El gobierno bonaerense abrió una investigación formal contra seis fintechs —Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud— ante 2.240 denuncias recibidas en el primer semestre de 2026. Las multas pueden llegar a $1.883 millones. Un informe del CEPA reveló que la morosidad con billeteras virtuales alcanzó el 30,1%, superando el pico de la pandemia y rozando niveles de la crisis de 2001. Kicillof comparó la situación con las hipotecas subprime de 2008 y responsabilizó directamente a la política económica de Javier Milei.
Una mora que no se veía desde 2001
El endeudamiento en billeteras virtuales llegó a niveles que el sistema financiero argentino no registraba en décadas. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos del Banco Central y la Central de Deudores, muestra el alcance del problema. En junio de 2026, la irregularidad con proveedores no financieros de crédito llegó al 30,1%. En noviembre de 2024, era del 7,3%. Además, ese nivel supera el pico de la pandemia, cuando había llegado al 27,1% en mayo de 2020.
El deterioro en los bancos también es pronunciado, pero menor. En octubre de 2024, la morosidad con entidades bancarias era del 2,5%. En junio de 2026, trepó al 12,8%. Por su parte, la morosidad combinada —bancos y billeteras— alcanza el 15,5%.
Los números globales son contundentes. Hay 20,97 millones de deudores en el sistema. De ellos, 5,91 millones están en mora. Asimismo, 2,9 millones son morosos exclusivos con billeteras virtuales: no tienen deudas irregulares en bancos. Solo 1,66 millones son morosos únicamente con bancos. Otros 1,36 millones registran mora en ambos tipos de entidades.
La situación golpea especialmente a los jóvenes. Los menores de 34 años representan el 38,7% del total de morosos. También muestran los índices más altos de irregularidad: entre los 18 y 19 años, la mora con billeteras virtuales llega al 32,7%. En el tramo de 20 a 24 años, al 33,6%. Además, el 72,6% de los jóvenes morosos tiene sus deudas con fintechs, no con bancos.
El modelo que creció al revés del mundo
Kicillof aportó una comparación internacional que explica el nudo del problema. En Brasil, el negocio de Mercado Libre es 60% comercio y 40% servicios financieros. En México, la proporción es similar: dos tercios comercio, un tercio finanzas. Sin embargo, en Argentina es exactamente al revés.
«Lo que eran billeteras digitales se convirtieron en empresas más vinculadas a las finanzas que al comercio», dijo el gobernador. De esta manera, plataformas que se popularizaron como medios de pago expandieron agresivamente su negocio hacia el crédito, la inversión y los servicios financieros. Por otro lado, lo hicieron sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para los bancos.
También denunció que las fintechs discriminan el costo del crédito según el perfil de cada usuario. A través de algoritmos y grandes volúmenes de datos de comportamiento, cobran tasas diferentes a diferentes personas por una misma operación. En ese marco, el deudor no puede conocer con claridad cuáles son los criterios que determinan su tasa. Tampoco puede comparar condiciones entre proveedores.
Los datos del CEPA confirman la magnitud del problema. Entre las grandes empresas del sector, Naranja X registra una mora del 24,5% y Mercado Pago del 17,8%. Asimismo, 15 de las 20 billeteras con mayor volumen de crédito irregular superan el promedio de mora del sector.
El DNU que liberó las tasas y el salario que no siguió
Costa fue directo al identificar el origen político del problema. El DNU 70/2023 del gobierno de Milei derogó el tope de tasas de interés. De esta manera, disparó el costo del financiamiento y dejó a las fintechs —que ya operaban con menor supervisión que los bancos— en una posición aún más ventajosa.
En paralelo, el gobierno nacional implementó lo que Kicillof describió como «paritarias cero»: la no homologación de acuerdos salariales que superaran determinados topes. Según el CEPA, el salario real acumula una caída del 8,7% desde la asunción de Milei. Con una medición alternativa basada en la canasta de la ENGHo 2017/18, la pérdida llega al 18,7%.
En ese contexto, el crédito se convirtió en válvula de escape. Las familias tomaron deuda para cubrir gastos corrientes: alimentos, medicamentos, alquiler. También para pagar servicios. Además, la carga mensual del servicio de deuda representó en abril de 2026 el 24,1% de la masa salarial. El 80% de ese peso corresponde a préstamos personales y tarjetas de crédito.
«De más está decir la enorme angustia y la desesperación que está generando esta situación», dijo Kicillof. Añadió que las familias se endeudaron no por derroche, sino «para sobrevivir». Por lo tanto, responsabilizó al gobierno nacional de sostener deliberadamente ingresos deprimidos como parte de su esquema antiinflacionario.
2.240 denuncias y una investigación que ya tiene antecedentes
La Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia recibió 2.240 denuncias en el primer semestre de 2026 contra seis empresas del sector: Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. Los motivos incluyen incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento a usuarios en mora.
No es el primer movimiento del gobierno bonaerense en esta dirección. En enero pasado, la Provincia inició una investigación de oficio sobre Mercado Libre y Mercado Pago. El objetivo fue analizar los términos y condiciones que cada usuario acepta obligatoriamente al crear una cuenta. Sin embargo, ninguna persona los lee por su extensión y tecnicismos jurídicos.
La investigación encontró irregularidades graves. Las empresas no informaban el costo real de sus servicios. Además, los cambios en términos y condiciones se daban por aceptados en forma automática. Si la plataforma fallaba, la responsabilidad recaía en el usuario. Asimismo, el contrato autorizaba a Mercado Pago a debitar cuotas desde cuentas de terceros vinculadas. Por último, los reclamos judiciales debían tramitarse en tribunales porteños, sin importar en qué provincia viviera el afectado.
Tras la imputación de oficio, Mercado Pago revirtió esas cláusulas. Costa informó que fue la presión regulatoria de la Provincia la que logró ese resultado.
El expediente abierto y las multas en juego
El nuevo expediente de investigación amplía el alcance de esas acciones. Las seis fintechs denunciadas deberán presentar sus descargos. También deberán detallar los criterios con los que fijan las tasas de interés y explicar la composición real del costo financiero total.
«Es imposible determinar cuáles son los criterios que se utilizan para que cada tomador de crédito enfrente las condiciones que enfrenta», dijo Costa. En ese sentido, la opacidad algorítmica es uno de los ejes centrales de la investigación. De comprobarse los incumplimientos, la normativa estipula multas de hasta $1.883 millones por empresa. También obliga a revertir las prácticas violatorias.
La investigación está a cargo de la Dirección de Defensa del Consumidor. El subsecretario Ariel Aguilar y la subsecretaria Mariela Bembi participaron del anuncio junto a Kicillof y Costa.
Las subprime, el estallido y la CGT en la calle
Kicillof eligió una metáfora de alto voltaje para describir el fenómeno. Comparó la situación argentina con la crisis de las hipotecas subprime de 2008 en Estados Unidos. En aquella crisis, los bancos otorgaron hipotecas de alto riesgo a clientes de baja solvencia. También cobraron tasas más altas y comisiones más gravosas. El sistema colapsó. Las pérdidas se generalizaron y llegaron a provocar la quiebra de Lehman Brothers, una firma fundada en 1850.
La analogía no es casual. Así como en 2008 el problema comenzó como un acuerdo entre privados —banco y deudor— y terminó afectando al sistema financiero global, Kicillof advierte que el endeudamiento masivo de familias argentinas con fintechs sin regulación sistémica puede derivar en un problema de otra escala.
Las organizaciones sindicales y de consumidores ya salieron a la calle. La CGT y las dos CTA realizaron una marcha multitudinaria al Ministerio de Economía para reclamar un plan de refinanciación de deudas y regulación de tasas. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, fue directo: «No hay que descartar que el alto nivel de endeudamiento sea el desencadenante de un estallido social en el país».
Por su parte, Osvaldo Bassano, director de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), describió un cuadro institucional preocupante. «El Ejecutivo dice que no hay ningún problema. El Legislativo tiene proyectos bloqueados. El Poder Judicial no resuelve a favor de los consumidores», dijo. Sin salida institucional, alertó, el conflicto puede terminar en la calle con «violencia y desquicio social».
Gerónimo Rossi, titular de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios (ACUBA), señaló el mecanismo del problema: «Son préstamos de urgencia que la gente toma y no repara en el costo. Un consumidor urgido encuentra un salvavidas de plomo en su celular». También cuestionó el scoring algorítmico: «¿Quién valoró la capacidad crediticia de esas personas? No sabemos si es un algoritmo con base sustentable. Acá hay una proliferación de créditos masivos sin ningún control».
En ese contexto, cinco millones de personas están en proceso de refinanciación, al borde de la asfixia financiera.
Provincia versus Nación: el fondo político del anuncio
El anuncio de Kicillof y Costa no es solo una medida de política de consumidores. Es también un posicionamiento político en un eje de disputa clara con el gobierno nacional. Costa lo dijo sin rodeos: «El Gobierno bonaerense va a contramano de lo que está haciendo la Nación. Mientras ellos abandonan y generan las condiciones para que esta problemática se expanda, nosotros usamos todas las herramientas disponibles para estar cerca de las familias vulnerables».
Sin embargo, los instrumentos de la Provincia tienen límites estructurales. La regulación macroprudencial del sistema financiero —la que podría establecer topes de tasas o requerimientos de capital a las fintechs— es competencia del Banco Central, que depende del gobierno nacional. Por lo tanto, la Provincia actúa desde el derecho del consumidor: expedientes, multas, obligación de transparencia. No puede fijar tasas ni imponer normas prudenciales a escala sistémica.
En ese marco, el anuncio tiene una doble lectura. Por un lado, es una respuesta concreta ante más de dos mil denuncias y una morosidad en niveles históricos. Por otro, es la demostración de que el gobierno bonaerense busca construir un relato político claro: el endeudamiento familiar es el resultado directo del modelo de Milei, y la Provincia es el único nivel del Estado que actúa.
Kicillof cerró el argumento sin margen para la ambigüedad: «Esto no es un problema entre privados. Es el resultado de la macroeconomía de Milei, donde las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler». De esta manera, la crisis de los morosos se convierte en el terreno donde el kirchnerismo bonaerense plantea la disputa política con el gobierno nacional de cara a los próximos meses.
