Hay un número que resume mejor que cualquier análisis el tono del último informe del Fondo Monetario Internacional sobre Argentina: la palabra «corrupción» aparece 16 veces en las 136 páginas del documento. No es un detalle menor.
Es la primera vez, desde que Argentina volvió a endeudarse con el organismo en 2018, que el Fondo se expresa en esos términos. Y lo hace mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acumula denuncias por enriquecimiento ilícito y todavía no presentó su declaración jurada patrimonial.
Un documento que no tiene precedente
El FMI aprobó esta semana el desembolso de 1.050 millones de dólares correspondiente a la segunda revisión del Artículo IV. El dinero llegó a pesar de que el gobierno de Javier Milei volvió a incumplir la meta de reservas del Banco Central. Pero el documento técnico que acompañó esa decisión no fue una formalidad: incluyó, en el Box 9, una evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción que ningún gobierno anterior recibió con ese nivel de dureza.
Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional. El FMI lo cita, y agrega que «la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos». Después va por los mecanismos concretos: «Los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual.» Y remata con el poder judicial: «La percepción de independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación.»
Lo que nunca dijeron de Macri ni del kirchnerismo
El contraste histórico es contundente. En 2022, con Alberto Fernández en el poder y Sergio Massa negociando con el Fondo, el organismo destacó «fuertes esfuerzos para mejorar la gobernanza, integridad financiera y marcos de transparencia». Ni Guzmán, ni Batakis, ni Massa, ni los ministros de Macri recibieron este tipo de señalamiento en los documentos oficiales del organismo.
Fuentes con experiencia directa en el trato con el Fondo fueron explícitas con Perfil: «Lo que escribieron ahora no pasó nunca. En nuestras etapas no se mencionó de esta manera porque la transparencia no estaba en dudas.» Y añadieron el trasfondo político de la medida: «Está en juego la reputación del FMI, que quedó golpeada después del préstamo del período de Macri.» La lectura es que los países miembros del organismo no quieren quedar «pegados» al salvataje a Milei, que se originó por instrucción política de Donald Trump.
El caso Adorni como epicentro
El vocero presidencial y jefe de Gabinete lleva semanas en el centro de una tormenta política. Se le descubrieron inmuebles que no figuraban en sus declaraciones patrimoniales anteriores. Hay denuncias por enriquecimiento ilícito en trámite judicial. Y Adorni no solo no dio explicaciones sino que se negó a hablar del tema para, según él, «no obstruir el trabajo de la Justicia».
El plazo para presentar las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción vencía el 30 de mayo. El Ejecutivo lo prorrogó hasta el 31 de julio. Dos meses más de margen para el funcionario más expuesto del gabinete. El FMI, como señaló Perfil, «por lo que se deduce del documento, no está de acuerdo».
Morosidad y fintech: las otras alertas
El informe también encendió señales de alarma sobre el sistema financiero. La morosidad de los hogares llegó al 11,5% en marzo de 2026, un salto de más de 8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025. El Fondo pide mayor supervisión del sector fintech, donde la mora es «muy elevada», y advierte sobre «la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo». Son datos que el gobierno no difunde con el mismo énfasis con el que celebra la baja del riesgo país.
El dinero del FMI llegó. Pero llegó con un texto que, a diferencia de lo que ocurrió en todas las administraciones anteriores, nombra el problema por su nombre: dieciséis veces.
