Con tal de asegurar un nuevo desembolso por 20.000 millones de dólares, el presidente Javier Milei selló con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un paquete de reformas que apuntan directo al corazón del gasto público argentino.
El acuerdo, que profundiza la hoja de ruta del ajuste fiscal, prevé una reestructuración del sistema previsional, la eliminación de subsidios a las tarifas energéticas, una reforma impositiva regresiva y un recorte del gasto estatal a niveles de principios de siglo. La situación no solo afecta al bolsillo de millones de argentinos, sino que también compromete las arcas provinciales, generando tensión con los gobernadores.
En su más reciente informe, el FMI reconoció que la deuda asumida por la Argentina bajo este nuevo entendimiento es virtualmente impagable. Aún así, el Gobierno se comprometió a avanzar con las reformas exigidas, muchas de las cuales comenzarán a aplicarse en 2026, aunque algunas ya están en marcha.
Ajuste previsional: más recortes y menos derechos
Uno de los ejes centrales del nuevo acuerdo con el Fondo es el sistema jubilatorio. Milei ya modificó por decreto la fórmula de movilidad, pero para el organismo eso no alcanza. El Staff Report exige una reforma integral que armonice aportes y beneficios, recorte el gasto previsional y eleve la edad jubilatoria. El objetivo explícito es garantizar la “sostenibilidad fiscal”, lo que en términos concretos implica menos ingresos para los jubilados y más obstáculos para acceder a una jubilación digna.
En ciudades como La Plata, donde el sistema previsional sostiene a una importante porción de la población adulta mayor y jubilados docentes, los cambios podrían tener un fuerte impacto en la economía local.
Fin de los subsidios y segmentación tarifaria
El acuerdo también pone fin al actual esquema de subsidios a la energía. A partir de noviembre, el Gobierno deberá presentar un nuevo sistema que reemplace la segmentación por ingresos y zonas geográficas por un esquema único de subsidio focalizado. En otras palabras, se espera una suba generalizada de tarifas para todos los sectores, excepto los de ingresos más bajos, aunque todavía no está claro cómo se definirá ese universo.
En el caso de los hogares platenses, donde el aumento del gas y la electricidad ya viene generando malestar, esta medida podría agudizar aún más las dificultades económicas cotidianas.
Reforma fiscal: menos recursos para las provincias
Otro de los puntos clave del acuerdo es la llamada “racionalización fiscal”. El FMI reclama la eliminación de “impuestos distorsivos” como los derechos de exportación y el impuesto a los Ingresos Brutos, una fuente clave de financiamiento para las provincias. Esta medida, de concretarse, dejaría a distritos como Buenos Aires –y particularmente a municipios como La Plata– con menos recursos propios para afrontar gastos básicos en salud, educación y obras públicas.
El nuevo compromiso fiscal también exige llevar el gasto del Estado nacional a niveles previos a 2005, es decir, al período posterior a la crisis de la convertibilidad, cuando el país vivía una profunda recesión y el Estado apenas podía garantizar servicios mínimos.
Un superávit a cualquier costo
El FMI celebró que Argentina haya alcanzado su primer superávit fiscal en más de dos décadas. Sin embargo, en su propio documento reconoce que para sostenerlo será necesario seguir ajustando jubilaciones, salarios públicos, subsidios y transferencias a las provincias. Una hoja de ruta que, lejos de proyectar estabilidad, amenaza con profundizar la recesión y agravar la desigualdad social.
Dudas dentro del propio Fondo
El nuevo acuerdo generó ruido incluso dentro del FMI. Según trascendió, Ceyla Pazarbasioglu, directora del Departamento de Estrategia y Políticas del organismo, se negó a firmar la aprobación del préstamo. En su lugar lo hicieron dos funcionarios de menor jerarquía, lo que da cuenta de las diferencias internas sobre el riesgo de seguir financiando a la Argentina en estas condiciones.
El documento oficial no lo oculta: para 2026, la exposición del Fondo en Argentina representará el 1.352 % de la cuota del país, el mayor nivel jamás registrado en la historia del organismo.
