Tres trabajadoras de IOMA rompieron el silencio y contaron en detalle las situaciones de acoso laboral, violencia institucional y discriminación que aseguran haber sufrido por parte de Víctor Casanovas, director regional de la obra social en Dolores.
Las denuncias, que ya fueron presentadas ante la Justicia Contenciosa Administrativa, describen un escenario de maltrato psicológico, hostigamiento y uso político de la institución desde su llegada a la Región XIV en febrero de 2024.
Un clima de tensión desde su llegada
Casanovas, concejal de Unión por la Patria en Dolores y ex titular del ANSES local, asumió el cargo tras el recambio de autoridades a fines de 2023. Según las denunciantes, desde entonces se volvió habitual el trato hostil hacia el personal, en especial hacia las mujeres, en las 14 delegaciones que integran la región y que atienden a unos 60 mil afiliados.
Las tres empleadas —Viviana Moyano (Dolores), Araceli González (Tordillo) y Johana Ramírez (Lavalle)— relataron que no se conocían entre sí hasta que coincidieron en el comité interdisciplinario de IOMA, donde descubrieron que compartían experiencias de maltrato y abuso de poder.
“Nos arruinó la vida”
Moyano, con más de 20 años en la obra social, denunció que Casanovas utilizaba su clave del sistema para horas extras y caja chica sin su autorización, además de lanzar amenazas y comentarios inapropiados: “Todos los días decía cosas sobre mi aspecto, me tocaba el pelo y la espalda, me mandaba mensajes fuera de horario”.
La situación derivó en represalias: aislamiento laboral, degradación de su cargo y una reducción salarial de alrededor de 700 mil pesos mensuales. “Me enfermé por su culpa, estoy medicada para dormir. Nos quiso comprar a través de un abogado para que retiráramos la denuncia”, afirmó.
Amenazas por opiniones políticas
Araceli González relató que fue presionada para dejar de publicar opiniones políticas en redes sociales. Según su testimonio, Casanovas le advirtió que “dejara de hablar” y justificó el apriete diciendo que había sido enviado por autoridades locales y gremiales. Poco después, fue desplazada de su cargo mientras estaba de vacaciones.
Tras su reincorporación, fue interrogada por sus publicaciones y finalmente diagnosticada con violencia de género por el equipo interdisciplinario del IOMA, que le otorgó licencia médica. “Todo este estrés aceleró un tratamiento precancerígeno. Lo único que pido es justicia”, señaló.
Acusaciones de uso político de la delegación
Desde Lavalle, Johana Ramírez denunció que la sede fue copada por militantes de La Cámpora que usaban las instalaciones para actividades políticas y accedían sin autorización a claves y caja chica. Sostuvo que fue hostigada para perjudicarla frente a sus compañeros y que su oficina fue revisada por una supuesta delegada que, según afirma, ni siquiera estaba formalmente designada.
Ramírez aseguró que las autoridades provinciales intentan forzar el alta médica a las denunciantes para justificar despidos. “En cada sede hay alguien que decide a quién poner y a quién sacar. La Cámpora en IOMA es una mafia y Homero Giles es el líder”, expresó.
Repercusiones políticas y provinciales
Las acusaciones se suman a un clima de creciente descontento con la gestión del presidente de IOMA, Homero Giles, cuestionado por afiliados de toda la provincia por demoras y falencias en las prestaciones. En La Plata, donde se centralizan las decisiones de la obra social, el caso también despierta inquietud, ya que vuelve a poner en debate el manejo político de una institución clave para miles de bonaerenses.
