La Justicia avanza en la causa de loteos ilegales en La Plata con una nueva medida sobre el patrimonio del exintendente Julio César Garro. Desde principios de 2025, por orden de la jueza Marcela Garmendia, se decretó el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del exjefe comunal y de otros cuatro exfuncionarios de su gestión.
La medida busca determinar si existen activos sospechosos vinculados a la presunta asociación ilícita inmobiliaria que investiga la causa.
Quiénes están alcanzados por la medida
Además de Garro, el levantamiento del secreto alcanza a la exsecretaria de Planeamiento María José Botta, al exsecretario de Obras Públicas Luis Esteban Barbier, al exsubsecretario del área Leandro David Ronga, y al exsubsecretario de Tierras, Hábitat y Viviendas Augusto Sciarretta.
Con esa orden judicial, la Justicia ya comenzó a reunir elementos para analizar los movimientos patrimoniales de los investigados.
A qué organismos se pidió información
Según trascendió, se solicitaron informes a distintos organismos estatales para obtener datos sensibles sobre el patrimonio de los imputados. Los requerimientos fueron dirigidos al Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, al Registro del Automotor y Créditos Prendarios, a ARBA, a la Inspección General de Justicia, a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, a ARCA y al Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina, entre otros.
Estos pedidos apuntan a reconstruir bienes registrables, sociedades y eventuales activos vinculados a los imputados dentro de la causa «Garro, Julio y otros s/ Fraude en perjuicio de la administración pública», que también incluye al exsecretario de Coordinación Oscar Negrelli y a otros nueve imputados.
El estado de la causa
Con más de 14 cuerpos, la instrucción tramita ahora su etapa de recolección de elementos de cargo en la UFI N°5, a cargo del fiscal Juan Menucci. La denuncia original la había presentado en octubre de 2024 la secretaria de Justicia municipal, Marina Mongiardino, por irregularidades en emprendimientos inmobiliarios ocurridas durante la gestión anterior.
La presentación judicial señala que el municipio habría permitido urbanizaciones ilegales sin cumplir con las leyes provinciales, pese a las reiteradas objeciones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial, y que parte de esas urbanizaciones habría avanzado sobre el cordón frutihortícola.
La dimensión del problema
Según relevó la actual gestión municipal, los loteos ilegales en La Plata suman aproximadamente 450, distribuidos en distintos barrios de la ciudad. Abarcan 3.380 hectáreas, con 6.876 viviendas ya construidas y una capacidad potencial de más de 32.800 parcelas que hubieran podido alojar a alrededor de 165.000 personas.
Frente a esa situación, miles de familias adquirieron de buena fe lo que creían eran lotes legales, cuando en muchos casos se trataba de porcentajes indivisos de parcelas rurales que nunca reunieron las condiciones para ser subdivididas o escrituradas.
Este avance judicial confirma que la causa de los loteos ilegales sigue en pleno desarrollo, cinco meses después de que Garro fuera notificado formalmente de su imputación. El análisis patrimonial que ahora se ejecuta puede aportar los elementos que definan el rumbo de la investigación en las próximas semanas.
