La investigación provincial por mora récord mantiene a Mercado Pago en el centro del debate. Sin embargo, los cuestionamientos no terminan en las tasas. La política de privacidad de la plataforma revela otras prácticas cuestionadas: recolección masiva de datos personales, scoring algorítmico opaco y cláusulas abusivas que la Provincia ya obligó a revertir.
El debate por las tasas abre otras preguntas
La Provincia de Buenos Aires abrió una investigación formal contra seis fintechs, entre ellas Mercado Pago. El motivo fueron las tasas abusivas y el acoso a usuarios en mora. Sin embargo, los cuestionamientos al ecosistema de Marcos Galperin van más allá de la usura.
También alcanzan al modelo de negocios que hace posible esa discriminación de precios. Se trata de la recolección masiva de datos personales, el scoring algorítmico opaco y una serie de cláusulas contractuales. Hasta hace poco, esas cláusulas pasaban inadvertidas para los millones de usuarios de la plataforma.
InfoPlatense informó esta semana sobre la investigación provincial y las 2.240 denuncias del primer semestre. Además, cubrió la mora que llegó al 30,1%, superando el pico de la pandemia. Lo que sigue es el otro lado de esa historia.
El «gemelo digital» que construye Mercado Pago
La política de privacidad de Mercado Pago fue actualizada el 20 de mayo de 2026. En ese documento, la plataforma autoriza la recolección de datos personales, bancarios y fiscales. También incluye el historial de compras, pagos, transferencias, retiros y créditos.
Asimismo, recopila la geolocalización del usuario, la información del dispositivo y la actividad dentro de la aplicación. En determinados casos, también accede a las listas de contactos del teléfono. Además, puede incorporar datos de ANSES, el Banco Central y aliados comerciales como Amazon y WhatsApp.
Toda esa información alimenta algoritmos que analizan el comportamiento y la capacidad económica de cada usuario. El resultado es lo que el economista Martín Burgos llama un «gemelo digital». Se trata de un perfil que anticipa comportamientos más allá de lo que el usuario imagina haber compartido.
Sabían hasta dónde trabajabas
Un ejemplo revelador es la integración con la SUBE. Cuando el transporte aceptó pagos digitales, Mercado Pago obtuvo datos de movilidad de alta frecuencia. «Sabían más que cualquiera: hasta dónde trabajabas», señala Burgos, coautor del libro República Mercado Libre.
Por su parte, los monotributistas están aún más expuestos. La plataforma sincroniza automáticamente la condición fiscal de cada usuario con ARCA. De esta manera, accede a la situación impositiva actualizada sin que el usuario lo solicite.
El vacío legal de los «datos inferidos»
Para Lucía Camacho, de Derechos Digitales, el uso de estos datos es técnicamente legal. La razón es que se apoya en el consentimiento otorgado en los términos y condiciones. Sin embargo, advierte que la política refleja «una visión corporativa de profundo apetito por nuestros datos».
Asimismo, señala que esa política resulta incompatible con el principio de minimización de información personal. El problema más profundo son los llamados «datos inferidos»: perfiles construidos de forma automatizada a partir del comportamiento. En Argentina, esos datos no están categorizados como información personal protegida, lo que genera un vacío regulatorio.
«No va a haber información que esta gente no sepa de uno. Que puedan hacer todo eso no significa que debieran», concluye Camacho.
Las cláusulas que la Provincia ya obligó a revertir
En enero pasado, el gobierno bonaerense investigó los términos y condiciones de Mercado Pago. Lo que encontró fue contundente. Los cambios en los contratos se daban por aceptados de manera automática.
Además, el contrato autorizaba a Mercado Pago a debitar cuotas desde cuentas de terceros vinculadas. También obligaba a los usuarios a reclamar judicialmente en tribunales porteños, sin importar dónde vivieran. Asimismo, si la plataforma fallaba, la responsabilidad recaía en el usuario.
Tras la imputación, Mercado Pago revirtió esas cláusulas. Por su parte, la Provincia señaló que fue su presión regulatoria la que logró ese resultado. En tanto, la empresa no respondió a las consultas periodísticas sobre ninguno de estos puntos.
La opacidad que explica el precio del crédito
Todos estos elementos convergen en el centro de la polémica actual. La capacidad de construir perfiles detallados hace posible la discriminación de precios que la Provincia investiga. De esta manera, la plataforma cobra tasas diferentes a distintas personas por el mismo crédito.
En ese marco, el deudor no puede conocer los criterios que determinan su tasa. Tampoco puede comparar condiciones entre proveedores. Por otro lado, el Banco Central reguló en junio de 2026 las tasas máximas para préstamos personales.
Sin embargo, el vacío en materia de datos inferidos y scoring algorítmico permanece abierto. Ese vacío convierte a las billeteras virtuales en uno de los sectores menos regulados del sistema financiero. Y es precisamente el que la investigación provincial dejó al descubierto.
