La Cámara baja bonaerense negó haber ocultado información, sostuvo que el archivo de expedientes fue anterior al pedido judicial y que las actuaciones cuestionadas corresponden a otra causa. Lo firmaron todos los bloques, salvo Hechos y el Frente de Izquierda.
La Cámara de Diputados bonaerense salió a responder la denuncia por encubrimiento que presentó el juez de Garantías Guillermo Atencio en el caso Chocolate. En un comunicado, las autoridades del cuerpo y casi todos los jefes de bloque sostuvieron que la Legislatura actuó dentro de las normas y colaboró con la Justicia, y que el archivo de expedientes se decidió antes de que llegara el requerimiento judicial cuestionado.
El núcleo de la defensa es una secuencia de fechas. Según Diputados, el mecanismo de archivo figura en el reglamento de la Cámara desde 2002 y se aprobó con más de dos tercios de los votos el 28 de mayo de 2026, mientras que el pedido de información judicial ingresó recién el 19 de agosto. De ahí la conclusión del cuerpo: «de ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas».
Qué denunció Atencio en el caso Chocolate
El juez presentó la denuncia el viernes 25 de septiembre ante la fiscalía de turno del Departamento Judicial de La Plata, y quedó a cargo de la UFI 11, que conduce el fiscal Álvaro Garganta. La encuadró en el artículo 277, inciso 1°, del Código Penal, que tipifica el encubrimiento.
Atencio fundamentó su presentación en el deber de todo funcionario judicial: sostuvo que, ante la posible comisión de un delito de acción pública, «me veo en la obligación de hacer esta denuncia».
Lo que buscaba la Justicia era identificar a los legisladores que firmaron las designaciones de los empleados cuyas tarjetas usaba Rigau. Es decir, no solo reconstruir cómo se retiraba el dinero, sino quién incorporó a esas personas a la planta de la Legislatura. Ese era, según la Fiscalía, el segundo tramo de la investigación, y el que ahora quedó bloqueado.
Las fechas que no terminan de cerrar
La cronología que presentó Diputados choca con otros datos del expediente. Según La Nación, la fiscal Betina Lacki había presentado su requerimiento en abril de 2025, y tras varias dilaciones Atencio llegó a emitir una orden de presentación, el paso previo a un allanamiento, para exigir la documentación.
Ahí está la clave para leer el comunicado. Diputados habla del requerimiento que ingresó el 19 de agosto, pero el reclamo de la Justicia por esos papeles venía de más de un año antes. Que el archivo sea anterior a un pedido puntual no despeja la pregunta de fondo: si la Cámara ya sabía que la Fiscalía buscaba esos expedientes cuando votó archivarlos.
La otra tensión es sobre la forma de la votación. La Nación la describió como una votación secreta que buscó pasar inadvertida. El comunicado de Diputados sostuvo lo contrario: que fue pública, en una sesión transmitida en vivo, con registro disponible en la Cámara. También se informó que el archivo se votó en una sesión en la que se trataron miles de resoluciones administrativas, un dato que explica cómo una decisión de ese peso pudo pasar sin debate.
Diputados dijo que el expediente era de otra causa
El segundo argumento del comunicado apunta a separar las causas. La Cámara afirmó que las actuaciones a las que se refería el requerimiento judicial no estaban vinculadas directamente con la investigación sobre Rigau, sino con otro expediente, identificado como causa Rodríguez.
Para reforzar ese punto, recordó que en la causa Rigau sí aportó información a la Justicia y que esa investigación llegó a la elevación a juicio, con personas privadas de la libertad. Con esos antecedentes, la conducción del cuerpo rechazó que haya existido una conducta institucional para frenar la pesquisa.
Fueros y división de poderes: el blindaje político
El comunicado tiene también un costado jurídico que funciona como escudo. Diputados cuestionó que se busque responsabilizar penalmente a legisladores por sus votos y citó el artículo 96 de la Constitución bonaerense, que protege las opiniones y votos de los integrantes de ambas Cámaras en el ejercicio de sus cargos.
El cuerpo agregó que la división de poderes supone controles cruzados, pero dentro de los límites constitucionales, y que ningún poder debería usar sus atribuciones para condicionar a otro. Es una respuesta en dos planos: defiende la legalidad del archivo y, a la vez, advierte que el voto legislativo no puede ser materia de una causa penal.
Quiénes firmaron y quiénes no
El documento reunió un arco político amplio. Lo firmaron el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, el vicepresidente primero Alexis Guerrera y el resto de las vicepresidencias, además de los jefes de bloque de UP, LLA, PRO, UCR y otras bancadas, entre ellos Facundo Tignanelli, Juan Esteban Osaba y Alejandro Rabinovich*.
Que oficialismo y oposición firmaran juntos una defensa institucional frente a un juez dice tanto como el contenido del comunicado. Las ausencias del bloque Hechos y del Frente de Izquierda dejan planteada una fisura que puede crecer si la investigación avanza.
El caso estalló en septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido en un cajero del Banco Provincia en el centro de La Plata con 48 tarjetas de débito de empleados legislativos. La hipótesis de la investigación es que casi medio centenar de personas figuraban como empleados de la Legislatura, pero cedían sus tarjetas para que Rigau retirara los salarios en los cajeros de 7 y 54.
Atencio estimó que el perjuicio podría rondar los 2.800 millones de pesos. La causa involucra también a Claudio Albini, exsubdirector de personal de la Legislatura, y a su hijo Facundo, concejal platense, quienes, junto con Rigau, cumplen arresto domiciliario. En paralelo, la Justicia avanzó con citaciones en la causa conocida como Chocolate II, que investiga un esquema similar en el Senado bonaerense.
Qué puede pasar ahora
La pelota quedó en manos del fiscal Garganta, que deberá definir si avanza con la denuncia y si pide los registros de la sesión del 28 de mayo. El punto a seguir es si la Justicia logra acreditar que la Cámara conocía el reclamo de Lacki antes de votar el archivo: si eso ocurre, el argumento de las fechas pierde fuerza. Del otro lado, la invocación de los fueros anticipa que la Legislatura dará la pelea en el terreno constitucional, y que la pregunta sobre quién designó a los empleados del caso Chocolate puede seguir sin respuesta por un buen tiempo.
