Según Carlos Bianco y Gabriel Katopodis, el Gobierno nacional usó apenas el 36% de los $402.000 millones recaudados entre 2024 y 2026 para obras hídricas. La denuncia apuntará a posibles delitos de malversación, incumplimiento de deberes y administración fraudulenta. La Provincia también cuestiona que Nación no la autorice a tomar financiamiento externo.
El gobierno de Axel Kicillof llevará a la Justicia su disputa con la Casa Rosada por las obras hidráulicas. La Provincia anunció que presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades en la ejecución del Fondo Hídrico, en un momento en que el fenómeno de El Niño mantiene en alerta a buena parte del territorio bonaerense.
El anuncio estuvo a cargo del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Según los datos que presentaron, entre 2024 y 2026 se recaudaron $402.000 millones con destino a ese fondo, pero el Gobierno nacional utilizó apenas el 36% para obras destinadas a reducir los efectos del fenómeno climático.
Qué denunciará la Provincia por el Fondo Hídrico
La presentación judicial buscará que se investiguen posibles delitos de malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta, entre otras figuras.
El argumento central es que los recursos del Fondo Hídrico tienen un destino específico: la infraestructura para prevenir inundaciones y mitigar los efectos de eventos climáticos extremos. Si el 36% informado por la Provincia es correcto, quedarían alrededor de $257.000 millones recaudados sin aplicar a esas obras.
La denuncia se suma a una larga lista de reclamos de la gestión bonaerense por la paralización de la obra pública nacional, que la Casa Rosada decidió interrumpir desde el inicio de la gestión de Milei.
El financiamiento externo, otro frente
La Provincia también cuestionó que el Gobierno nacional no la autorice a obtener financiamiento externo para encarar por su cuenta las obras necesarias. Para tomar deuda con organismos internacionales, las provincias necesitan el aval de la Nación, y la gestión de Kicillof sostiene que esa autorización se le viene negando.
El planteo apunta a una contradicción que el gobierno bonaerense viene marcando en distintos ámbitos: la Nación no ejecuta las obras y, al mismo tiempo, impide que la Provincia consiga los recursos para hacerlas. Kicillof lo resumió días atrás, en la cumbre del Consejo Federal de Inversiones, al afirmar que no hay soluciones provinciales para estrategias nacionales.
El Niño, la amenaza concreta
La denuncia llega en un contexto de alerta climática. El fenómeno de El Niño ya provoca crecidas del Paraná y del Uruguay, con evacuados e inundaciones en el Litoral, y los servicios meteorológicos advierten sobre lluvias intensas en la provincia de Buenos Aires durante los próximos meses.
En La Plata, la amenaza tiene un peso particular. La memoria de la inundación del 2 de abril de 2013 sigue presente en la ciudad, y las obras en las cuencas de los arroyos son consideradas clave para reducir el riesgo ante lluvias extremas. Cualquier demora en la infraestructura hídrica se vive con especial preocupación en la región.
Katopodis, en primer plano
El anuncio tuvo como protagonista a Katopodis, responsable del área de obra pública bonaerense y uno de los dirigentes que blanqueó en los últimos días su intención de suceder a Kicillof. La denuncia le da visibilidad en un tema sensible y concreto, que conecta la gestión con la vida cotidiana de los bonaerenses.
Bianco, por su parte, encabezó el mismo día otro frente de confrontación con la Casa Rosada: acusó al Gobierno nacional de impulsar la eliminación de las PASO para evitar que la oposición se organice de cara a 2027.
Un conflicto que escala a la Justicia
La decisión de recurrir a la vía penal marca un salto en la disputa entre la Provincia y la Nación. Hasta ahora, los reclamos por fondos y obras se habían canalizado por la vía política y administrativa. Con esta denuncia, el gobierno bonaerense busca que un juez determine si hubo irregularidades en el manejo de recursos con destino específico.
Del lado nacional, todavía no hubo una respuesta oficial. El Gobierno de Milei ha defendido la paralización de la obra pública como parte de su programa de equilibrio fiscal y sostiene que las provincias deben hacerse cargo de su infraestructura.
Un tema de agenda
La presentación judicial deberá ser analizada por la Justicia federal, que definirá si abre una investigación. En paralelo, la Provincia buscará instalar el tema en la agenda pública, especialmente si las lluvias de los próximos meses provocan daños en zonas donde las obras están pendientes.
Para la Casa Rosada, la denuncia abre un nuevo flanco en una relación con la Provincia que ya atraviesa múltiples conflictos: la coparticipación, el financiamiento universitario, la VTV y la reforma electoral. Para Kicillof, en cambio, es una forma de trasladar la discusión sobre la obra pública a un terreno donde el costo de la inacción puede volverse visible.
