Jueves 11 de junio de 2026
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El acuerdo universitario desactivó el paro pero encendió la bronca: «La dirigencia no estuvo a la altura»

CONADU firmó un aumento del 24,33% y ADULP lo aprobó por apenas 7 votos de diferencia. En las bases crecen las desafiliaciones y el malestar: la sensación es que el Gobierno negoció desde la debilidad y los gremios no lo vieron.

El paro universitario del 16 al 20 de junio no va a ocurrir. CONADU firmó un acuerdo salarial con el Gobierno nacional y el Frente Sindical Universitario resolvió suspender la huelga. En la UNLP, ADULP lo aprobó en votación ajustadísima: apenas 7 votos de diferencia. Desde entonces, en los grupos docentes el clima no es de celebración. Es de bronca.

«Lo más patético es que lo presentan como un logro arrancado al gobierno. ¿Viven en Narnia?», escribió una docente en el grupo de ADULP FDA horas después de conocerse el acuerdo. «El gobierno sacó de la galera esa oferta cuando se cayó su movida para evitar que fallen jueces que no podían ser juez y parte por ser docentes universitarios. Es obvio que ofrece esta porquería porque tiene todas las de perder. Nuestras dirigencias no estuvieron a la altura de las circunstancias.»

El mensaje, ampliamente compartido y aplaudido en las redes gremiales, resume lo que buena parte de la base docente platense siente: que se negoció en el momento equivocado, contra un Gobierno que estaba en posición débil, y que se dejó ir una oportunidad histórica de forzar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Qué incluye el acuerdo

El entendimiento fue firmado entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones gremiales CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, UDA y FATUN. La recomposición total es del 24,33%: un 21,33% sobre los básicos de mayo, que impacta en el cobro de junio y en el aguinaldo, más un 3% adicional en octubre.

El acuerdo incorpora también paritarias trimestrales obligatorias durante lo que resta del año, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento universitario desde junio, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Las becas Progresar, en cambio, quedaron fuera del entendimiento.

7 votos y la fractura en ADULP

En La Plata, ADULP fue el primer gremio de base en votar. Y lo hizo por un margen mínimo: 7 votos de diferencia. No es un dato menor. En una organización que movilizó durante meses a miles de docentes, marchó, paró y dio clases públicas frente a Tribunales, esa diferencia refleja una conducción dividida y una base que no confía en el resultado.

Desde entonces, en el gremio se reportan desafiliaciones. Docentes que durante el conflicto participaron activamente ahora cortan el vínculo institucional como señal de rechazo a la decisión. La fractura no es solo numérica: es política. La pregunta que circula en los pasillos de las facultades y en los grupos de WhatsApp es una sola: ¿por qué ahora?

El argumento de la base: el gobierno cedió porque no tenía opción

La explicación que se repite entre los docentes más críticos apunta a un dato de coyuntura política. En las semanas previas al acuerdo, el Gobierno intentó evitar que jueces que también son docentes universitarios pudieran intervenir en la causa por la Ley de Financiamiento. La maniobra fracasó. Según esta lectura, la oferta salarial llegó precisamente después de ese tropiezo: el Ejecutivo habría ofrecido la paritaria para descomprimir el frente universitario en un momento en que la Corte Suprema podía fallarle en contra.

Si eso es así, la base docente tiene razón en señalar que la conducción gremial aceptó en el peor momento para hacerlo —el mejor para las universidades—, y que el 24,33% es una recomposición que no alcanza a compensar lo perdido.

Lo que quedó pendiente

El dato que los propios gremios reconocen es que el acuerdo es «un primer paso», no un cierre. La demanda judicial por la Ley de Financiamiento Universitario continúa activa en la Corte Suprema. El tribunal no tiene plazo para pronunciarse. El Ejecutivo sigue sosteniendo que la ley no identifica la fuente de los recursos para su aplicación.

Mientras tanto, el daño acumulado en el sistema es visible: más de 30 días de actividad académica perdidos en el primer cuatrimestre, cerca de 10.000 docentes que abandonaron sus cargos en universidades nacionales desde que comenzó el conflicto, y una pérdida de poder adquisitivo que supera el 45% desde diciembre de 2023. El 24,33% no repone ese terreno.

El plan de lucha de CONADU queda formalmente «en suspenso», con la advertencia de que podría retomarse si el Gobierno incumple lo pactado. La próxima paritaria universitaria está prevista para comienzos de julio. En la UNLP, el conflicto tiene pausa. La bronca, no.

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