El diputado Agustín Romo, con el respaldo de otros 17 legisladores, presentó una iniciativa que obliga a extranjeros sin residencia permanente a pagar por atenderse en hospitales provinciales y por cursar carreras de grado en universidades estatales. La recaudación iría a un fondo de salud provincial.
Un grupo de legisladores de La Libertad Avanza y el PRO metió en la agenda bonaerense un debate que combina caja, ley migratoria y clima de época post-Mundial: cobrarles la salud pública y la universidad estatal a los extranjeros que no tengan residencia permanente en el país.
El proyecto, en criollo
La iniciativa, ingresada en la Cámara de Diputados de la Provincia, establece un régimen de arancelamiento para las prestaciones médicas en hospitales provinciales y para los estudios de grado en universidades de gestión estatal. Alcanza a quienes no acrediten residencia permanente según las categorías que fija la Ley Nacional 25.871: residente temporario, transitorio o con autorización de residencia precaria.
El cobro en salud se canalizaría a través del S.A.M.O. —el Sistema de Atención Médica Organizada—, una estructura que ya factura y tiene nomenclador, por lo que el proyecto evita crear una nueva burocracia. Lo recaudado iría al Fondo Provincial de Salud, para insumos, equipamiento, medicamentos e infraestructura hospitalaria.
En el plano universitario, cada casa de estudios estatal fijaría sus propios montos y modalidades de pago para alumnos extranjeros sin residencia permanente, dentro del marco que establezca la ley.
El tuit que anticipó la letra chica
El proyecto tomó estado parlamentario en medio de la ola de burlas hacia la Selección tras la final perdida ante España, con usuarios de otros países cargando contra el equipo argentino. En ese clima, el diputado Agustín Romo, uno de los firmantes, lo anticipó en X con un mensaje que mezclaba indignación futbolera y proyecto de ley en el mismo párrafo, cuestionando a extranjeros que —según su planteo— viven, estudian y se atienden gratis en el país mientras «odian a la Argentina”.
Es un combo poco casual: la bronca deportiva como gatillo discursivo de una discusión que en rigor viene de antes, la de si el Estado bonaerense puede sostener gratuidad universal en salud y educación sin distinguir origen ni residencia.
Las excepciones que marca la letra chica
El texto no es un cierre total de la ventanilla. Nadie podría ser rechazado, demorado ni condicionado en una urgencia con riesgo de vida: el eventual cobro se tramitaría recién después de estabilizar al paciente. Quedan afuera del arancel las víctimas de trata y las acciones de vacunación, diagnóstico y control de enfermedades de notificación obligatoria.
El proyecto suma además una cláusula de transparencia: el Ministerio de Salud y las universidades alcanzadas deberían publicar cada año cuántas prestaciones o estudiantes quedaron comprendidos, cuánto se facturó y cuánto se cobró efectivamente.
Qué significa para La Plata y la Región
La discusión pega directo en la capital bonaerense. La Plata concentra tres universidades nacionales de gestión estatal —la UNLP a la cabeza— con matrícula extranjera histórica, sobre todo de estudiantes latinoamericanos, y una red hospitalaria provincial (Gutiérrez, San Martín, Rossi, entre otros) que atiende a población de toda la región, incluida Berisso y Ensenada.
Si la ley avanza, el Poder Ejecutivo tendría 90 días corridos para reglamentarla y publicar el nomenclador arancelario, y las universidades el mismo plazo para adecuar su normativa interna —lo que en los hechos empuja la discusión a los propios consejos superiores de las casas de estudio platenses, con la autonomía universitaria como límite constitucional a cualquier intento de imponerles el esquema desde la Legislatura.
El proyecto lleva 18 firmas y el respaldo cruzado de LLA y el PRO, un dato que en la Legislatura bonaerense no es menor de cara a la discusión legislativa que se viene en el semestre. La resistencia previsible vendrá de sectores universitarios y organismos de derechos humanos, que suelen leer este tipo de iniciativas como un test político antes de una discusión más amplia sobre gratuidad y migración. Con el Congreso todavía de receso invernal, la Legislatura bonaerense queda como primer terreno de prueba para una idea que el oficialismo nacional viene instalando en otros frentes.
