El proyecto elimina los requisitos provinciales y los colegios profesionales para ejercer el corretaje. Alcanza directamente a los matriculados del Colegio de Martilleros y Corredores de La Plata, que hoy regula el mercado inmobiliario en la Región.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanza con un proyecto de ley que cambia de raíz las reglas del mercado inmobiliario argentino. La apuesta es simple de enunciar y profunda en sus efectos: cualquier mayor de edad con secundario completo podrá ejercer el corretaje, sin necesidad de matricularse en ningún colegio profesional.
Chau matrícula, chau colegio profesional
El corazón de la reforma es ese: se deja atrás los requisitos vinculados con matrículas y exigencias profesionales que hoy fijan las normativas provinciales y los colegios de corredores. En la Provincia de Buenos Aires, ese rol lo cumple el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, con sede platense, que hasta ahora regula quién puede ejercer, exige capacitación continua y aplica un código de ética con sanciones.
Con el proyecto de Sturzenegger, ese esquema deja de ser un requisito excluyente: bastará con ser mayor de edad y tener título secundario expedido o revalidado en el país.
Empresas, plataformas y menos frenos regulatorios
El texto no se limita a bajar la vara de entrada. También habilita que la actividad la ejerzan personas jurídicas —no solo corredores individuales— y da vía libre expresa al uso de plataformas digitales para prestar servicios inmobiliarios, un guiño directo al modelo de las proptech que vienen ganando terreno en el negocio.
Sturzenegger consultó a referentes del sector antes de avanzar con el texto, entre ellos a Jorge Amoreo Casotti, CEO de la proptech Pint, una de las startups que más creció en el mapa inmobiliario en los últimos años.
Qué podrán hacer los corredores (y qué no podrá exigirles el Estado)
El proyecto redefine también las facultades de quienes ejerzan la actividad: podrán hacer tasaciones, pedir informes registrales y catastrales, otorgar garantías en operaciones y representar a una de las partes en un negocio inmobiliario, entre otras atribuciones.
En el otro extremo, la iniciativa declara incompatibles con los principios de libre competencia, igualdad de acceso y transparencia a varias exigencias hoy vigentes: la residencia obligatoria en una jurisdicción determinada y la fijación de aranceles mínimos, valores sugeridos o topes máximos para honorarios y comisiones. Es decir, ni el colegio profesional ni la provincia podrían poner un piso o un techo a lo que cobra un corredor.
Para eso, el proyecto deroga artículos de la Ley 20.266 y del Código Civil y Comercial que hoy sostienen el régimen vigente de los corredores públicos.
El impacto para La Plata y la Región
El impacto local es directo. El mercado inmobiliario platense —con su fuerte peso en alquileres universitarios, operaciones en el casco urbano y desarrollos en el Gran La Plata— funciona hoy bajo la regulación del Colegio de Martilleros y Corredores, que exige matrícula, capacitación y aranceles de referencia para operar en la Ciudad y la Región.
Si el proyecto se convierte en ley, cualquier persona con secundario completo podría competir sin matricularse, y las inmobiliarias establecidas de La Plata, Berisso y Ensenada quedarían frente a una competencia sin el piso regulatorio que hoy ordena honorarios y comisiones. Es el mismo debate que ya atravesaron otras profesiones reguladas durante la gestión de Milei: menos barreras de entrada a cambio de —según el propio Gobierno— más competencia y precios más bajos para el consumidor final.
¿Un paquete más amplio?
La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas desregulatorias que impulsa Sturzenegger, en la misma línea que ya aplicó a otras actividades profesionales reguladas. Es esperable que los colegios de martilleros y corredores de todo el país —incluido el platense— salgan a marcar su posición antes de que el proyecto avance en el Congreso, mientras el Gobierno apuesta a instalarlo como parte de su agenda de desregulación de cara al segundo semestre.
