El intendente platense cruzó duro a quienes incendiaron el Palacio Municipal el viernes pasado y vinculó la protesta con la pérdida de privilegios en el manejo de cooperativas que, según su gestión, generaban un agujero de 50 millones de pesos mensuales para las arcas municipales.
Julio Alak salió a marcar la cancha tras los incidentes que dejaron al Palacio Municipal con destrozos por más de 43 millones de pesos. En diálogo con El Día, el intendente fue contundente: los grupos que protagonizaron el ataque del viernes «no son políticos, son bandas para-políticas» que buscan sostener un esquema de cobro de sueldos sin contraprestación de trabajo real.
El trasfondo del conflicto
La chispa que encendió la protesta tiene nombre y apellido: el nuevo sistema de licitación pública que el municipio empezará a aplicar desde el 1° de agosto. La medida obliga a las cooperativas de servicios (barrido, zanjeo, corte de césped) a competir por precio, terminando con un esquema que, según el propio Alak, permitía a una de estas entidades facturar 90 millones de pesos mensuales sin poder justificar más de 30 o 40 millones en gastos reales.
Esa diferencia —no menos de 50 millones de pesos por mes— es la que la gestión libertaria-PRO busca cerrar de cara a 2027, en momentos en que la City Bell, Tolosa, Los Hornos y el resto del Gran La Plata reclaman más obras de pavimentación e infraestructura.
Quienes encabezaron la manifestación del viernes, según el Intendente, fueron integrantes de movimientos de trabajadores excluidos (MTE) que se negaron a sumarse al nuevo esquema competitivo.
“Trajeron gomas para incendiar»: la versión municipal de los hechos
Alak no dejó dudas sobre cómo interpreta lo ocurrido: habla de un ataque «planificado y organizado». Según su relato, los manifestantes trasladaron gomas desde distintos puntos de la ciudad para quemarlas frente al Palacio, además de arrojar piedras y jabalinas. El saldo: seis policías heridos, entre ellos el jefe de la Policía Departamental y la comisaria de la Seccional Primera.
El municipio ya hizo la denuncia penal correspondiente y la Justicia platense trabaja para identificar a los responsables, tanto materiales como intelectuales del hecho.
Ñoquis, fallecidos cobrando sueldo y un cooperativista que vivía en Río Negro
La lista de irregularidades que enumeró Alak no es nueva, pero la repasó con nombres concretos: personas fallecidas que figuraban como contratadas, gente que vivía fuera de La Plata, un cooperativista que al mismo tiempo era funcionario del gobierno de Río Negro, y beneficiarios con autos 0km o varias propiedades a su nombre.
El dato que sostiene el diagnóstico viene de un estudio de la UNLP: las tareas que hoy realizan unas 5.000 personas en las cooperativas podrían cubrirse con apenas 1.700 agentes.
El nuevo esquema: 20 delegaciones y la UTN como auditora
Con la licitación que se adjudicará a fines de julio, la Comuna proyecta pasar de un gasto mensual de 5.000 millones de pesos a 2.500 millones, con el ahorro destinado —promete Alak— a obras de pavimentación en los barrios. La ciudad quedará dividida en 20 unidades territoriales, cada una con una cooperativa asignada, mientras que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) controlará calle por calle si el trabajo se ejecuta.
El intendente también prometió que quienes sigan en el sistema cobrarán «el doble» de lo que percibían hasta ahora, acorde al salario mínimo vital y móvil.
La herencia que Alak sigue facturando
No es la primera vez que el intendente apela al pasado. Volvió a repasar que la planta municipal pasó de 3.900 empleados en 2007 a 12.562 personas cobrando sueldo, de las cuales —tras la implementación de controles biométricos— unas 8.000 no se presentaban a trabajar. También mencionó 227 casos de empleados municipales con antecedentes por delitos graves, incluyendo homicidios y abuso infantil, y la situación de los restos hallados en el cementerio local, que según el informe oficial superaban los 13.500.
Fuente: El Día
