El gremio de estatales ATE encendió el alerta respecto del futuro de los comedores escolares a partir de la “municipalización” de ese servicio dispuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal. Consideró que es una “puerta abierta” a la privatización y puso en duda la constitucionalidad de la medida. 

Quien lo expresó fue el secretario General Adjunto del gremio a nivel provincial, Carlos Díaz, quien además se preocupó por la situación de los trabajadores auxiliares cuyos derechos podrían ser “vulnerados” a partir de la decisión.

La medida cuestionada tiene carácter formal a partir del decreto 2077/16, mediante el cual el gobierno bonaerense avanza en acuerdos con los municipios para la trasferencia  del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

 Díaz sostuvo que en la letra del decreto “se plantea la transferencia de recursos hacia las comunas quienes, a su vez, deben hacerse cargo del personal”.

 Frente a esta situación, el dirigente cuestionó que “la medida choca con los derechos de los auxiliares de la educación, y las consecuencias son imprevisibles. Si la decisión está basada en combatir hechos de corrupción la provincia tiene instrumentos para hacerlo que no sean estos”.

Pero como se dijo, evaluó que “existe el riesgo que esta disposición le abra la puerta a la privatización del SAE. Sumado a que la medida es de dudosa legalidad ya que la Constitución provincial establece, en su artículo 203, que la administración de los servicios educativos en el ámbito de competencia territorial distrital estará a cargo de los Consejos Escolares, como así también en la Ley Provincial de Educación en su artículo 147. Mientras que el artículo 246 del Reglamento General de Instituciones Educativas dice el SAE es responsabilidad de los organismos provinciales específicos, es decir de la Dirección General de Cultura y Educación y del ministerio de Desarrollo Social”.