La crisis de IOMA tiene un termómetro concreto: los afiliados de la obra social del Estado provincial se están yendo a la Justicia para conseguir medicamentos y tratamientos que el organismo debería garantizar. La avalancha de amparos judiciales es el dato más elocuente de un colapso que la oposición bonaerense ya no está dispuesta a dejar pasar en silencio.
En la Cámara de Diputados de la Provincia, los bloques opositores se unieron y presentaron un pedido de sesión especial para debatir la situación. La iniciativa fue impulsada por el PRO y se sumaron UCR-Cambio Federal, La Libertad Avanza, Unión y Libertad y Coalición Cívica. Firmaron, entre otros, Alejandro Rabinovich, Diego Garciarena, Alejandra Lordén, Agustín Romo, Martín Rozas y Andrés De Leo. En total reúne 47 firmas, suficientes para habilitarla. El presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, tiene 10 días para convocar. No acompañaron el peronismo, el Frente de Izquierda ni Nuevos Aires.
El centro del reclamo es la interpelación al titular de IOMA, Homero Giles. Los diputados opositores apuntan a dos problemas que se retroalimentan. Por un lado, las fallas sistemáticas en las prestaciones que afectan a los afiliados. Por otro lado, los atrasos en los pagos a prestadores, que comprometen la atención y empujan a clínicas y profesionales a reducir o directamente abandonar la cobertura. En ese contexto, los afiliados que pueden pagar un abogado recurren al amparo judicial. Los que no pueden, quedan sin atención.
«Millones de bonaerenses manifiestan sentirse abandonados por una obra social cuya finalidad es garantizar el acceso efectivo a la salud», señalaron los legisladores en el texto. No es retórica opositora: cuando el sistema funciona, los afiliados no necesitan ir a la Justicia para conseguir lo que ya pagaron. El crecimiento de los amparos es, en ese sentido, la medida más precisa del nivel de deterioro.
La jugada opositora tiene también un componente político. Al forzar una sesión especial sobre IOMA, la oposición obliga al peronismo a posicionarse públicamente: o da explicaciones sobre el estado de la obra social o bloquea el debate y asume el costo de esa decisión. Hasta ahora, el bloque oficialista no acompañó el pedido. Dichiara, que responde al peronismo, tiene en sus manos la convocatoria. Los plazos reglamentarios corren.
