El expediente que investiga el «rulo del dólar» y la red de sobornos para liberar importaciones por el SIRA tiene varios contactos en la capital provincial. Aparecen mensajes con un consultor energético de Gonnet, audios sobre operaciones por millones de dólares y un universo de más de 50 personas y empresas en revisión. Por ahora, ningún imputado local, pero el rastro está y la causa avanza.
La causa judicial que sacude a Martín Migueles —empresario, ex socio de Elías Piccirillo y pareja de Wanda Nara— sumó esta semana un nuevo capítulo con presencia local. Entre los chats y los audios extraídos de su teléfono, que la Justicia analiza con detalle, aparecen contactos con empresarios y consultores de la región, incluyendo un ingeniero de Gonnet identificado en el expediente como «Adriel La Plata».
El expediente investiga el llamado «rulo del dólar» y una presunta red de sobornos del 10 al 15% para liberar importaciones a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el cepo cambiario. Lo lleva el juez Ariel Lijo, con el impulso del fiscal Franco Picardi. Hasta el momento, hay más de 50 personas y empresas bajo análisis, y se hicieron más de 30 allanamientos.
El contacto platense en los chats
El nombre que más resonó en la última semana es el de Adriel Dono Miniot, ingeniero petrolero de Gonnet y consultor independiente del sector energético. En los registros del teléfono de Migueles aparece como «Adriel La Plata».
En una conversación fechada el 17 de marzo de 2023, Migueles le envía un audio: «Ahora están muy enfocados en SIRA, si tenés una empresa grande, te puedo conseguir SIRA rápido también y podés sacar plata por ahí». La respuesta del consultor platense que quedó en la prueba: «Billetes cara grande jaja».
El mensaje quedó incorporado al expediente y forma parte del material que el juzgado analiza para mapear la red de contactos. Por ahora, Dono Miniot no figura imputado en la causa, pero su nombre integra el universo de personas vinculadas al esquema que la Justicia investiga.
El esquema y la cifra que pesa
La trama, según los chats y audios revelados, funcionaba como un servicio paralelo del Estado para destrabar importaciones durante el cepo cambiario. Mientras un ciudadano común podía comprar apenas US$200 por mes, esta red conseguía permisos millonarios en un plazo récord: entre una semana y diez días, contra los 90 a 120 días habituales para el resto del sistema.
El precio por la «gestión» oscilaba entre el 10 y el 15% del valor de la operación, pagado en efectivo y siempre en billetes de cara grande. La diferencia entre el dólar oficial al que accedían los clientes y el dólar paralelo del mercado les dejaba una ganancia que en algunos casos rozó el 200%.
La investigación revela que el circuito habría movido al menos US$900 millones. Otros relevamientos hablan, sin confirmación judicial, de operaciones por hasta US$7.500 millones a lo largo del período del cepo. El caso ya empezó a ser conocido como «el robo del siglo» en algunos pasillos tribunalicios.
Los otros nombres que aparecen
Además del contacto platense, el expediente identifica a varios operadores clave del esquema. Ariel Germán Saponara, abogado con antecedentes en el gobierno porteño y mencionado en la causa, figura hoy con un cargo en la Casa Rosada. Héctor Ezequiel Caputto, alias «El Pipo», aparece como el encargado de agilizar trámites dentro de los organismos estatales, cobrando el 15% sobre el valor del dólar oficial.
A esta nómina se suman los nombres de Alejandro Calián y Francisco Hauque, ambos referenciados como operadores que articulaban la red, y figuras periféricas que aún están bajo análisis. La fiscalía ya pidió la indagatoria de varios y avanza en el secuestro de computadoras, celulares y documentación.
El propio Migueles se presentó esta semana en Comodoro Py. Admitió haber actuado como intermediario en la gestión de los permisos pero negó haber pagado a funcionarios públicos. Su defensa apunta a deslindar responsabilidad penal y a fragmentar la cadena de imputaciones.
La trama platense que mira la Justicia
Desde algunos medios locales se viene reconstruyendo, en paralelo a la investigación judicial, la «trama de millones de dólares que conecta empresas platenses» a la causa. Según ese seguimiento, hay nombres de la región que figuran en la órbita de los movimientos analizados por el juzgado.
La discusión por ahora se mueve en el terreno del análisis de comunicaciones, sin imputaciones formales en la región. Pero el ruido institucional ya empezó y, en círculos empresariales de la capital provincial, varios consultores y operadores admiten haber recibido ofertas similares a las que la Justicia describe en el expediente principal.
El caso pone en la lupa, además, un debate que excede a las personas. El cepo cambiario alimentó durante años una economía paralela de gestores, lobbistas y permisos administrativos que funcionaba en la frontera difusa entre lo legal, lo gris y lo abiertamente ilegal. La capital provincial, como cabeza administrativa de la provincia más grande del país, fue parte de ese mapa.
Una causa con derivaciones políticas
El expediente Migueles también tiene un costado político fuerte. Aparece a la luz justo cuando el oficialismo nacional atraviesa su propia crisis institucional por el caso Adorni, con un jefe de Gabinete acorralado por denuncias de enriquecimiento ilícito.
Que un consultor del actual gobierno aparezca mencionado en una causa por coimas vinculada a la gestión kirchnerista funciona como espejo incómodo. Y, en simultáneo, alimenta la narrativa opositora de que «el sistema sigue funcionando del mismo modo, solo cambian los actores».
Para los gobiernos provinciales y municipales, el caso también es una alerta. Las empresas mencionadas en el expediente operaban con compras, ventas y servicios en distintas jurisdicciones, y los cruces administrativos pueden generar nuevas líneas de investigación territorial.
Lo que se viene
La hoja de ruta judicial inmediata tiene tres movimientos clave.
Primero, las próximas indagatorias y eventuales detenciones, que dependen de cómo avance el análisis de los chats secuestrados. Segundo, la posibilidad de que se sumen nuevos imputados a medida que se completa el mapa de operadores y empresas. Tercero, la definición del juzgado sobre las medidas de cautela: embargos, inhibiciones y eventuales prisiones preventivas para los actores principales.
Para la capital provincial, lo que viene es la propia revisión de quiénes, dentro del universo empresarial local, pueden quedar formalmente vinculados al expediente. Es una etapa que suele tomar meses, pero que ya empezó. Cualquier nuevo nombre que aparezca en los próximos chats puede recalibrar el mapa político y empresarial de la región.
La pregunta de fondo, mientras tanto, sigue abierta: cuánto del dinero que movió el esquema descansa hoy en activos, propiedades o sociedades de la región. La respuesta, si llega, va a ser uno de los grandes capítulos judiciales del año.
