El presidente Javier Milei cumplió este sábado 1.000 días al frente del Gobierno nacional. El balance incluye reformas estructurales, pero también traspiés judiciales y tensiones internas. Para La Plata y la provincia de Buenos Aires, hay un capítulo que pesa de manera directa: la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso, que el Gobierno todavía no ejecutó.
Ese incumplimiento explica buena parte del conflicto que atraviesa hoy a la UNLP, con paro confirmado para el martes 8 de septiembre y una nueva marcha federal en camino.
Una ley que el Congreso ratificó pero Nación no ejecutó
En abril de 2024, una masiva movilización en defensa de la educación pública marcó un quiebre en la relación entre el Gobierno y las universidades. Tras esa expresión popular, el Congreso sancionó dos leyes clave: la de financiamiento universitario y la de emergencia del Hospital Garrahan.
Milei intentó vetar ambas normas. El Congreso insistió y las ratificó. Sin embargo, según reconstruye el propio balance de estos 1.000 días, el Gobierno nacional no realizó la asignación de los fondos ni ejecutó las partidas presupuestarias correspondientes.
Ese incumplimiento no quedó en el plano legislativo. Se tradujo en paros sucesivos, en un banderazo frente al Rectorado de la UNLP y en una cautelar judicial que la Justicia ya ratificó en más de una oportunidad, obligando al Estado a informar avances concretos que hasta ahora no logró demostrar.
La derrota bonaerense que marcó un quiebre político
El balance nacional también identifica un punto de inflexión con anclaje directo en la provincia de Buenos Aires. En septiembre de 2025, el peronismo se impuso por amplio margen en las elecciones legislativas bonaerenses. Ese resultado generó, según el propio análisis, la primera gran crisis política del Gobierno de Milei.
Ese golpe electoral en territorio bonaerense llegó después de la performance más floja del oficialismo en todo el proceso. La derrota en la provincia más poblada del país expuso el límite territorial del proyecto libertario, justo en el distrito donde hoy Kicillof, Máximo Kirchner y Massa disputan la conducción del peronismo de cara a 2027.
Reforma electoral sin votos: el freno que también llega a la Legislatura bonaerense
El balance de los 1.000 días también reconoce que Milei todavía no cuenta con los votos necesarios para avanzar con la reforma electoral a nivel nacional. La Libertad Avanza retoma esta semana las negociaciones en el Senado, sin los votos suficientes para eliminar las PASO. La reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales está prevista para el 15 de septiembre.
Ese mismo debate tiene su espejo bonaerense. En la provincia, la discusión por las PASO y por la reelección indefinida de intendentes atraviesa la misma lógica de bloqueo: ni el peronismo logra ordenar internamente sus votos, ni el oficialismo nacional consigue destrabar su propia reforma.
Causas judiciales con impacto en el armado bonaerense
El balance también repasa los frentes judiciales que golpearon la imagen del Gobierno: el escándalo de la criptomoneda $Libra, la denuncia de Diego Spagnuolo sobre una presunta red de coimas en ANDIS, y los casos de José Luis Espert y Manuel Adorni.
Este último tiene resonancia directa en La Plata. Manuel Adorni, exministro coordinador, afronta un proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Su hermano, el diputado bonaerense Francisco Adorni, ya había quedado descartado como candidato de LLA en la sección Capital platense por el peso judicial que arrastra el apellido familiar.
La geopolítica y Malvinas como estrategia de cierre
El balance de estos 1.000 días también destaca el giro geopolítico de Milei hacia Estados Unidos, con el paquete de asistencia financiera cerrado en septiembre entre Washington y Buenos Aires. En paralelo, el Gobierno intensifica su ofensiva por Malvinas, un tema que ya bajó a la Legislatura bonaerense y a los 135 municipios a través de La Libertad Avanza.
Para el peronismo bonaerense, ese movimiento representa un desafío político concreto: la causa Malvinas históricamente genera consenso social, y LLA busca capitalizarla para exponer cualquier fisura interna del PJ provincial.
