El bloque de La Libertad Avanza presentó una iniciativa que modifica la Ley Provincial de Tránsito y prohíbe exigir libre deuda para gestionar o renovar la licencia. Las multas se seguirán cobrando por la vía judicial, pero ya no podrán funcionar como candado administrativo. El proyecto apunta al Decreto 532/09, la norma que hoy condiciona el trámite.
Uno de los reclamos más viejos del automovilista bonaerense vuelve a la Legislatura. El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto para modificar la Ley Provincial de Tránsito Nº 13.927 y evitar que las multas impagas bloqueen la renovación del registro de conducir en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa mantiene el cobro de las infracciones —por vía judicial— pero apunta a eliminar el condicionamiento administrativo que hoy convierte al trámite en un mecanismo de presión.
Para La Plata, donde miles de vecinos hacen fila mes a mes en los centros de emisión de licencias, la propuesta toca un nervio sensible: la traba de las multas es uno de los principales motivos por los que los platenses no logran renovar la licencia en tiempo y forma, con consecuencias directas sobre el trabajo cotidiano de choferes, repartidores, comerciantes y profesionales que dependen del auto.
Qué dice el proyecto
La iniciativa presentada por el diputado provincial establece que ninguna autoridad provincial o municipal podrá exigir la presentación de un libre deuda como requisito para:
- Iniciar el trámite de la licencia.
- Renovarla.
- Solicitar un duplicado.
- Otorgar el registro por primera vez.
Además, dispone que las actas de comprobación, infracciones en trámite y multas impagas sin sentencia firme no podrán frenar la gestión. El organismo emisor de la licencia podrá informar al conductor sobre el estado de sus antecedentes, pero esa comunicación tendrá carácter estrictamente informativo.
El Estado, en tanto, conservará todas sus facultades para reclamar el cobro por las vías legales correspondientes —el juicio de apremio, principalmente—.
Qué no cambia
Para prevenir confusiones, el proyecto deja tres cosas claras:
- Las multas siguen vigentes y hay que pagarlas.
- Las inhabilitaciones firmes para conducir no se modifican: quien está inhabilitado, sigue inhabilitado.
- Las sanciones con sentencia ejecutoriada conservan su efecto.
Lo que se elimina, en concreto, es el uso del trámite del registro como palanca de recaudación cuando la infracción todavía no fue juzgada o cuando la deuda no cuenta con sentencia firme.
El argumento legal: el decreto que agregó el requisito
Uno de los puntos técnicos más fuertes del proyecto es que apunta directamente al Decreto provincial Nº 532/09 como origen del problema. Según los fundamentos, ni la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 ni la Ley Provincial Nº 13.927 exigen la presentación de un libre deuda para acceder a la licencia. El requisito habría sido incorporado por vía reglamentaria, no por ley del Congreso ni de la Legislatura.
Los autores también citan antecedentes de tribunales bonaerenses que ya cuestionaron este tipo de restricciones administrativas por considerarlas desproporcionadas y ajenas al espíritu de la normativa vial.
La frase política del proyecto la resumió su autor: *»El registro de conducir es para manejar, no para recaudar. Si una multa corresponde, que el Estado la cobre por las vías legales, pero no impidiendo que un vecino pueda renovar su licencia como mecanismo de presión para agrandar la caja»*.
La lectura política: agenda desregulatoria libertaria en la Provincia
El proyecto se inscribe en la agenda desregulatoria que el bloque libertario viene empujando en la Provincia y en los concejos deliberantes bonaerenses. La lógica es la misma que se aplicó en otros frentes:
- Reducir controles administrativos vistos como recaudatorios o abusivos.
- Separar la sanción del castigo colateral: multa por un lado, licencia por otro.
- Instalar la marca «menos Estado, más libertad» como bandera política de cara a 2027.
La contracara es también política. Los municipios bonaerenses —incluida La Plata— usan las multas como fuente de ingresos importante. El sistema de fotomultas, en particular, aporta cifras millonarias al presupuesto local. Si el registro deja de funcionar como palanca de cobro, los municipios pierden una herramienta clave de presión sobre el conductor moroso.
Esa tensión —entre desregulación libertaria y necesidad recaudatoria municipal— es el trasfondo real del debate. La discusión en la Legislatura bonaerense va a cruzar ese eje.
La foto local: colas, demoras y bronca en los centros platenses
Para el conductor platense, el proyecto se lee en clave cotidiana. Los centros de emisión de licencias —el principal en el Estadio Único y otros en distintos puntos de la ciudad— reciben cada semana a cientos de vecinos que llegan con turno y se van sin registro por deudas de tránsito.
En muchos casos, las multas corresponden a infracciones cuestionadas o en discusión, con actas de comprobación cuya validez está en trámite. En otros, se trata de deudas viejas que aparecen recién al momento de renovar. El resultado es siempre el mismo: el trámite se frena y el conductor queda con la licencia vencida, expuesto a nuevas multas si sigue circulando.
Para trabajadores platenses que dependen del auto —choferes de aplicación, remiseros, repartidores, comerciantes que hacen entregas— la traba puede significar directamente quedarse sin ingresos. Y para el municipio, la queja se acumula: cada semana llegan reclamos a las oficinas de atención al vecino por demoras y bloqueos administrativos.
Lo que viene: el debate en la Legislatura
El expediente arranca ahora su recorrido en la Cámara de Diputados bonaerense. Sin cronograma confirmado, la iniciativa deberá pasar por comisiones antes de llegar al recinto. Con la Legislatura fragmentada y el peronismo bonaerense sosteniendo mayoría relativa, la aprobación no está garantizada: el proyecto va a chocar con la resistencia de los municipios y de los sectores que defienden el uso administrativo de las multas como herramienta de disciplinamiento vial.
Del otro lado, la iniciativa libertaria tiene un argumento fuerte de cara al conductor común, que suele ser electorado sensible en años electorales.
Si el proyecto avanza y se aprueba, La Plata y el resto de la Provincia van a ver un aumento inmediato de renovaciones de licencia y una descompresión en los centros de emisión. Pero también van a caer los ingresos municipales asociados a las multas pagadas por presión administrativa, lo que va a obligar a repensar el esquema fiscal local. Si el proyecto queda trabado en comisiones —el destino más probable de la mayoría de las iniciativas opositoras—, la discusión política igual queda instalada: uno de los reclamos más antiguos y transversales del automovilista bonaerense encuentra por fin vocero legislativo. Y ese sólo hecho, en año preelectoral, ya es una jugada.
