El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó ante el juez Ariel Lijo un pedido de 207 páginas con 20 puntos que el exjefe de Gabinete debe aclarar. La investigación incluye inmuebles, criptomonedas, remodelaciones millonarias y movimientos patrimoniales a nombre de su esposa. Si las explicaciones no alcanzan, Adorni puede ir a indagatoria.
El caso que sacudió al Gobierno en mayo suma un capítulo clave. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un pedido formal ante el juez Ariel Lijo para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni justifique el crecimiento de su patrimonio en un plazo de 15 días. Además, el escrito de 207 páginas detalla 20 puntos considerados inconsistentes. En consecuencia, la causa por presunto enriquecimiento ilícito entra en su fase decisiva.
Para la política nacional, el movimiento es doblemente sensible. Adorni renunció como Jefe de Gabinete el 27 de junio, después de meses de presión creciente sobre su figura y del «Manifiesto Próximo Paso» firmado por el PRO en mayo que le marcó la cancha al Gobierno. Sin embargo, la salida del cargo no lo blindó frente a la Justicia: la causa quedó firme y esta semana avanzó con la exigencia formal del fiscal.
Patrimonio Adorni: qué se investiga
El período bajo la lupa va desde el 14 de diciembre de 2023 —cuando Adorni asumió como vocero presidencial— hasta el 27 de junio de 2026, día de su renuncia como Jefe de Gabinete. En consecuencia, la Justicia analiza toda su trayectoria patrimonial dentro del Estado nacional.
Además, la investigación alcanza tanto los bienes declarados por el exfuncionario como los movimientos patrimoniales a nombre de su esposa, Bettina Julieta Angeletti. Por otro lado, Angeletti entró al régimen de «inocencia fiscal» a fines de mayo, un movimiento que abrió un frente adicional en la causa.
Los 20 puntos del requerimiento se agrupan en tres grandes ejes: inmuebles, criptomonedas y otros gastos no justificados por los ingresos legítimos declarados.
Los inmuebles: Country Indio Cuá y Miró 550
El primer capítulo del pedido apunta al Lote 380 del Country Indio Cuá y a la casa construida sobre ese terreno, registrada a nombre de Bettina Angeletti. El fiscal exige conocer el origen del dinero utilizado para la compra y para la construcción. Sin embargo, el dato más llamativo es el monto de la remodelación: se pagaron USD 245.000 al contratista Matías Tabar por reformas completas.
El segundo inmueble bajo investigación es el departamento en Miró 550 (Caballito). Sobre esa propiedad, Pollicita reclama tres explicaciones:
- El origen de los fondos para la adquisición.
- La naturaleza de la transacción utilizada para la compra.
- El dinero destinado a los muebles, pagado en dólares y en efectivo.
En efecto, la combinación de operaciones inmobiliarias sin correlato claro con los ingresos declarados es uno de los ejes centrales de la causa. Además, el uso de efectivo en dólares para compras de mobiliario refuerza las sospechas.
Patrimonio Adorni: las criptomonedas, la «sorpresa» del expediente
El segundo eje del requerimiento tiene un capítulo específico sobre criptoactivos. La Fiscalía detectó capital que Adorni había informado a una wallet virtual al validar su identidad —trámite exigido por las plataformas cripto para cumplir con el «Know Your Customer»— pero que no había declarado originalmente ante la Oficina Anticorrupción.
Por lo tanto, la diferencia entre lo declarado en la wallet y lo declarado ante el Estado se convirtió en una de las principales «sorpresas» del expediente. Además, la Justicia ordenó nuevas medidas para verificar las inversiones cripto y trazar el origen de esos fondos.
En consecuencia, la causa Adorni combina lo tradicional —inmuebles y remodelaciones millonarias— con un frente novedoso: la trazabilidad de activos digitales que hasta hace pocos años ni siquiera formaban parte de las declaraciones patrimoniales estándar.
Qué pasa si Adorni no responde o su respuesta no alcanza
El plazo es de 15 días hábiles. Si Adorni no responde en tiempo, o si sus explicaciones son consideradas insuficientes por el fiscal, el próximo paso lógico es el pedido de indagatoria. Sin embargo, la decisión final de convocarlo a declarar no le corresponde al fiscal Pollicita, sino al juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa.
Por otro lado, la indagatoria implica un cambio cualitativo: Adorni pasaría del rol de investigado en instancia preliminar al de imputado formal. Además, cualquier omisión o inconsistencia en las respuestas puede sumar más cargos, no restar.
El contexto político: renuncia, PRO y desgaste
La causa Adorni marcó buena parte del calendario político nacional del semestre. Su renuncia en junio se produjo en un cuadro de máxima tensión: el PRO había firmado el «Manifiesto Próximo Paso» con frases que apuntaban directamente al entonces Jefe de Gabinete y Mauricio Macri mostró abiertamente su distancia con Javier Milei.
En efecto, el episodio Adorni funcionó como catalizador de la ruptura política más importante que atravesó la alianza libertaria-macrista desde el balotaje de 2023. Además, el desgaste alcanzó incluso a Karina Milei, cuya imagen negativa creció en las últimas encuestas y quien aparece con nombre propio en las nubes de palabras de los principales problemas del país que perciben los argentinos.
Por lo tanto, el pedido del fiscal Pollicita reactiva un frente que la Casa Rosada quería dejar atrás. Sin embargo, con la Justicia avanzando, el tema vuelve al centro de la agenda política nacional.
La lectura judicial: Comodoro Py y el ritmo de la causa
La causa se tramita en Comodoro Py y venía en pausa por la feria judicial de julio. Además, se reactivó a comienzos de agosto con acumulación de denuncias y peritajes en marcha. En consecuencia, esta semana el fiscal dio el paso más contundente hasta ahora: el pedido formal de justificación patrimonial.
Por otro lado, la investigación combina elementos técnicos —informes contables, cruces de datos con la Oficina Anticorrupción y AFIP— con líneas de análisis sobre contratos, movimientos bancarios y operaciones inmobiliarias. Sin embargo, el punto de mayor complejidad sigue siendo el rastro de las criptomonedas, un terreno donde la Justicia argentina todavía tiene poca experiencia consolidada.
Proyección
Si Adorni responde en tiempo con documentación robusta, la causa puede prolongarse en la etapa de peritajes por meses. Sin embargo, si las respuestas no alcanzan, el paso siguiente es la indagatoria, con impacto político directo sobre el Gobierno. En cualquier escenario, la investigación funciona como recordatorio permanente de que la salida del gabinete no equivalió a un cierre judicial. En definitiva, el patrimonio Adorni va a seguir marcando la agenda política y judicial del segundo semestre. Y con un PRO cada vez más distante y una opinión pública sensible al tema corrupción —hoy la principal preocupación de los argentinos según las encuestas—, la causa promete generar ruido durante largo tiempo.
