Seis meses después de sancionada la Ley de Inocencia Fiscal y con un nivel de adhesión que el propio Ministerio de Economía reconoce como casi nulo, el gobierno de Javier Milei presentó el miércoles un proyecto para reformarla.
El objetivo es el mismo que tenía la norma original: convencer a los argentinos de sacar de debajo del colchón los dólares que nunca declararon e ingresarlos al sistema financiero sin pagar penalidades. El número que usa el Banco Central para describir la magnitud del desafío es US$170.000 millones, más de cuatro veces los depósitos en dólares que hoy están efectivamente dentro de los bancos.
«Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio porque pierden valor», dijo Luis Caputo en una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, en la que estuvo acompañado por la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, María Ibarzabal, y tres tributaristas privados que tomaron la mayoría de las preguntas en su lugar. La reforma llegará al Congreso esta semana; el oficialismo espera que Diputados la trate en agosto, tras el receso invernal.
Por qué la primera ley no funcionó
El Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal el 27 de diciembre de 2025. Entró en vigor a principios de febrero. Sin embargo, prácticamente no hubo adherentes. Los especialistas tributarios que asesoraban a grandes patrimonios señalaron desde el inicio que el régimen, aunque prometía blindar a los contribuyentes frente al fisco, no resolvía los controles que impone la normativa antilavado.
Un banco puede exigir documentación sobre el origen de los fondos independientemente de lo que diga la ley tributaria. Un escribano también. Cualquier operación considerada sospechosa sigue activa en los mecanismos de reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF), que en paralelo endureció sus exigencias. El problema estructural es que Argentina está sujeta a evaluaciones periódicas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que limita el margen del gobierno para relajar controles antilavado sin consecuencias para el acceso al sistema financiero global.
La reforma que se presenta ahora corrige varios problemas del régimen original. Pero deja intacta esa contradicción central.
Los cambios del proyecto
El principal cambio es la eliminación de los topes que habían dejado afuera a los grandes patrimonios. La ley vigente exigía que los ingresos no superaran los $1.000 millones anuales ni el patrimonio los $10.000 millones. Con la reforma, el régimen se abre a todas las personas humanas y sucesiones indivisas. Los Grandes Contribuyentes de ARCA podrán adherirse, pero sin acceder a la presunción de exactitud ni a los beneficios liberatorios disponibles para el resto.
También cambia la lógica del fisco para cuestionar declaraciones. ARCA solo podrá apartarse de la presunción de exactitud cuando detecte diferencias superiores al 15% y, además, el monto observado supere los $5 millones, el umbral previsto por la Ley Penal Tributaria. Un cambio importante invierte la carga probatoria: el organismo ya no podrá basar sus observaciones en presunciones propias, sino únicamente en información declarada por el contribuyente o aportada por terceros.
Otra novedad es la posibilidad de rectificar una declaración y pagar la diferencia dentro de los 15 días hábiles de una notificación sin perder los beneficios del régimen. Y, si una impugnación es revocada judicialmente, ARCA deberá devolver lo pagado con intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles. Finalmente, el proyecto fija un plazo de vencimiento: el régimen podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027.
La sombra de Adorni y el «blindaje anti-K»
El relanzamiento tiene una dimensión política que la conferencia de Caputo esquivó pero que los medios especializados pusieron en primer plano. A diferencia de los blanqueos tradicionales, la Ley de Inocencia Fiscal nunca prohibió el ingreso de personas políticamente expuestas. Y efectivamente, varios funcionarios y ex funcionarios de La Libertad Avanza ya se habían acogido al régimen: el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni (investigado judicialmente por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública), el ex diputado José Luis Espert, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, Juan Pazo (el ex titular de ARCA que impulsó la ley) y Andrés Vázquez, actual jefe de ARCA e investigado por propiedades sin declarar en el exterior.
Cuando los tributaristas presentes confirmaron que los funcionarios públicos no quedan exceptuados del régimen, aclararon que «para fiscalizarlos existen otras normativas». Esa respuesta fue notada: los ministros nacionales aún no presentaron sus declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2025 ante la Oficina Anticorrupción.
Desde Letra P, Lorena Hak describió el espíritu político de la reforma como un «blindaje anti-K»: garantizar que quienes regularicen sus ahorros no puedan ser perseguidos si en el futuro asume un gobierno diferente. «Queremos que los ciudadanos se queden tranquilos de que, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, no va a cambiar la situación», dijo Caputo. «Si meten esta presión es porque están muy urgidos», deslizó una fuente al tanto de las discusiones.
Una economía que no levanta
El timing no es casual. El mismo día en que Caputo anunció la reforma, el INDEC publicó que el Estimador Mensual de Actividad Económica cayó 0,5% desestacionalizado en mayo, el segundo retroceso mensual consecutivo. En términos interanuales, la economía creció apenas 0,2%. La consultora LCG describió la dinámica como «serrucho con sesgo descendente» y advirtió que el nivel de actividad se ubica 1,5% por debajo de diciembre de 2025. Sectores como la industria y el comercio siguen en caída; el crecimiento se sostiene casi exclusivamente en el agro, la minería y la intermediación financiera.
Con depósitos bancarios en dólares en torno a los US$40.000 millones, el equipo económico apuesta a que los fondos no declarados fluyan como una nueva fuente de crédito e inversión sin recurrir a suba de impuestos ni nuevo endeudamiento. La pregunta que la reforma todavía no puede responder es cuántos de esos US$170.000 millones están dispuestos a moverse, y cuántos seguirán bajo el colchón mientras los controles antilavado permanezcan intactos.
En agosto, La Libertad Avanza comenzará a negociar con UCR, PRO, Innovación Federal y bloques provinciales para sumar las 34 bancas que le faltan para alcanzar el quórum de 129 diputados. La oposición kirchnerista ya anticipó que pedirá excluir a funcionarios públicos y sus familiares del régimen simplificado.
