El Gobierno nacional rechazó la impugnación de AUBASA. El decreto 411/26, firmado por Javier Milei y Luis Caputo, fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Con esa medida, la empresa bonaerense de autopistas agotó la vía administrativa y solo le queda recurrir a la Justicia.
AUBASA había presentado su recurso en abril. En ese momento, solicitó la suspensión de la Licitación Pública Nacional N°504-0013-LPU25, correspondiente a la Red Federal de Concesiones – Etapa II. Sin embargo, el Gobierno rechazó el pedido y habilitó el avance del proceso de concesión.
La empresa había sido descartada desde el inicio junto a otras tres de las diez ofertas presentadas. Según el Gobierno, la exclusión respondió a «cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales». No obstante, desde AUBASA rechazaron esa explicación.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció que el pliego fue modificado en 33 artículos una semana antes del cierre del plazo para presentar ofertas. En ese sentido, sostuvo que «cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada», lo que afectó la igualdad de condiciones entre los participantes.
Pero el cuestionamiento de Katopodis no se limita a las irregularidades del proceso. Por un lado, denunció que el esquema implica un doble cobro al usuario. «Todos pagamos ya el impuesto a los combustibles, que tiene como destino absolutamente obligatorio el arreglo de las rutas. El Gobierno cobró ese impuesto, la plata tendría que haberse utilizado para arreglar las rutas y no se hizo», afirmó. Por otro lado, advirtió que con el nuevo modelo las empresas recaudan primero y después invierten: «Primero pagan los peajes y después las empresas con esa plata hacen los arreglos. Es un negocio redondo».
Además, el funcionario alertó sobre la multiplicación de cabinas de peaje. Según describió, en rutas que hoy son de acceso libre se instalarán cabinas cada 30, 50 o 100 kilómetros. «Van a llenar de cabinas de peajes todas las rutas; han multiplicado por tres o por cuatro donde había una», precisó. En consecuencia, comparó el modelo con las fracasadas PPP de la gestión de Macri.
El impacto en el empleo también es parte de la denuncia. De 500.000 trabajadores en el sector de la obra pública en 2023, hoy quedan 300.000. Es decir, 200.000 familias perdieron su fuente de ingresos. A su vez, obras con alto grado de avance quedaron paralizadas. La Autopista Presidente Perón, por ejemplo, tenía solo 10 kilómetros pendientes para conectar Merlo con La Plata. Según Katopodis, reanudarla costará cuatro o cinco veces más de lo que habría costado terminarla.
La ruta 3 ilustra el costo concreto de esa parálisis. La autovía entre Cañuelas y Azul lleva años sin avanzar. En ese contexto, ingenieros de la Provincia advirtieron que la falta de inversión se traduce inevitablemente en accidentes mortales. Un choque fatal ocurrido en mayo de 2025 volvió a encender la alarma sobre el estado de una de las rutas más transitadas del país.
Frente a ese cuadro, la Provincia sostiene que avanza con recursos propios. Katopodis enumeró obras en curso: la repavimentación de punta a punta de la ruta 2, el tercer y cuarto carril de la autopista Buenos Aires–La Plata, y trabajos en las rutas 11, 41, 31 y 6. La deuda que la Nación mantiene con la Provincia asciende a 15 billones de pesos, la mitad en infraestructura. No obstante, el Gobierno nacional no muestra señales de revertir su postura. Para Katopodis, Milei va camino a ser el primer presidente de la historia en no inaugurar un solo kilómetro de ruta.
