El ministro de Producción bonaerense salió a respaldar la medida con datos concretos: más de 2.400 denuncias en cuatro meses y una multa potencial de $1.815 millones si la empresa no elimina las cláusulas que la Provincia considera ilegales.
El gobierno de Axel Kicillof le declaró la guerra a la letra chica de Mercado Libre. Y este viernes salió a explicar por qué.
Augusto Costa, ministro de Producción bonaerense y uno de los funcionarios más cercanos al gobernador, detalló que Mercado Libre recibió más de 2.400 denuncias de consumidores en el primer cuatrimestre del año, por problemas con devoluciones de productos, cláusulas abusivas, fraudes y estafas, incluyendo casos en los que a usuarios se les imputaron operaciones que no habían realizado.
Los números son el respaldo formal de una medida que tiene, además, un evidente trasfondo político.
La letra chica que nadie lee
Costa explicó que la Provincia se puso a analizar de oficio el sistema de términos y condiciones que establece la plataforma cuando uno descarga la aplicación y se suscribe a sus servicios: «Eso que nadie mira».
Lo que encontraron, según el ministro, es una serie de cláusulas que violan la Ley de Defensa del Consumidor. Tres puntos concentran el cuestionamiento:
Primero, que al aceptar los términos, el usuario consiente que le pueden cobrar tarifas «en algunos casos», sin saber de antemano cuánto va a pagar — algo que la ley prohíbe expresamente en cualquier transacción de consumo.
Segundo, que la empresa se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones las veces que quiera, y considera que si el consumidor sigue usando la plataforma, está aceptando esos cambios automáticamente.
Tercero, que en caso de hackeo de cuenta, la responsabilidad recae sobre el usuario — cuando debería ser la plataforma quien garantice la seguridad. Y además, la empresa se atribuye la capacidad de retener o debitar dinero de los ingresos del usuario para cobrarse alguna deuda.
«Eso no se puede», resumió Costa.
La multa y la intimación
El gobierno bonaerense intimó el miércoles último a Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperín, con una multa potencial de $1.815 millones si no elimina las cláusulas consideradas abusivas. La actuación fue iniciada de oficio por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, que revisó los contratos de adhesión y términos de uso publicados en la plataforma.
Desde la compañía rechazaron las acusaciones y defendieron el funcionamiento de su sitio. No es una sorpresa: Galperín lleva años cruzándose públicamente con el kirchnerismo en redes sociales, y la tensión entre el fundador de Mercado Libre y el peronismo bonaerense es de larga data.
“Por supuesto que no hay motivación política»
La pregunta inevitable le llegó a Costa durante una entrevista en radio Futurock: ¿hay motivación política detrás de la medida, dado el historial de críticas de Galperín al kirchnerismo?
La respuesta del ministro fue escueta: «Por supuesto que no».
Y para sostenerla, apeló a los antecedentes: el año pasado, la Provincia también intimó a Netflix por cláusulas abusivas, la empresa las reconoció como incorrectas y las modificó. Costa señaló que puede nombrar diez casos de empresas de distintos rubros donde la Provincia actuó de la misma manera.
«Las formas y provocaciones de Galperín no cambian para nada la voluntad de trabajar con cualquier empresa en la provincia de Buenos Aires», cerró Costa.
El argumento tiene lógica procedimental. Pero el timing — una intimación millonaria a la empresa del empresario más crítico del kirchnerismo, en pleno año electoral — difícilmente pase desapercibido.
El impacto en La Plata y la región
Mercado Libre es la plataforma de e-commerce dominante en la Argentina y también en el Gran La Plata. Miles de vecinos del distrito la usan a diario para comprar, vender y cobrar a través de Mercado Pago. Costa fue explícito sobre esa asimetría estructural: «Las relaciones son desiguales y la parte más fuerte siempre tiene las de ganar».
Si la intimación prospera y la empresa modifica sus términos, el efecto práctico sería concreto para cualquier usuario bonaerense: más claridad sobre qué se cobra, más protección ante fraudes y menos margen para que la plataforma cambie las reglas de manera unilateral.
Si no prospera, el gobierno de Kicillof habrá dado una señal política de cara a las elecciones sin costo económico inmediato — y con Galperín como antagonista ideal para el relato.
¿Qué puede pasar?
El plazo que fijó la Provincia para que Mercado Libre elimine las cláusulas cuestionadas determinará el próximo movimiento. Si la empresa no cumple, la multa de $1.815 millones podría ejecutarse — aunque una compañía de ese tamaño tiene recursos legales para impugnarla y dilatar el proceso en la Justicia durante meses.
Lo que es seguro es que la pelea entre el gobierno bonaerense y Galperín recién empieza. Y que, con o sin multa, la letra chica que nadie leía ya está en el centro del debate.
