El proyecto, impulsado por el senador Sergio Berni, obtuvo dictamen favorable por unanimidad en la Comisión de Trabajo y Legislación Social. Establece que las retenciones por deudas voluntarias no podrán superar el 30% del sueldo neto, con un piso del Salario Mínimo garantizado.
Además, crea un régimen de reordenamiento financiero para reunificar cuotas, bajar intereses y refinanciar obligaciones. El contexto: morosidad récord, salarios estatales planchados y recibos que llegaban a $4,50 “de bolsillo”.
Los descuentos salariales estatales entran en la mira de la Legislatura bonaerense. El Senado provincial avanzó este lunes con un proyecto de ley que busca proteger los ingresos de los trabajadores públicos que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento. La iniciativa obtuvo dictamen favorable por unanimidad en la Comisión de Trabajo y Legislación Social. Además, propone establecer límites claros a las retenciones que se aplican directamente sobre los salarios.
El texto, impulsado por el senador Sergio Berni (Fuerza Patria), establece que las cuotas derivadas de obligaciones financieras asumidas voluntariamente no podrán superar el 30% de la remuneración neta protegida. En consecuencia, se busca garantizar que los empleados públicos conserven al menos el 70% de sus ingresos disponibles para afrontar los gastos cotidianos. Además, el salario efectivo no podrá quedar por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la liquidación.
El dato más contundente que atravesó la discusión en comisión fue aportado por un senador opositor. El legislador del PRO y ex intendente de Junín, Pablo Petrecca, relató su experiencia: “Al ser empleador, en mi rol de intendente, me tocó ver cantidad de recibos de sueldos que terminaban cobrando de bolsillo $4,50 sin exagerar por la cantidad de descuentos”. Esa frase sintetizó, de manera brutal, el problema que la ley busca resolver.
Descuentos salariales estatales: cómo funcionaría el límite
El núcleo del proyecto es simple pero efectivo. En consecuencia, las retenciones correspondientes a deudas voluntarias no podrán superar el 30% de la remuneración neta protegida. La disposición alcanza a las obligaciones que se cobran directamente a través del sistema de códigos de descuento, utilizado por mutuales, cooperativas y entidades financieras que operan sobre los salarios de los agentes públicos.
Además, el proyecto establece una segunda protección. El ingreso efectivo del trabajador no podrá quedar por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de la liquidación. En consecuencia, deberán respetarse ambos parámetros al momento de aplicar los descuentos alcanzados por la norma.
Alerta preventiva al llegar al 20%
El texto también incorpora un mecanismo preventivo. Cuando los descuentos voluntarios alcancen el 20% de la remuneración neta protegida, el sistema bancario deberá emitir una alerta al trabajador. La comunicación tendrá como objetivo informar sobre el margen disponible antes de alcanzar el límite máximo permitido. En consecuencia, la herramienta busca intervenir antes de que las cuotas absorban una proporción mayor del ingreso mensual.
La propuesta retoma un límite que ya había sido contemplado mediante un decreto provincial de 2021. Sin embargo, busca incorporarlo a una regulación legal más amplia, con previsiones específicas para la prevención del sobreendeudamiento y la reorganización de obligaciones existentes.
El régimen de refinanciación de las deudas
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un Régimen Provincial de Reordenamiento Financiero para los trabajadores que acumularon múltiples deudas. El mecanismo será de adhesión voluntaria. Además, permitirá consolidar distintas obligaciones en una sola, ampliar los plazos de devolución y reducir las tasas de interés.
El objetivo es reemplazar las múltiples cuotas por un único pago mensual compatible con los ingresos del trabajador, sin desconocer las deudas contraídas. En consecuencia, la propuesta no establece una condonación general de los compromisos. Su finalidad es ofrecer una herramienta para reorganizar los pagos y disminuir el impacto mensual de las obligaciones sobre los haberes.
En paralelo, la propuesta incorpora mecanismos de regulación y control sobre mutuales, cooperativas y otras entidades que descuentan cuotas directamente de los salarios. Además, prevé herramientas gratuitas de educación financiera para que los trabajadores puedan conocer alternativas de financiamiento, administrar sus ingresos y prevenir nuevas situaciones de sobreendeudamiento.
Cómo se financiaría el nuevo esquema
El proyecto también establece una fuente específica de financiamiento. Según el esquema presentado, se contempla una tasa mensual del 1,5% por servicios administrativos sobre la masa de descuentos de cada beneficiario del sistema de códigos de descuento. De ese porcentaje, el 75% se destinaría a un fondo especial de protección del ingreso y reordenamiento financiero.
El mecanismo forma parte del diseño previsto para sostener administrativamente las herramientas de reorganización de obligaciones. Por otro lado, apunta a que la nueva estructura no dependa de partidas presupuestarias adicionales de la Provincia.
El contexto: morosidad récord y salarios planchados
El tratamiento del proyecto coincide con un aumento significativo de los problemas de cumplimiento crediticio registrados durante 2026. De acuerdo con datos del Banco Central, la irregularidad de los préstamos a familias otorgados por bancos y compañías financieras llegó al 12,9% en julio, uno de los niveles más elevados de las últimas dos décadas.
En la Provincia de Buenos Aires, el panorama es aún peor. Según relevamientos de la Central de Deudores del Banco Central y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante mayo el 17,8% de los créditos otorgados a familias bonaerenses registraba algún grado de irregularidad, por encima del promedio nacional del 15,3%. Además, cuando se incluían billeteras virtuales, fintech y otros proveedores no financieros, la proporción de personas endeudadas con algún nivel de incumplimiento ascendía al 28,5%.
El cuadro se combina con otro factor crítico para los trabajadores públicos: los salarios estatales planchados. La paritaria bonaerense cerró con un 6% en dos cuotas, aceptado por los gremios estatales y por cuatro de los cinco sindicatos docentes del frente mayoritario. Sin embargo, la propia inflación de septiembre llegó al 1,9% y la canasta básica superó los $1,6 millones para una familia tipo. En consecuencia, el salario real sigue perdiendo contra el costo de vida mes a mes.
La discusión política y el respaldo transversal
La iniciativa llegó al Senado bonaerense en agosto y permaneció en estudio desde comienzos de octubre para facilitar acuerdos entre el oficialismo y la oposición. El nuevo tratamiento permitió reunir el respaldo de los legisladores presentes de distintos bloques.
La reunión se desarrolló en el Salón Antonio Cafiero del Senado, bajo la presidencia de la senadora María Rosa Martínez (Fuerza Patria). Participaron además Fernando Coronel, Mónica Macha, Sabrina Bastida y Roxana López (Fuerza Patria), Sergio Vargas (Unión y Libertad), Analía Balaudo y Luciano Olivera (La Libertad Avanza) y Pablo Petrecca (PRO). Es decir, la iniciativa cosechó respaldo transversal de todo el arco político, un dato poco frecuente en la Legislatura bonaerense actual.
Al presentar la iniciativa en agosto, Berni había sostenido: “No podemos permitir que un trabajador cobre su sueldo y gran parte quede absorbida por deudas”. Además, agregó: “El salario tiene carácter alimentario y hay que protegerlo. Por eso proponemos un límite concreto: como mínimo, el 70% del ingreso debe quedar en manos del trabajador”.
El senador también cuestionó las situaciones en las que los empleados deben recurrir a una nueva financiación para afrontar obligaciones anteriores. “La respuesta no puede ser empujarlos a tomar un crédito usurario para pagar otro crédito”, sostuvo.
El impacto en La Plata
Para la capital bonaerense, el proyecto tiene impacto directo. La Plata concentra una masa enorme de empleo público: ministerios, direcciones generales, oficinas descentralizadas, escuelas, hospitales provinciales. Además, es sede de la Legislatura bonaerense y centro de las conducciones gremiales estatales. En consecuencia, cualquier norma que afecte los descuentos salariales estatales tiene un peso específico sobre miles de familias platenses.
El escenario local es particularmente delicado. Los sueldos estatales pierden contra la inflación, el comercio minorista platense viene registrando caídas sostenidas, el mercado inmobiliario encabeza la caída provincial y la mora en tarjetas y préstamos personales sigue creciendo. En ese contexto, un límite legal a las retenciones salariales puede funcionar como un alivio concreto para el consumo cotidiano de los hogares.
Diputados y el paquete de leyes sobre deudas familiares
El avance del proyecto de Berni no es un hecho aislado. Se enmarca en una agenda legislativa bonaerense más amplia sobre endeudamiento. El 29 de septiembre, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un paquete de cuatro iniciativas para regular diferentes aspectos del endeudamiento de los consumidores.
Entre esas propuestas aparece una, impulsada por el diputado Facundo Tignanelli junto al defensor del Pueblo Guido Lorenzino, que crea un régimen provincial para prevenir y tratar el sobreendeudamiento de los consumidores. El mecanismo contempla una instancia administrativa gratuita en la que la persona afectada podrá reunir a sus acreedores para intentar reorganizar sus obligaciones. Además, los acuerdos deberán respetar un límite del 30% de los ingresos netos mensuales destinado al pago de cuotas.
Las otras tres iniciativas regulan procedimientos judiciales específicos para consumidores en crisis, limitan las prácticas de cobranza extrajudicial e imponen obligaciones de información sobre tasas, costos financieros y condiciones de los préstamos. En consecuencia, el paquete completo configura un intento de la Legislatura bonaerense por responder al deterioro financiero de los hogares.
Qué viene
El proyecto obtuvo dictamen favorable en comisión, pero aún debe completar su recorrido legislativo. El expediente fue girado a otras comisiones y deberá atravesar las instancias de aprobación correspondientes antes de convertirse en ley. Por el momento, los estatales bonaerenses no pueden exigir automáticamente la aplicación del nuevo régimen basándose únicamente en el dictamen obtenido.
Sin embargo, el respaldo transversal con el que avanzó la propuesta despeja gran parte del camino. En paralelo, el paquete de leyes de Diputados sigue su recorrido en el Senado. En consecuencia, para fines de 2026 o principios de 2027, la Provincia de Buenos Aires podría tener uno de los marcos regulatorios más completos del país sobre protección del salario y refinanciación de deudas familiares.
Para los platenses, el eventual nuevo régimen significa algo concreto: la posibilidad de que los descuentos salariales estatales dejen de absorber el grueso del sueldo. Es decir, que el ingreso efectivamente cobrado en el banco se parezca mucho más al figurado en el recibo. Después de años de salarios atados a códigos de descuento, préstamos personales, mutuales y cooperativas, el límite del 30% puede ser una herramienta de alivio real.
