El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires declaró este miércoles la «emergencia epidemiológica y ética ante el retroceso histórico de la inmunización pediátrica y del adulto mayor en la República Argentina».
La institución, en una carta abierta dirigida al Ministerio de Salud de la Nación y a la comunidad en general, advirtió que el país enfrenta «la inminencia de un brote epidémico de características catastróficas» y pidió medidas urgentes para revertir lo que definió como un «colapso absoluto y documentado de las tasas de cobertura de vacunación».
Los números que fundamentan la alarma
La declaración se sustenta en datos del informe WUENIC de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Las cifras son contundentes. Más de 101.000 niños nunca recibieron una sola vacuna del calendario nacional, lo que representa un aumento del 60% respecto de 2021. La cobertura de la segunda dosis de la triple viral —la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas— alcanza apenas el 46%, lo que significa que más de la mitad de la población infantil no tiene la inmunidad completa contra estas enfermedades. La triple bacteriana, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, registra coberturas promedio cercanas al 75%, con una cuarta parte de la infancia vulnerable ante la coqueluche y el tétanos.
En la Provincia de Buenos Aires, el propio Ministerio de Salud de la Nación reconoció que la cobertura de la triple viral llega al 81,2%, muy por debajo de la meta del 95% que los organismos internacionales consideran necesaria para garantizar la inmunidad de rebaño.
«Argentina hoy se encuentra en el fondo de las métricas regionales de cobertura pediátrica», sostuvo el Colegio, calificando la situación como «un riesgo epidemiológico inminente».
Los jubilados y la falta de vacunas invernales
La situación de los adultos mayores suma otra capa de urgencia. El Colegio denunció que numerosos jubilados reportaron interrupciones en la provisión gratuita de vacunas antigripales y antineumocócicas durante el invierno. Quienes contaron con recursos recurrieron al sector privado para inmunizarse. El resto quedó expuesto a las neumonías e internaciones que el frío de julio multiplica en los grupos de riesgo.
El gobierno dice que mejoró, pero los datos dicen otra cosa
El Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones publicó esta semana los datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC) con cifras del año 2025 y habló de «mejoras interanuales en todas las vacunas de calendario» y «los porcentajes más altos de los últimos años». El análisis detallado de sus propios números revela otra realidad: de las más de 30 coberturas analizadas, solo una —la BCG, única dosis en menores de 7 días— alcanzó el objetivo previsto. En todas las demás vacunas, las aplicaciones quedaron por debajo de lo esperado. La propia cartera admitió que sigue «lejos de la meta que es cubrir al 95% de la población objetivo en todas las vacunas del calendario nacional».
El Colegio también apuntó contra las políticas de comunicación: «el abandono de las campañas de comunicación social, la falta de pauta educativa para contrarrestar la desinformación post-pandemia y la nula inversión en difusión configuran un escenario de desidia que atenta directamente contra la seguridad de la salud colectiva».
Las cuatro exigencias al Ministerio de Salud
El Colegio presentó un listado de demandas concretas a la Nación. Exigió el restablecimiento inmediato del stock y la cadena logística de todos los biológicos del Calendario Nacional en los efectores públicos provinciales y municipales; el lanzamiento de campañas federales de comunicación masiva orientadas a la concientización sobre la importancia de completar esquemas; la normalización y priorización de la cobertura gratuita de vacunas antigripales y antineumocócicas para jubilados y grupos de riesgo; y la publicación de un tablero de monitoreo de coberturas provinciales y locales que permita a las sociedades científicas colaborar en la búsqueda activa de niños no inmunizados.
La institución recordó además que la Ley Nacional N°27.491 establece que la vacunación «es un bien social» y que corresponde al Estado nacional garantizar su adquisición, logística y distribución continua y oportuna. «La alarmante pérdida de este estatus de vanguardia no obedece a un rechazo intrínseco de la sociedad a las vacunas, sino a una devaluación sistemática del rol del Estado como garante del bienestar común», concluyó.
