El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Plata presentó un proyecto de resolución que le pide al Municipio que explique, en detalle y en un plazo de 30 días, cómo funciona el sistema de fotomultas en la ciudad: cuántos radares hay, dónde están, si están correctamente homologados y, sobre todo, cuántas infracciones se labraron durante 2026. El pedido instala una pregunta que los vecinos platenses llevan años haciéndose: ¿los cinemómetros están para prevenir accidentes o para generar caja?
Qué le pide el Concejo al Ejecutivo municipal
El proyecto de resolución dirige el reclamo a la Secretaría de Modernización y a la Secretaría de Control Urbano y Convivencia Ciudadana. Los puntos son precisos.
El bloque quiere conocer la cantidad total de cinemómetros —fijos y móviles— actualmente operativos en el partido de La Plata, con las fechas de homologación de cada equipo y el acto administrativo que las dispuso. También pide la ubicación exacta de cada dispositivo y la señalización del límite de velocidad correspondiente en cada punto, tal como lo exige el artículo 28 bis de la Ley 13.927.
Además, los concejales solicitan conocer el límite de velocidad configurado para el labrado de infracciones en cada radar y, el dato más revelador, la cantidad de multas por exceso de velocidad labradas mes a mes durante todo el año 2026. A eso se suma el estado de homologación y calibración vigente de cada equipo ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con las fechas de sus últimas revisiones.
La pregunta de fondo: ¿disuasión o recaudación?
Los fundamentos del proyecto lo dicen con claridad: los radares deben tener «una finalidad estrictamente preventiva, orientada a reducir la siniestralidad vial, ordenar el tránsito y proteger la vida de los vecinos y vecinas». Pero para que esa premisa se cumpla, agrega el texto, «es fundamental que la ciudadanía cuente con información clara, pública y precisa respecto a las reglas de juego y los puntos de fiscalización en la vía pública».
El argumento central es estadístico: conocer el volumen de infracciones registradas mes a mes permitirá evaluar si los dispositivos cumplen su rol disuasorio o si, en cambio, hay arterias donde los límites están mal señalizados o resultan desproporcionados en relación con la cantidad de actas labradas. «Contar con información actualizada sobre la cantidad de radares, sus límites y la recaudación o cantidad de infracciones procesadas hasta la fecha resulta indispensable para legislar en materia de movilidad urbana sustentable y segura», concluye la iniciativa.
La pregunta implícita es incómoda para el Ejecutivo. Si las multas bajaron, el sistema funciona. Si los números no ceden, hay que revisar si los radares están bien ubicados, bien señalizados o, directamente, si están cumpliendo la función para la que fueron instalados.
Un sistema que acumula historia y polémica
Las fotomultas llegaron a La Plata en 2021, cuando la gestión municipal de entonces dispuso la colocación de cámaras en quince puntos estratégicos de la ciudad —avenidas, diagonales, calles de alto flujo vehicular— con el objetivo declarado de mejorar el tránsito y reducir la accidentalidad. El sistema arrancó operativamente en diciembre de ese mismo año.
Desde entonces, el sistema no estuvo exento de polémicas. La falta de información pública sobre cuántos radares están activos, cuáles tienen homologaciones vigentes y cuánto recauda el Municipio por este concepto fue siempre una asignatura pendiente. El pedido de informes vuelve a poner esa opacidad en el centro de la escena. La Municipalidad tiene ahora 30 días para responder.
