El gobierno bonaerense presentó una denuncia penal contra Milei y Caputo por el presunto desvío de recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. El conflicto tiene impacto directo en la región: la planta de tratamiento cloacal para La Plata, Berisso y Ensenada —una obra de US$270 millones— sigue paralizada. El caso ya tiene expediente judicial en La Plata.
Los fondos hídricos llegaron a la Justicia federal
Los fondos hídricos nacionales llegaron a los tribunales. La Provincia presentó una denuncia penal contra el presidente y el ministro de Economía por el presunto manejo irregular del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Así, el conflicto entre Buenos Aires y la Casa Rosada abrió un nuevo frente: el judicial.
La presentación se sostiene en números concretos. Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el fondo recaudó $375.422 millones. De ese total, solo $115.990 millones se destinaron al pago de obras.
La diferencia —$259.431 millones— no se aplicó al fin previsto durante ese período. Según la denuncia, una parte sustancial de esos recursos se colocó en Letras del Tesoro.
Los fondos hídricos y una obra paralizada para el Gran La Plata
En la región, el impacto de esa política tiene nombre y monto. La obra de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada está frenada. El proyecto requiere una inversión de US$270 millones y depende de financiamiento internacional.
Para acceder a ese crédito, la Provincia necesita el aval del Estado nacional. Sin embargo, en julio de 2026, Nación formalizó el rechazo. El Ministerio de Economía comunicó ante el Juzgado Federal N°4 de La Plata que no autorizaría esa garantía.
Desde el gobierno bonaerense cuestionaron esa decisión. Señalaron que otras provincias sí recibieron autorizaciones para tomar créditos internacionales. Así, la negativa quedó planteada como un trato diferencial hacia Buenos Aires.
Un problema ambiental activo
La obra paralizada no es solo una deuda de infraestructura. Los líquidos cloacales de la región llegan sin tratamiento al arroyo El Gato y al Río Santiago. Finalmente, desembocan en el Río de la Plata.
Asimismo, el proyecto beneficiaría a más de un millón de personas en los tres distritos. La infraestructura contempla una planta de tratamiento primario avanzado en Berisso, un emisario subterráneo, un emisario subfluvial y un difusor. En ese marco, la paralización implica que esa contaminación continúa sin solución.
Por otra parte, el caso ya tiene estado judicial. El Juzgado Federal N°4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Recondo, interviene en un expediente por la contaminación de la cuenca. Allí, la Provincia presentó su proyecto y argumentó que la falta del aval nacional le impide ejecutarlo.
La denuncia penal como escalada política
Sin embargo, la presentación distingue dos planos. Denuncia el presunto desvío de recursos del fondo hacia instrumentos financieros del Tesoro. También señala la negativa al aval para la planta cloacal del Gran La Plata, aunque aclara que ese rechazo no constituye por sí mismo la conducta penal denunciada.
De todos modos, la lectura política del movimiento es clara. La Provincia lleva su disputa con Nación a los tribunales federales en un momento de alta tensión. Así, la presentación pide que la Justicia investigue el destino del dinero y preserve documentos, movimientos bancarios e instrucciones de inversión.
Por último, la denuncia no implica que los delitos estén probados. Tampoco existe una resolución judicial que establezca responsabilidades. Aun así, el movimiento marca una nueva etapa en el conflicto por los recursos de infraestructura hídrica entre la Provincia y el gobierno nacional.
