El exdiputado libertario, que durante años cuestionó a quienes se jubilaron sin los 30 años de aportes, fue fotografiado en la oficina de San Isidro. Según trascendió, tendría apenas cinco años aportados y habría pedido una Unidad de Pago Previsional para completar el resto.
El trámite de jubilación de José Luis Espert se convirtió en el tema político del día. El economista fue fotografiado en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social, según imágenes difundidas por Radio Gráfica, y la escena dejó expuesta una contradicción difícil de explicar para uno de los críticos más duros del sistema de moratorias.
Espert tiene 64 años y, según indicó el gremialista Rodolfo Aguiar, registra solo cinco años de aportes, cuatro de ellos correspondientes a su actividad como diputado nacional. Para completar los años que le faltan, habría solicitado una Unidad de Pago Previsional (UPP) dentro del Plan de Pago de Deuda Previsional. Ese dato no fue confirmado públicamente por ANSES, y el exlegislador tampoco salió a aclararlo.
El plan que Espert votó en contra
El mecanismo al que habría recurrido tiene historia parlamentaria. La normativa que creó el Plan de Pago de Deuda Previsional es la Ley 27.705, sancionada en 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández. El 28 de febrero de 2023, Espert votó contra ese plan, que fue aprobado con 134 votos afirmativos y 107 negativos.
Más de tres años después, esa misma ley aparece como su salida para acceder a un haber previsional. No es un detalle técnico: es la herramienta que el espacio libertario presentó como símbolo del «despilfarro» del sistema y que intentó desarmar desde la llegada de Javier Milei al poder.
Qué dijo Espert sobre las moratorias
La foto en ANSES pesa más por lo que Espert sostuvo en público. Fue uno de los dirigentes que con mayor dureza cuestionó durante años a quienes accedieron a una jubilación sin completar los 30 años de aportes exigidos por el régimen general.
El punto más alto de esa postura llegó en junio de 2025, durante el debate por la extensión de la moratoria previsional en Diputados. En aquella discusión, Espert afirmó que «la categoría de jubilado está para el que hizo todos los aportes». También sostuvo que quienes no habían realizado todos los aportes podían recibir, eventualmente, un subsidio, pero que no correspondía otorgarles la categoría de jubilados.
Esa moratoria, la que alcanzaba mayormente a amas de casa y trabajadores informales que llegaron a la edad jubilatoria sin aportes registrados, fue la que el oficialismo combatió con más energía. Ahora, uno de sus principales detractores se encuentra del otro lado del mostrador.
Cómo funciona la Unidad de Pago Previsional
Conviene precisar de qué se trata, porque no es exactamente la misma figura que la moratoria de 2014 o la que se debatió en 2025. La Ley 27.705 creó específicamente un sistema de unidades de pago destinadas a completar períodos necesarios para acceder a una prestación previsional, y el valor de cada unidad está vinculado al 29% de la base mínima imponible vigente al momento de solicitar la prestación.
La norma prevé dos modalidades. La Unidad de Pago de Deuda Previsional, para quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria, tuvo vigencia hasta el 23 de marzo de 2025. La otra, para trabajadores en actividad, permite que las personas que saben que no van a llegar a los 30 años de aportes empiecen a saldar su deuda previsional. Esa vía alcanza a hombres de entre 55 y 65 años que no hayan estado registrados como dependientes, autónomos o monotributistas en los períodos que buscan regularizar.
Ahí está la clave del apuro. Según publicaciones periodísticas, Espert tendría que pagar el equivalente a los 25 años que le faltan, unos 9 millones de pesos, y hacerlo antes del 21 de noviembre, cuando cumple 65 años: la ley permite comprar años de aportes, pero el día en que se alcanza la edad jubilatoria todo tiene que estar cancelado. Por eso, no es seguro que complete el trámite.
La reacción gremial
La difusión de la foto tuvo un protagonista claro: el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, que la usó para apuntar contra el exdiputado con un posteo cargado de ironía. Horas más tarde, amplió el blanco hacia La Libertad Avanza y acusó al oficialismo de haber eliminado la moratoria previsional para ahora salir a buscarla.
El dato no es menor para el gremio, que tiene fuerte presencia en la Provincia y en la administración pública platense, y que viene sosteniendo la pelea por los haberes jubilatorios como uno de sus ejes de conflicto con el Gobierno nacional.
Un dirigente en retirada y con una causa abierta
La escena en San Isidro se suma a un presente político complicado para Espert. En octubre de 2025 debió bajarse de la cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras conocerse sus vínculos con el empresario Fred Machado, y desde entonces casi no tuvo exposición pública.
La aparición en ANSES ocurre mientras continúa imputado en una causa por presunto lavado de dinero vinculada a Machado, condenado en Estados Unidos. La fiscalía investiga si un supuesto contrato de consultoría pudo haber sido usado para justificar el movimiento de esos fondos; Espert niega haber cometido un delito y sostiene que el pago correspondió a un trabajo profesional. En julio se presentó ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y cuestionó la actuación de la fiscalía.
Más que una anécdota
El episodio excede la figura de Espert. Expone una realidad que el discurso libertario evitó durante el debate previsional: buena parte de los argentinos llega a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes, ya sea por informalidad, por trabajo independiente no registrado o por tareas de cuidado no remuneradas.
Que un economista con trayectoria pública, ingresos profesionales y años en la consultoría privada esté en esa situación funciona como argumento para quienes defienden las moratorias. Si el sistema contributivo puro deja afuera incluso a quien lo predica, el problema parece ser estructural.
Lo que viene
En las próximas semanas se sabrá si Espert completa el pago antes del 21 de noviembre o si desiste del trámite. Cualquiera de las dos salidas tendrá lectura política: avanzar confirmaría que usó la herramienta que rechazó; abandonar dejaría la sensación de un intento frustrado por la exposición.
Mientras tanto, el caso le da a la oposición y a los gremios estatales un argumento con nombre y apellido para el debate previsional que se viene, en un contexto en el que el Gobierno sostiene su rechazo a cualquier nueva moratoria.
