Los municipios quieren municipalizar la recolección de residuos para achicar costos. Camioneros dice que no y amenaza con un paro provincial. El conflicto ya explotó en Villa Gesell y tiene condiciones para replicarse en el Gran La Plata.
La crisis financiera de los municipios bonaerenses abrió un frente inesperado: la guerra por quién se queda con el negocio —y los puestos de trabajo— de la recolección de residuos. Hernán Doval, titular de la Federación de Municipales Bonaerenses (Fesimubo), tiró la primera piedra al pedir públicamente la remunicipalización del servicio, argumentando que «el servicio de las empresas privadas se lleva gran parte de los presupuestos» comunales.
La respuesta de Pablo Moyano no se hizo esperar — y fue a los tiros.
El modelo que Camioneros defiende
En la mayoría de los municipios de la provincia, la recolección está tercerizada a empresas privadas cuyos trabajadores están encuadrados bajo el convenio de Camioneros, un esquema de larga data que consolidó la influencia del gremio de los Moyano en los territorios.
Ese modelo le garantiza a Camioneros presencia en cada distrito y salarios muy por encima de lo que cobran los empleados municipales. Moyano advirtió que una municipalización implicaría una reducción salarial de casi el 50% para los recolectores. Por eso el rechazo es tan visceral.
El detonante: Villa Gesell
Moyano está en pie de guerra con el intendente de Villa Gesell, el peronista Gustavo Barrera, quien mediante un decreto eliminó el servicio de barrido y dejó sin trabajo a 45 empleados de la empresa Santa Elena. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria en el conflicto, que derivó en una paralización de la recolección en ese distrito balneario.
Fuentes cercanas a Moyano señalaron que «muchos esperaban que Barrera gane la batalla» y que, de haberse municipalizado el servicio en Gesell, se habría disparado un efecto dominó en otras comunas. La señal que manda Camioneros es clara: el que avance, la paga.
El cruce entre gremios
La interna sindical es tan llamativa como el conflicto en sí. Moyano equiparó a Doval con funcionarios del gobierno nacional: «¿Qué diferencia hay entre Luis Caputo, Sturzenegger, Adorni, Jorge Macri y este señor Doval? Ninguna. Todos quieren lo mismo: precarizar trabajadores, bajar salarios y destruir derechos laborales.»
Doval, por su parte, insistió en que cuando los municipios municipalizan el servicio con trabajadores propios, el gasto baja a un tercio de lo que cuesta con empresas privadas, y aclaró que cualquier cambio debe resguardar los puestos de trabajo.
El impacto posible en La Plata
El conflicto todavía no explotó en el Gran La Plata, pero las condiciones están. La caída en la recaudación y en los fondos de coparticipación empujó a varios intendentes a revisar contratos con empresas concesionarias de recolección, uno de los servicios más costosos para las administraciones locales.
En un municipio del tamaño de La Plata, donde el contrato de recolección implica decenas de millones de pesos mensuales, la tentación de bajar esa línea del presupuesto es real. Cualquier movimiento en esa dirección activaría de inmediato la maquinaria de Camioneros.
Lo que viene
Moyano convocó a trabajadores y delegados de las regionales bonaerenses a presionar a sus representantes municipales para bloquear cualquier avance en la municipalización, y no descartó un paro provincial si el conflicto escala. Con un año electoral encima y las finanzas municipales en rojo, la disputa por la basura puede convertirse en uno de los conflictos sindicales más explosivos de la provincia en los próximos meses.
