino, Pinamar, Villa Gesell y La Costa, entre muchos otros.
El Foro Radical: «No es un privilegio, es una necesidad»
El Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado conjunto rechazando el avance del proyecto. En el documento advirtieron que la eliminación del esquema diferencial implicaría aumentos significativos en las boletas de gas para miles de familias del interior de la provincia, especialmente en localidades donde las bajas temperaturas obligan a utilizar calefacción durante varios meses al año.
Los intendentes radicales solicitaron a los legisladores nacionales bonaerenses que rechacen cualquier intento de eliminación o reducción del régimen durante el tratamiento en el Senado, y señalaron que «defender la Zona Fría es defender el federalismo, la equidad territorial y el acceso razonable a servicios esenciales».
El cruce de Barrera: cuando la política se come a sí misma
La foto más incómoda del debate la protagonizó el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera. El jefe comunal cuestionó públicamente al diputado del PRO Martín Yeza por haber votado a favor del recorte, recordándole que siendo intendente de Pinamar reclamaba públicamente la ampliación de la Zona Fría para incluir a su propio municipio. ”Martín, ayer levantaste la mano para quitarle la Zona Fría a miles de vecinos de la costa. Pero vos fuiste Intendente de Pinamar y opinabas otra cosa», lo increpó Barrera.
La contradicción no es menor: hay dirigentes que apoyaron la ampliación de 2021 y otros que la votaron en contra ahora que están en otro cargo, con otro jefe político.
Kicillof sale al cruce, Milei lo cruza de vuelta
El gobernador Axel Kicillof advirtió que la modificación del régimen deja sin tarifas diferenciales a 5 millones de bonaerenses y filmó un video desde Tornquist —»9 AM, 4 grados»— para ilustrar lo que considera una zona fría real que el proyecto ignoraría. «Por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos. El Senado tiene que rechazar este proyecto», sostuvo.
La respuesta del Gobierno no tardó: desde la Oficina de Respuesta Oficial calificaron los dichos de Kicillof como «una mentira grosera» y «puro victimismo político», y aclararon que los cambios solo alcanzarán a usuarios de altos ingresos.
El argumento oficial tiene un dato de fondo: la diputada libertaria Silvana Giudici sostuvo que el Estado nacional destina $500.000 millones para subsidiar a ricos y pobres por igual, y que la ampliación kirchnerista de 2021 incorporó al régimen 3.431.000 personas adicionales, de las cuales el 60% tiene ingresos superiores a 4 millones de pesos.
Los tiempos mandan
Si el Senado demora el tratamiento, el proyecto no entraría en vigencia antes del invierno 2026 y el impacto en las facturas recién se sentiría en 2027. Ese dato no es menor: los tiempos legislativos, en este caso, son también una forma de política. Cada semana que pasa sin votación es una semana de subsidios que sigue vigente para los 94 municipios bonaerenses en juego.
La presión de los intendentes apunta exactamente a eso: dilatar, resistir y, si es posible, torcer los votos del bloque senatorial antes de que el frío llegue a pleno.
Lo que puede venir
El rechazo bipartidario de los jefes comunales bonaerenses al proyecto tiene un potencial político que trasciende la discusión tarifaria. Si el Senado frena o modifica la iniciativa, será una derrota legislativa del Gobierno en un tema de alto impacto en el bolsillo. Si la aprueba, los intendentes de 94 municipios tendrán un argumento de campaña para 2027 que se mide en pesos, en facturas y en temperatura.
