El gobierno bonaerense le abrió un expediente a la empresa de Marcos Galperín. La Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, inició una actuación de oficio contra MercadoLibre S.R.L. por presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión.
La empresa tiene cinco días hábiles para responder —un plazo que no admite prórroga— y si no lo hace, o si su propuesta es rechazada, enfrenta una multa de hasta 1.815 millones de pesos.
Fiscalización de oficio: sin esperar denuncias
La investigación no surgió de quejas individuales sino de un análisis directo de los documentos contractuales publicados en el propio sitio oficial de la compañía. Los técnicos provinciales revisaron las condiciones generales de uso del llamado «ecosistema MELI» y los términos del servicio de préstamos personales y de préstamos para compras y pagos de Mercado Pago. El resultado: más de diez cláusulas que presuntamente violan la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor.
Que el Estado actúe de oficio y sin necesidad de denuncia previa no es un detalle menor. Significa que la Provincia salió a auditar a la empresa por iniciativa propia, sin esperar que los usuarios reclamen caso por caso.
Qué dicen las cláusulas cuestionadas
Según la autoridad de aplicación, las cláusulas observadas generan un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de los usuarios, lo que viola el artículo 37 de la ley de defensa del consumidor.
Entre los puntos más graves se identificaron: cobros de tarifas con montos indeterminados, aceptación tácita de cambios en el contrato sin notificación explícita al usuario, traslado de responsabilidad al propio usuario en caso de uso no autorizado de su cuenta, compensación entre cuentas sin consentimiento explícito, exoneración de responsabilidad ante fallas técnicas, débito sobre cuentas de terceros ajenos al contrato, caducidad automática de plazos ante incumplimientos futuros no definidos, exención anticipada de responsabilidades y fijación de jurisdicción exclusiva en una sede que perjudica al consumidor a la hora de reclamar.
La empresa más denunciada en la Provincia
El expediente no llega en el vacío. MercadoLibre encabeza el ranking de reclamos de consumidores en el territorio bonaerense: acumuló 2.396 denuncias individuales entre enero y abril de 2026. La actuación de oficio amplía el control estatal más allá de los casos puntuales y pone a toda la arquitectura contractual de la compañía bajo la lupa.
La jugada: corregir o pagar
La empresa tiene ahora un margen acotado para reaccionar. Puede presentar un descargo por escrito o directamente proponer la modificación o supresión de las cláusulas cuestionadas, lo que daría por cerrado el expediente. Si no responde en el plazo o si la propuesta no convence a la autoridad provincial, se expone a una multa de hasta 1.815 millones de pesos. Para el líder del comercio electrónico en buena parte de Sudamérica, la cifra es manejable en términos económicos. Pero el impacto reputacional y el precedente regulatorio son otra historia.
