El proyecto fue presentado por el diputado bonaerense Juanes Osaba y propone quitar el tributo que hoy grava operaciones inmobiliarias y automotoras en Buenos Aires. La iniciativa abre otro frente político sobre la presión fiscal bonaerense y el modelo de recaudación de Axel Kicillof.
Comprar una casa, transferir un auto o regularizar una propiedad en la provincia de Buenos Aires podría dejar de pagar Impuesto de Sellos si prospera el proyecto que presentó el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Juanes Osaba, en la Legislatura provincial.
La iniciativa ya ingresó formalmente a la Cámara de Diputados y propone eliminar el tributo aplicado sobre operaciones inmobiliarias y automotoras, una carga que actualmente representa un costo extra relevante en cada transacción y que, según el espacio libertario, “desincentiva la formalización” y frena la actividad económica.
El proyecto aparece en un momento sensible para el mercado bonaerense. En La Plata y el Gran La Plata, donde el sector inmobiliario todavía intenta recuperar volumen de operaciones tras años de caída y retracción del crédito, el costo impositivo sigue siendo uno de los principales obstáculos para escrituras, transferencias y regularizaciones patrimoniales.
El foco puesto sobre la presión tributaria bonaerense
La propuesta modifica distintos artículos del Código Fiscal provincial y elimina específicamente el cobro del Impuesto de Sellos para actos vinculados a la transmisión de dominio de inmuebles y vehículos automotores.
Según los fundamentos del expediente, actualmente las alícuotas alcanzan el 2% en operaciones inmobiliarias y el 1,2% en automotores, aplicadas sobre el valor total de compra. El texto sostiene que eso “eleva los costos de transacción y fomenta la informalidad jurídica”.
“Hoy en la Provincia te cobran hasta por poner algo a tu nombre”, expresó Osaba al defender la iniciativa en redes sociales, en línea con el discurso de La Libertad Avanza sobre reducción de impuestos y desregulación económica.
El planteo también busca instalar un debate político más amplio sobre el esquema tributario bonaerense, uno de los principales puntos de conflicto entre el gobierno de Axel Kicillof y la oposición libertaria.
No es casual que el proyecto apunte a dos sectores particularmente sensibles: el inmobiliario y el automotor. Ambos mueven una parte importante de la actividad privada vinculada a escribanías, concesionarias, registros, constructoras y servicios asociados.
Qué impacto podría tener en La Plata
En la capital bonaerense, el mercado inmobiliario viene mostrando una recuperación moderada en escrituras y consultas, aunque todavía lejos de los niveles históricos.
Martilleros y operadores del sector vienen señalando desde hace tiempo que los costos asociados a escrituraciones y transferencias terminan alejando operaciones o empujando acuerdos informales.
La eliminación del Impuesto de Sellos podría reducir significativamente el costo de ingreso para familias que intentan acceder a una vivienda o regularizar una propiedad heredada, una situación frecuente en la región.
En el caso automotor, la medida también impactaría sobre transferencias usadas, un mercado muy activo en el Gran La Plata pero golpeado por la caída del consumo y el encarecimiento de patentamientos y seguros.
El argumento libertario: menos impuestos, más movimiento económico
En los fundamentos del proyecto, Osaba sostiene que la Provincia debería acompañar el proceso de desgravación impulsado a nivel nacional, recordando la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles y cambios sobre el impuesto cedular aplicable a determinadas ventas inmobiliarias.
La apuesta política y económica detrás de la iniciativa es clara: resignar recaudación directa para intentar compensarla con mayor actividad económica y formalización.
El expediente plantea que el crecimiento de operaciones podría aumentar la recaudación por otras vías, como Ingresos Brutos, tasas registrales y movimiento comercial derivado de un mercado más dinámico.
Sin embargo, el proyecto también abre interrogantes sobre el impacto fiscal en una Provincia que atraviesa fuertes tensiones financieras y depende en gran parte de la recaudación tributaria para sostener gastos corrientes, salarios y programas de infraestructura.
Ahí aparece uno de los puntos centrales del debate que seguramente atravesará el tratamiento legislativo: cuánto margen tiene Buenos Aires para resignar recursos propios en un contexto de caída de transferencias nacionales y presión sobre las cuentas provinciales.
Un debate que recién empieza
La iniciativa ahora deberá pasar por las comisiones legislativas correspondientes y enfrentar una discusión que promete tensión política entre oficialismo y oposición.
Mientras La Libertad Avanza insiste con bajar impuestos para “liberar” actividad económica, desde sectores cercanos al gobierno provincial suelen advertir que la eliminación de tributos sin una fuente alternativa de financiamiento termina afectando servicios, obra pública y funcionamiento estatal.
En una Provincia donde cada punto de recaudación se disputa políticamente, el proyecto de Osaba suma otro capítulo a la pelea entre el modelo fiscal libertario y el esquema de financiamiento que sostiene hoy la administración bonaerense.
