El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó una reunión urgente con la Dirección General de Cultura y Educación para organizar la respuesta de las escuelas ante los eventos climáticos asociados con El Niño. El planteo se suma a una agenda que ya incluía salarios, prestaciones de IOMA, defensa del régimen jubilatorio, licencias médicas, infraestructura y estabilidad laboral.
El FUDB está integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP. Aunque las organizaciones mayoritarias no anunciaron medidas de fuerza, buscan que la administración provincial brinde respuestas antes de que los distintos reclamos comiencen a converger en un conflicto más amplio.
El Niño entra en la agenda educativa
La presentación fue dirigida a la cartera que conduce Flavia Terigi. Los sindicatos reclamaron una reunión para abordar de manera coordinada las medidas de prevención, organización y actuación frente a las posibles consecuencias del fenómeno climático.
Según explicó SUTEBA, el objetivo es anticipar el impacto que las lluvias intensas, inundaciones y anegamientos podrían producir sobre los establecimientos y las comunidades educativas. El pedido abre varias discusiones: cuáles son los edificios con mayores problemas, qué protocolos se utilizarán ante alertas meteorológicas, cómo se decidirá la suspensión de actividades y de qué manera se garantizará la continuidad pedagógica en los distritos afectados.
También aparece el estado de la infraestructura: canaletas obstruidas, filtraciones, instalaciones eléctricas expuestas, problemas en techos y dificultades de acceso pueden convertir un episodio meteorológico en un riesgo para alumnos y trabajadores.
El reclamo se produce mientras la Provincia despliega sistemas de monitoreo, comités de cuenca y mesas de coordinación con los municipios. La exigencia sindical apunta a incorporar formalmente al sistema educativo dentro de ese esquema preventivo.
La paritaria que todavía espera una convocatoria
La discusión climática se superpone con el frente salarial. El último acuerdo otorgó un incremento acumulado del 7% sobre los haberes de junio, distribuido en un 5% para julio y otro 2% para agosto. La propuesta fue aceptada por la mayoría de las organizaciones, aunque la FEB aclaró que su aprobación interna se produjo por un margen estrecho.
El entendimiento incluyó el compromiso de revisar la evolución de los ingresos durante septiembre. El FUDB ya presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo, encabezado por Walter Correa, para activar esa cláusula y retomar la negociación. Los sindicatos sostienen que la inflación, las tarifas y el endeudamiento de las familias volvieron insuficiente la actualización acordada.
El ministro de Economía Pablo López calificó el acuerdo de julio como un esfuerzo considerable dentro de un escenario fiscal complejo. Los gremios reconocen el efecto del ajuste nacional, aunque reclaman que la administración bonaerense preserve los ingresos de sus trabajadores.
Una agenda que excede los salarios
Uno de los puntos más delicados es la caída de la natalidad y su impacto sobre la matrícula. Los sindicatos reclaman que cualquier reordenamiento de cursos, cargos u horas se discuta previamente en una comisión técnica y no produzca pérdida de puestos de trabajo.
También reclaman conocer el estado de las modificaciones al Régimen Académico, avanzar con las titularizaciones en Educación Agraria y revisar el funcionamiento de las licencias médicas. A ello suman la intención de convertir el Convenio Colectivo de Trabajo en un acuerdo paritario con obligaciones formales para las partes.
Otro capítulo se relaciona con la violencia y el acoso hacia los trabajadores. En julio, el Gobierno y los gremios acordaron una adenda preventiva y anunciaron la campaña «Cuidemos a quienes enseñan». Ahora, las organizaciones quieren conocer su grado de implementación.
IOMA sigue en el centro del reclamo
La cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial continúa ocupando un lugar central. Los sindicatos piden garantizar el acceso efectivo a consultas, tratamientos y medicamentos, sin cobros adicionales ni interrupciones derivadas de conflictos con los prestadores.
IOMA sostiene que no existe un recorte generalizado y atribuye parte de los problemas a diferencias administrativas, convenios incumplidos y prestaciones judicializadas. Sin embargo, docentes de distintos distritos denuncian dificultades para conseguir turnos, especialistas y atención sin coseguros.
A la discusión sanitaria se suma la defensa del Instituto de Previsión Social (IPS). Los gremios rechazan cualquier modificación que implique transferir el sistema a Nación, aumentar la edad jubilatoria o alterar el régimen especial docente.
