El exministro de Transporte del gobierno de Kicillof enfrenta la elevación a juicio por una maniobra en la que empresas adjudicatarias de la VTV debían pagarle un porcentaje de su recaudación a una firma vinculada al exfuncionario. El fiscal la definió como un acuerdo «alevoso» con el Ministerio.
El fiscal Álvaro Garganta cerró la investigación y pidió que Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte bonaerense, vaya a juicio oral por un esquema de coimas montado alrededor del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV). Si el pedido prospera, el exfuncionario del gobierno de Axel Kicillof enfrentará un debate oral junto a otros siete empresarios.
La mecánica fue simple y redituable: las empresas que operaban las plantas de VTV se comprometieron a subcontratar a una firma ligada al exministro y a otros exfuncionarios, que no tenía experiencia en el rubro tecnológico, y a pagarle un porcentaje de su recaudación.
Esa empresa se llama «Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA» y, según el dictamen fiscal de 75 carillas, recaudó más de $1.800 millones en 2024 y $3.100 millones en los primeros meses de 2025, totalizando casi $5.000 millones en poco más de un año.
Una empresa vacía con cuenta llena
El dato que define la causa es la trayectoria de «Soluciones SA». La empresa no había tenido trabajos entre 2021 y 2023, año en que fue comprada por Sebastián Desio, quien trabajaba en una empresa informática y luego se transformó en militante del Frente Renovador y del propio D’Onofrio.
El contador de la empresa declaró como testigo que la firma se vendió sin inmuebles ni empleados. Hasta ese momento se dedicaba al mantenimiento de antenas de telefonía celular. Una empresa sin estructura, sin personal y sin expertise en el sector terminó cobrando comisiones millonarias por «gestionar turnos» de VTV.
La comisión que recibía comenzó en el 3% y luego trepó al 8,5% más IVA sobre cada pago realizado por los conductores.
El cronograma que lo dice todo
El fiscal no se basó solo en los números. La secuencia de fechas es el corazón del caso.
El acuerdo con «Soluciones SA» se firmó el 15 de mayo de 2023, un mes antes de la fecha límite de entrega de ofertas para la licitación y antes de que la Dirección Provincial de VTV lo aprobara el 13 de junio, apenas dos días antes del cierre del proceso licitatorio.
En otras palabras: las empresas se comprometieron a pagar antes de saber si ganarían la licitación. Para Garganta, eso no fue casualidad.
El dato más elocuente es que tres empresas nuevas que ganaron la licitación —sin obligación previa— también subcontrataron a «Soluciones SA». El fiscal sostuvo que esa circunstancia le permite afirmar que «era un acuerdo con el Ministerio y no una elección deliberada».
El hilo que llega a La Plata
La causa tiene una derivación directa sobre la capital provincial. Entre los imputados en la causa paralela de las fotomultas aparece Mario Quattrocchi, extitular del juzgado de faltas de La Plata. La Justicia detectó que viajaba frecuentemente al exterior junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio, y que ambos estarían vinculados a dos emprendimientos gastronómicos en Málaga, España.
D’Onofrio no solo enfrenta esta causa. También es investigado por el negocio de las fotomultas en la justicia provincial y arrastra un procesamiento por lavado de dinero en el fuero federal.
El expediente ahora pasa a la etapa de defensa, donde los imputados podrán impugnar el pedido de elevación a juicio. Si el tribunal rechaza los planteos, D’Onofrio quedará formalmente ante la antesala de un debate oral, el más serio de los escenarios procesales para un exfuncionario de ese rango.
La causa de las fotomultas, por su parte, avanza con nuevas medidas de prueba. Fuentes judiciales indicaron que hay una red de gestores que ofrecían descuentos de hasta el 50% para borrar infracciones, con participación de jueces de faltas y exfuncionarios del Ministerio de Transporte. El mapa de la causa es más amplio de lo que hoy está en el expediente principal.
