El Senado sancionó ayer la ley de Zonas Frías por 38 votos. Buenos Aires es la provincia más afectada: 1.240.000 hogares en 94 municipios perderán el beneficio automático. Las facturas pueden subir hasta un 100% para quienes no califiquen para el subsidio focalizado.
El Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zonas Frías. La norma elimina el subsidio al gas en la provincia de Buenos Aires para 1.240.000 hogares en 94 municipios. Entre los más afectados están Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Pergamino, Junín y las ciudades costeras.
La ley retrotrae el esquema al criterio original de 2002. Solo conservarán el beneficio los usuarios de la Patagonia, de Malargüe (Mendoza) y de la Puna. Quedan afuera los distritos incorporados con la ampliación de 2021. Esa reforma había sido impulsada por el entonces diputado Máximo Kirchner y multiplicó los beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares.
La votación fue de 38 a favor y 8 en contra. El bloque peronista, conducido por José Mayans, abandonó las bancas antes del recuento para intentar dejar la sesión sin quórum. No lo logró.
Cuánto sube la factura de gas para los hogares bonaerenses
Hasta ahora, la bonificación cubría entre el 30% y el 50% del total de la factura. Con la nueva norma, el descuento recae solo sobre el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte), uno de los tres componentes de la boleta. El VAD y el costo del transporte troncal quedan sin cobertura.
Un informe de IERAL Fundación Mediterránea ilustra el impacto. Por ejemplo, un hogar de Bahía Blanca con 118 m³ de consumo mensual pasaría de pagar $19.945 a $39.890. Eso representa un incremento del 100%.
Para quienes acrediten vulnerabilidad socioeconómica y accedan al Subsidio Energético Focalizado (SEF), la suba sería del 22%. La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, calculó incrementos de alrededor de $15.000 por mes para los hogares excluidos. El Gobierno, además, proyecta un ahorro de $272.099 millones anuales.
No todos los hogares quedan sin asistencia. Podrán acceder al SEF quienes tengan ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales ($4.816.491 para una familia tipo). También accederán directamente los beneficiarios del ReNaBaP y los veteranos de Malvinas. Los hogares con un integrante con Certificado Único de Discapacidad también entran, aunque con evaluación previa.
Cómo el Gobierno usó a los gobernadores del norte para aprobar la ley
Diego Santilli, jefe de Gabinete, construyó la mayoría con el apoyo de los gobernadores del norte. A cambio de sus votos, el Gobierno se comprometió a ampliar los subsidios eléctricos en las zonas cálidas durante el verano. El bloque para la Zona Muy Cálida pasaría de 300 a 550 kWh, y el de la Zona Cálida, de 150 a 300 kWh, entre noviembre y abril.
Sin embargo, ese compromiso no quedó en el texto de la ley. Se instrumentará mediante una resolución del Boletín Oficial.
Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, presionó públicamente por X a los senadores que resistían. El kirchnerista Wado De Pedro lo cruzó en el recinto. «Es absurdo que nos peleemos entre provincias que pagan muchísimo por la luz y el gas», dijo.
La mayoría la construyó La Libertad Avanza con el PRO y cinco radicales. También sumaron representantes de Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Chubut.
El peronismo se fue del recinto y no alcanzó
La maniobra más tensa fue protagonizada por el santacruceño José María Carambia. Con el recinto semivacío, Carambia pidió un cuarto intermedio para intentar frenar la sesión. Patricia Bullrich no lo permitió y forzó la votación inmediata.
Entre los senadores bonaerenses, el radical Maximiliano Abad votó en contra. «Esta ley perjudica a mi provincia, a Mar del Plata y a Batán», advirtió. También rechazaron la norma los radicales Eduardo Galaretto y Carolina Losada, de Santa Fe. Lo mismo hicieron Mariana Juri y Rodolfo Suárez, los senadores mendocinos.
El beneficio extra: condonación de deudas a Edenor y Edesur
La ley incluye un apartado que beneficia directamente a las distribuidoras eléctricas del AMBA. Edenor y Edesur podrán compensar sus deudas con Cammesa —la mayorista del mercado eléctrico— mediante los llamados «activos regulatorios». Así evitan saldar obligaciones acumuladas por USD 1.842 millones durante el congelamiento de tarifas.
A cambio, las compañías deben renunciar a eventuales juicios contra el Estado. Un senador opositor fue directo al cierre del debate: «Hubo aviones privados haciendo Uber para que lleguen todos los legisladores a votar».
