La Autoridad del Agua bonaerense creó un régimen especial para estimar consumos y efluentes en countries y urbanizaciones privadas que no tienen permisos vigentes. Sin medidores ni declaraciones juradas, el Estado provincial recurrirá a imágenes satelitales para calcular cuánto usan y cuánto deben pagar.
La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires formalizó esta semana una medida que viene siendo reclamada desde hace años por organismos de control: un mecanismo específico para cobrarles el canon hídrico a los barrios cerrados, countries y desarrollos privados que consumen agua y generan efluentes sin haber regularizado su situación ante el Estado.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, fue dictada por el directorio del organismo y alcanza a todos los emprendimientos que no se encuadraron en la Ley Provincial N° 12.257, el marco normativo que regula el uso del agua en territorio bonaerense.
Satélites para lo que no declaran
El problema central era simple pero persistente: muchos de estos complejos manejan de forma privada sus propios sistemas de captación de agua y tratamiento de efluentes, sin informar datos reales al Estado. Sin medidores ni declaraciones verificables, la Provincia no podía calcular lo que correspondía cobrar.
La solución que eligió la ADA es tecnológica: imágenes satelitales y relevamientos técnicos periódicos para estimar consumos de manera indirecta. Las variables que se tomarán en cuenta incluyen la superficie de cada unidad funcional, los metros cuadrados construidos, la extensión de espacios verdes, la cantidad de piscinas y otros usos característicos de estos desarrollos.
El esquema se enmarca además en el Decreto N° 3233/25, que actualizó el régimen de cánones e incorporó variables ligadas a la disponibilidad del recurso hídrico, el tamaño del establecimiento y la categoría del usuario.
Un sector que creció sin controles proporcionales
Los propios fundamentos de la norma reconocen que los emprendimientos privados cerrados ocupan hoy una porción significativa del territorio urbanizado bonaerense y que su expansión no fue acompañada por controles equivalentes. La ADA detectó que una parte importante de estos complejos cuenta con infraestructura propia —perforaciones, plantas de tratamiento— que opera al margen del sistema de habilitaciones provincial.
En el Gran La Plata, la proliferación de este tipo de desarrollos es un dato de la geografía: desde el corredor de Ruta 2 hacia Hudson y Berazategui hasta los márgenes de Gonnet, City Bell y Villa Elisa, decenas de urbanizaciones privadas concentran población con alta capacidad de consumo. Que muchas de ellas no tributen correctamente por el uso del recurso hídrico no es un dato menor en una región donde ABSA sigue con dificultades para garantizar agua potable en barrios del casco urbano y la periferia.
Control de lo no declarado
El nuevo régimen habilita a la Provincia a determinar y cobrar cánones aun cuando los emprendimientos no hayan aportado información propia. Esto convierte a la ADA en un actor con mayor capacidad ejecutiva frente a desarrolladores que hasta ahora podían esquivar el control simplemente no declarando.
