La Ley de Financiamiento Universitario volvió al centro de la escena. La Corte Suprema ratificó esta semana la cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicarla de manera inmediata. Por eso, la pelea por los salarios docentes y el presupuesto universitario se reabrió justo cuando la gestión de Javier Milei creía haber cerrado el conflicto con un acuerdo paritario.
El fallo, además, pone en números cuánto debería cobrar hoy un docente universitario si la ley se cumpliera al pie de la letra. Y esa cifra es muy distinta a la que el Ejecutivo ya puso sobre la mesa.
Qué dijo la Corte y por qué cambia el escenario
El tribunal rechazó por unanimidad el pedido de recusación y el recurso extraordinario que había presentado el Gobierno. Con ese fallo, buscaba frenar la cautelar dictada por el juez Martín Cormick y confirmada por la Cámara.
En consecuencia, el Ejecutivo debe aplicar «de manera inmediata» los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Mientras tanto, sigue abierta la discusión de fondo sobre si la norma es constitucional o no.
El artículo 5 es claro: los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas deben actualizarse desde el 1° de diciembre de 2023 con un porcentaje no menor a la inflación que mide el INDEC. Además, obliga al Gobierno a convocar paritarias cada tres meses. El artículo 6, en cambio, fija una actualización automática e indexada a la inflación para todas las becas estudiantiles, incluido el Progresar.
Para la oposición universitaria, el fallo es contundente. «No se puede elegir qué leyes cumplir y qué leyes no en democracia», sintetizó Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA. El dirigente remarcó que la cautelar protege específicamente salarios y becas por su «carácter alimentario».
Desde AGD-UBA, Ileana Celotto fue todavía más dura. Sostuvo que el Gobierno «pretende no pagar» y que ni el veto presidencial ni la maniobra posterior por decreto lograron evitar la insistencia del Congreso.
Cuánto le cuesta al Estado y cuánto cambia el bolsillo docente
Acá está el dato que más le importa al lector. Aplicar la ley en su totalidad le costaría al Estado entre 1,3 y 3,6 billones de pesos, según las estimaciones que circulan en el oficialismo.
Sin embargo, el número que de verdad mide el impacto cotidiano es otro. Chequeado lo calculó con precisión.
El 11 de junio, después de dos años y medio sin paritarias, Gobierno y gremios habían acordado un aumento escalonado del 24,3%: 21,3% en junio más 3% en octubre. Pero si la ley se cumpliera de manera plena, el incremento de junio debería haber sido del 56%. Es decir, unos 29 puntos porcentuales por encima de lo ya pactado.
Veamos un caso concreto. Un docente auxiliar de primera, con dedicación simple de 9 horas semanales y diez años de antigüedad, pasó de cobrar 337.000 pesos a 409.000 pesos con el acuerdo paritario vigente. En cambio, si se aplicara la ley, ese mismo salario debería ser de 525.000 pesos. La diferencia supera los 115.000 pesos mensuales: es exactamente la brecha entre lo que el Gobierno ofreció y lo que la Justicia dice que corresponde.
Existe, además, otra forma de medir el atraso, que mira más atrás en el tiempo. Para que un docente recupere el poder de compra que tenía en noviembre de 2023 —último mes del gobierno de Alberto Fernández—, el aumento debería haber sido del 53,1%. Con el 24,3% ya acordado, ese mismo cargo seguirá ganando un 22,5% menos en términos reales que hace casi tres años.
Son dos cálculos distintos, pero apuntan en la misma dirección: el ajuste salarial docente, aun con la mejora reciente, está lejos de cerrar la brecha.
Las becas estudiantiles muestran un patrón similar. La Beca Progresar, que en noviembre de 2023 pagaba 20.000 pesos, fue elevada a 35.000 pesos en septiembre de 2024 por el Gobierno de Milei. Desde entonces, permanece congelada. Si se hubiera indexado por inflación tal como exige la ley, hoy debería rondar los 84.000 pesos.
¿Habrá un aumento por encima del 24,3% acordado?
Es la pregunta que más interesa de cara a los próximos meses. Por ahora, la respuesta es ambigua.
Trascendió que el ministro de Economía, Luis Caputo, no descartaría avanzar hacia el cumplimiento de la ley. Según fuentes de Casa Rosada, «buscará la manera de enviar los fondos» mediante una reasignación de partidas. Aun así, pondría una condición innegociable: «Eso no se toca», habría dicho en referencia al superávit fiscal.
Esa apertura, no obstante, convive con resistencias internas. El fallo de la Corte abrió «una grieta en el Gobierno»: hay sectores que miran con recelo la estrategia judicial diseñada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Esa estrategia buscaba evitar el cumplimiento de la ley, pero terminó generando movilizaciones masivas en contra.
Incluso el sector libertario que celebraba el fallo como un alivio («nos va a dar aire», llegaron a decir) tuvo que recalcular. La ratificación de la cautelar cambió por completo el escenario que el Gobierno daba por resuelto tras el acuerdo de junio.
Mientras tanto, el Ejecutivo pidió a la SIGEN intensificar los controles sobre el uso de fondos en todas las universidades autónomas. Las organizaciones gremiales leen ese movimiento como una forma de presión paralela, antes de definir si el Gobierno paga o no lo que el fallo ordena.
El malestar no se cerró con el acuerdo de junio
El acuerdo del 21,3% no logró el respaldo que el Gobierno esperaba. En Feduba (UBA), por ejemplo, una consulta interna arrojó un 87% de rechazo entre los afiliados participantes.
ADUNS, el gremio docente de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, fue todavía más lejos: calificó el convenio de «deslegitimación absurda de una conquista legislativa» y lo rechazó de plano. Por su parte, CONADU mantuvo en pie su plan de lucha por la «plena aplicación de la ley», aunque dejó en suspenso el paro previsto para la semana siguiente.
Esa misma tensión llegó hasta La Plata. Octavio Miloni, secretario general de ADULP —el gremio docente de la Universidad Nacional de La Plata—, valoró el acuerdo salarial como «un buen inicio» frente a «un salario tan deprimido». Sin embargo, fue claro en marcar que la mejora no cierra el reclamo de fondo: «Sin bajar el reclamo del cumplimiento efectivo de la ley, esto aliviana la carga salarial de nuestro sector», señaló.
Ileana Celotto, en tanto, fue todavía más explícita sobre lo que viene. Adelantó que el plan de lucha gremial se retomará en agosto, ya en el segundo cuatrimestre, bajo la consigna de no conformarse con el 21,3%. «Tenemos que exigir lo que nos corresponde», remarcó.
Qué puede pasar de acá en adelante
El cronograma institucional ya está fijado. La próxima convocatoria a paritarias está prevista para el 15 de septiembre y, a partir de ahí, el Gobierno está obligado por ley a reunirse con los gremios cada tres meses.
La incógnita, entonces, es otra: ¿esas rondas se seguirán negociando con el techo fiscal como límite innegociable, o la presión judicial obliga a una revisión más profunda?
Hay, además, un dato clave que distintos rectores subrayan. La discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley todavía no se resolvió. Aunque la cautelar obliga a cumplir mientras esa discusión sigue su curso, no la cierra.
Para el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, que celebró el fallo, «una ley aprobada con tanta legitimidad tiene que cumplirse». A su criterio, el fallo «abre una esperanza» de aplicación plena. El Gobierno, en cambio, insiste en que la ley es de cumplimiento imposible sin que el Congreso especifique de dónde saldrán los fondos, tal como exige el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera.
En definitiva, entre la negociación fiscal y el fallo judicial, lo concreto es esto: el docente universitario promedio sigue cobrando menos de lo que la ley dice que le corresponde. Y esa diferencia, lejos de ser un matiz técnico, se mide en decenas de miles de pesos por mes.
