Diego Santilli anunció que el Gobierno nacional cumplirá con la ley de financiamiento universitario. El flamante jefe de Gabinete marcó un giro en el tono del Ejecutivo hacia las universidades públicas. Sin embargo, puso una condición: el cumplimiento no puede comprometer el equilibrio fiscal. Los gremios escucharon el anuncio y ya fijaron su propio plazo: agosto.
La declaración llega más de 240 días después de que el Gobierno ignorara la norma aprobada por el Congreso con los dos tercios de ambas cámaras. La Corte Suprema ordenó su aplicación inmediata. Ahora, con un nuevo jefe de Gabinete, el Estado envía una señal diferente.
Qué dijo Santilli
«Nosotros vamos a empezar a cumplir ese acuerdo», afirmó en sus primeras declaraciones como jefe de Gabinete. La referencia es al pacto del 10 de junio con los gremios y el Consejo Interuniversitario Nacional.
Además, marcó distancia del discurso más confrontativo de Milei sobre el sistema universitario. «Tenemos que encontrar el equilibrio para que las universidades sigan creciendo», sostuvo. Sin embargo, la condición fiscal quedó explícita. «Si eso genera un desequilibrio fiscal, puede terminar provocando un problema todavía mayor para todos», advirtió.
Cuánto representa para cada cargo
La Ley 27.795 exige actualizar los salarios universitarios desde diciembre de 2023. El porcentaje no puede ser inferior a la inflación acumulada. Si eso se aplicara hoy, el aumento de julio debería haber sido del 56%. El acuerdo vigente contempla el 21,33%. La diferencia es de 32 puntos porcentuales para todo el sistema.
Esa brecha se traduce de manera distinta según el cargo, pero en la misma dirección para todos. El 65% de la planta docente trabaja con dedicación simple. Un ayudante de primera en esa condición pasó de cobrar alrededor de $204.000 a unos $247.000 con el acuerdo. Con la ley aplicada, debería rondar los $318.000. La diferencia supera los $70.000 por mes.
Para un auxiliar de primera con diez años de antigüedad —un perfil intermedio de la escala— el salario pasó de $337.000 a $409.000. Con la ley completa, debería ser de $525.000. La diferencia es de $116.000 mensuales.
En el otro extremo, un profesor titular con dedicación exclusiva se aproximó a los $1.770.000 con el acuerdo. Con la ley en su totalidad, debería percibir cerca de $2.270.000. Ahí la brecha supera los $500.000 por mes.
Además, hay una variable que aplica igual para todos los cargos. Para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, cualquier docente universitario necesitaría un aumento del 53,1%. Con el 24,33% ya pactado, todavía acumula una pérdida real del 22,5%.
El plazo que pusieron los gremios: agosto
El plenario de CONADU del 4 de julio fue contundente. La federación exigió que el salario de agosto incorpore la totalidad de las actualizaciones previstas en la ley. Si el Ejecutivo no cumple, la Mesa Ejecutiva tiene mandato para proponer nuevas medidas de fuerza.
Desde ADULP, el gremio docente de la UNLP, acompañaron la resolución. Sus cuatro ejes: reapertura de paritarias, recuperación salarial, actualización del presupuesto y defensa de la universidad pública. Como informamos, la UNLP perdió más de 20 días de clases en el primer semestre. El conflicto no cerró con el acuerdo de junio. La próxima convocatoria formal a paritarias está prevista para el 15 de septiembre. Pero agosto es el límite inmediato. La consigna no cambió: «Milei, cumplí la ley.»
El ajuste que llega de dos lados
El anuncio de Santilli no llega en el vacío. Las transferencias a las universidades nacionales cayeron un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026. Los trabajadores universitarios perdieron el 32% de sus ingresos reales en ese período. Eso equivale a más de siete sueldos mensuales.
Pero el ajuste sobre la educación pública no es solo universitario. En simultáneo, los docentes bonaerenses transitan su propia pelea salarial. Como informamos esta semana, la Provincia ofreció un 7% escalonado para julio y agosto. La inflación, en tanto, acumula más de 12 puntos desde el acuerdo de marzo. También ellos perdieron contra los precios este año.
La Plata está en el centro de ambos conflictos. La ciudad alberga la UNLP, una de las universidades públicas más grandes del país. Además, concentra la mayor parte del empleo docente provincial bonaerense. El ajuste sobre la educación pública llega, entonces, por dos vías al mismo tiempo: la nacional y la provincial. Santilli prometió que una de ellas empieza a resolverse. Agosto dirá si la promesa se sostiene.
